El encargado del edificio donde vivió el matrimonio Kirchner en Recoleta, Julio César Silva, desmintió haber visto bolsos y valijas en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ingresaba para ir al departamento de su jefe en el quinto piso. Casi de inmediato admitió que pudo cometer un delito cuando firmó sin estar de acuerdo una declaración en 2018, donde quedó consignada la afirmación que ahora negó.
“Eso yo no lo dije”, aseguró el encargado del edificio de Juncal y Uruguay sobre su declaración del 14 de agosto de 2018 ante el juez federal Claudio Bonadioy el fiscal Carlos Stornelli. Declaró durante dos horas y media en el juicio a CFK por el caso Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7.
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Silva, de 68 años, había contado poco antes que en ese trámite le recordaron que “tenía dos hijas” y tenía que declarar todo lo que sabía. “No sentía que lo que respondía estaba bien”, dijo. El Tribunal le leyó el tramo de esa declaración donde aseguró: “entre 2007 y 2010 he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días. No puedo precisar cuántas veces, Muñoz venía con dos o tres personas y luego se retiraban”.
Luego de escucharlo, el encargado dijo: “Ahí es donde cometí un delito y lo acepto que firmé pero no estaba de acuerdo ni lo leí”. Acto seguido, negó haber dicho eso.
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Sobre ese día de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, contó que estuvo con el juez y el fiscal y que, dijo, le recordaban que tenía dos hijas. “Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal y después que me fui de ahí en el barrio iban a insultarme al edificio, hijo de mil puta me decían, vos debés ser otro chorro como ella me decían. Lo pasé muy mal con toda mi familia”.
El allanamiento al departamento de CFK
Silva también contó por primera vez en el juicio algo que, según él, ocurrió durante un allanamiento al departamento de los Kirchner en el edificio de Uruguay y Juncal. Fue ante una pregunta del abogado defensor del acusado ex director de Yacyretá Oscar Thomas, José Manuel Ubeira. “Sí, habían allanado. Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”.
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“Lo escuchaba claro. Llamó al juez y le dijo: ‘Señor, acá no hay nada, damos por terminado el operativo si usted está de acuerdo’. Y le contestó: ‘Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí’”. “A los gritos hablaba la persona que estaba del otro lado. El que contestó, la persona que estaba del otro lado, era el que gritaba por el celular y se escuchaba clarito”.
Sobre Daniel Muñoz precisó: “siempre andaba con un portafolio y a veces andaba con un bolsito de mano”, dijo ahora. Explicó que el fallecido secretario de Néstor Kirchner “tenía llave del piso” de la familia presidencial. “Ingresaba por Juncal o Uruguay, tenía acceso con las dos llaves”, detalló y explicó que “en el caso del señor Muñoz a veces lo veía y a veces no”.
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Sobre el vínculo entre ambos, contó que como encargado recibía cientos de cartas que personas dejaban a los Kirchner pidiendo trabajo y que incluso, el ex secretario privado le consiguió empleo a sus dos hijas en sendos Ministerios. Una trabajó desde los 18 años hasta que asumió la presidencia Mauricio Macri, cuando “la sacaron”, recordó.

Al responder a la fiscal Fabiana León, el encargado contó que conoció a Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y que dejaron de vivir allí un mes después de la llegada a la presidencia del primero. La ex presidenta volvió cuando dejó su cargo como Vicepresidenta. “No era encargado de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, soy encargado del edificio”, afirmó y dijo que nunca tuvo llave del departamento del quinto piso, propiedad de la ex presidenta.
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El encargado dijo que trabaja en el edificio desde 1989. Durante la investigación, en 2018, declaró haber visto “movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días”, algo que hoy desmintió.
Este no fue el debut de Silva como testigo en un juicio oral en relación a quienes habitaron ese departamento del quinto piso, en el edificio de Uruguay 1306 en el que el encargado trabaja desde 1989. En noviembre de 2021 declaró en la causa Vialidad.
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Cuando se presentó en ese juicio oral, donde finalmente se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, la pena que le valió a la ex presidenta el actual arresto domiciliario y el multimillonario decomiso de sus bienes, el encargado no hizo alusión a bolsos o valijas, pero sí habló de Muñoz. “No venía muy seguido”, refirió. “Muy esporádicamente venía. Venía correspondencia de gente que solicitaba trabajo y cada 15 o 20 días le daba lo que le había juntado, unas 500 o 600 cartas, que le entregaba. Todo el mundo quería trabajo. Todo lo que declaré es verdad”, dijo en ese debate oral.
Ahora, en el caso Cuadernos, respondió bajo juramento de verdad, de manera puntual, sobre lo que declaró durante esta investigación en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Las preguntas llegarán tanto desde la fiscalía como desde la querella, los defensores y los jueces del Tribunal Oral Federal 7.
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La acusación fiscal sostiene que al departamento presidencial, en el barrio de Recoleta, llegaban bolsos con dinero proveniente de las coimas, y que eran recibidos por Muñoz.

La declaración de Silva estaba prevista para el martes pasado, pero no pudo concretarse por la extensión que demandó la de quien lo antecedió, Jorge Bacigalupo, el ex policía que recibió la caja que contenía los originales de los cuadernos, de manos del remisero Oscar Centeno, y la guardó durante más de un año hasta que se la dio la periodista Diego Cabot.
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A su vez, se pasó el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Centeno, para el martes de la semana que viene.
En el juicio oral, a cargo de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Méndez Signori, la expresidenta está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita, que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. Le imputan 205 hechos de presunto cobro de sobornos, vinculados al pago por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con la exjefa de Estado se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
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