El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, declaró como testigo a pedido de Alberto Fernández en la causa Seguros, donde se investiga al exmandatario por presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.
Ante las preguntas de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, Pesce justificó la necesidad del decreto 823/2021, que impulsaba que las pólizas destinadas a los empleados de los organismos públicos fueran contratadas a través de la compañía estatal Nación Seguros.
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En este sentido, señaló que el COVID-19 tuvo un impacto muy fuerte en la caída del PBI y en la recaudación, por lo que sostuvo que se “potencia la razonabilidad del decreto para resguardar las divisas” y “para ahorrar recursos públicos”.
Por otro lado, el extitular del Central indicó que “el Estado Nacional seguramente se sentía más seguro contratando con Nación Seguros que con privados para evitar reaseguros innecesarios con el exterior”.
Aunque destacó que no conoce del mercado de seguros, explicó que según el nivel de riesgo, el sistema local no alcanza para cubrirlo, entonces se debe recurrir a reaseguros en el exterior cuando se trata de destilerías, aeronaves, catástrofes agropecuarias, o sequías como la del año 2023.
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La defensa del expresidente solicitó la testimonial de Pesce con el propósito de demostrar que el decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas con Nación Seguros, habría formado parte de una política que benefició a las arcas públicas.
En el mismo sentido, pidió que se llame como testigo al exministro de economía Martín Guzmán, quien ejerció su cargo durante 2019 hasta el 2 de julio de 2022.
Asimismo, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración de Santiago Cafiero, que estaba prevista para la semana próxima. Fue en atención a un pedido del fiscal Carlos Rívolo, quién anticipó que correspondía evaluar sus presuntas vinculaciones con la contratación de seguros cuando era Canciller.
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En ese contexto, entendió que frente a la eventualidad de que deba citarlo como imputado, debía postergar la testimonial, que se realiza bajo juramento de decir verdad.
La causa
El expediente investiga un presunto esquema de corrupción, que operó mediante el direccionamiento en la contratación de pólizas tomadas a través de Nación Seguros por distintas reparticiones públicas.
En ese contexto, sostienen que el decreto 823/2021 que firmó Alberto Fernández fue la herramienta que supuestamente habilitó a la aseguradora estatal para designar discrecionalmente a intermediarios y a otras compañías privadas.
Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el bróker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; su esposa y ex secretaria, María Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
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Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los $2.200 millones, equivalente al 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.
Un fallo de Casación dio marcha atrás con el procesamiento del ex presidente y ordenó reanudar la pesquisa para evaluar si existe prueba suficiente que acredite las imputaciones.
El juez Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, deberá resolver la situación procesal de Alberto Fernández cuando vuelva a analizar la prueba producida, más la que agreguen las partes en esta nueva etapa de la pesquisa.
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