Contratos, subrogancias y honorarios judiciales: la agenda que discutirá este jueves la Comisión Financiera del Consejo de la Magistratura

La Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura se reunirá este jueves desde las 11 con una agenda extensa enfocada en contrataciones, rescisión de servicios, reclamos salariales y expedientes vinculados con honorarios de peritos y traductores judiciales.

El cuerpo tiene entre sus funciones fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías, ejercer el control de legalidad e informar periódicamente al plenario del Consejo, en virtud del artículo 16 de la ley que regula el funcionamiento del organismo de selección y remoción de jueces.

Entre los puntos incluidos en el orden del día figura una licitación pública por $427.823.407,73 para el servicio de limpieza integral del edificio judicial ubicado en Marcelo T. de Alvear 1840 y su anexo, en la Ciudad de Buenos Aires. El expediente comprende limpieza interior y exterior de espacios comunes, oficinas y vidrios en altura por un plazo de doce meses desde agosto de 2026.

El temario incorpora además una contratación directa con la Policía Federal para servicios de custodia adicional en edificios dependientes del Poder Judicial de la Nación entre enero y marzo de 2026. El convenio interadministrativo asciende a $680.606.493,88.

Otro expediente involucra a la empresa Rabadán S.A., adjudicataria del servicio de limpieza en edificios judiciales de la provincia de Córdoba. El proyecto incluye descuentos, multas y rescisión parcial de contratos por una serie de ausencias de personal y faltantes de insumos.

Según la documentación incorporada al expediente, la firma acumuló más de quince incumplimientos contractuales, número previsto como causal de rescisión en la normativa que rige el contrato. Las actuaciones alcanzan servicios prestados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y en los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3 de esa jurisdicción.

Para la Cámara Federal cordobesa, el proyecto a tratarse también fija la rescisión contractual desde el 4 de octubre de 2025 y la ejecución de una garantía superior a $22,6 millones. Respecto de los Tribunales Orales Federales N°2 y N°3, establece la rescisión desde el 23 de agosto de 2025 y la pérdida de garantías por alrededor de $4,7 millones en cada caso.

La iniciativa también contempla descuentos adicionales por acumulación de reclamos y autoriza pagos “en concepto de legítimo abono” por períodos posteriores a las fechas de rescisión. Esos montos quedarían sujetos a deducciones superiores a $42 millones por inasistencias y faltantes detectados hasta marzo de 2026.

La agenda de este jueves contiene además expedientes vinculados con bonificaciones salariales por títulos universitarios para agentes judiciales. Entre ellos aparecen reconocimientos por licenciaturas en Recursos Humanos y Comunicación Social, además de títulos de Procurador y Arquitecto.

La comisión financiera también abordará recursos jerárquicos promovidos por distintos magistrados y funcionarios judiciales por pagos de subrogancias, vacaciones no gozadas y diferencias salariales.

Entre esos expedientes figura un planteo del juez federal Ernesto Kreplak por diferencias salariales vinculadas con subrogancias ejercidas entre el 9 y el 15 de enero de 2023 en los juzgados federales N°2 y N°4 de La Plata. El proyecto sometido a consideración dispone el pago “sobre la base de las remuneraciones vigentes en el momento en que se efectúe”.

Otro caso corresponde al juez Miguel Ángel Contreras. Mientras el proyecto principal rechaza su recurso por extemporáneo, un dictamen alternativo impulsa la liquidación del pago reclamado por haber ejercido subrogancias.

La reunión incluirá además recursos presentados por peritos traductores y auxiliares de justicia por honorarios regulados en causas penales y federales.

Los expedientes comprenden actuaciones en investigaciones por lavado de activos, estafas, falsificación documental y otros delitos económicos. En varios casos, los proyectos ordenan pagos actualizados conforme el valor vigente de la UMA (Unidad de Medida Arancelaria).

Entre ellos aparece el reclamo de una traductora pública que intervino en una causa por presunta estafa tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, además de otro expediente vinculado con una investigación por falsificación de documento público en trámite ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro.

El orden del día suma a su vez planteos rechazados por extemporaneidad, reclamos por vacaciones no gozadas, controversias administrativas sobre viáticos y recursos relacionados con contrataciones e interinatos dentro del Poder Judicial.

Actualmente la comisión es presidida por el secretario de Justicia, Santiago Viola, y tiene como vicepresidente al diputado Álvaro González.

También la integran los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Alberto Lugones, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit y Eduardo Vischi.