Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionó la reforma que permitirá a los diputados gestionar y fiscalizar proyectos en sus circuitos electorales, al advertir que la modificación del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional desvirtúa las funciones constitucionales de los legisladores y abre espacios para discrecionalidad y posibles prácticas clientelistas en la asignación de obras públicas.

La reacción del gremio empresarial surge después de que, durante el segundo debate de las reformas al reglamento legislativo, se aprobara una propuesta presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), partido que respaldó la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

El cambio establece que los diputados podrán gestionar y fiscalizar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los electores de sus respectivos circuitos.

La disposición incluye proyectos relacionados con carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Aunque las obras serían ejecutadas por las instituciones correspondientes, el texto señala que los diputados podrán gestionarlas, impulsarlas y fiscalizar su desarrollo en las comunidades que representan.

El artículo también incorpora un elemento que ha generado cuestionamientos: establece que se garantizará una inversión mínima dentro del Presupuesto General del Estado para la ejecución de esos proyectos.

Además, los funcionarios asignados a los despachos legislativos deberán apoyar a los diputados en las tareas de gestión, impulso y fiscalización de las iniciativas destinadas a sus circuitos electorales.

Para APEDE, estas atribuciones exceden el papel que debería desempeñar el Legislativo. El gremio sostuvo que Panamá necesita una Asamblea dedicada a legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance efectivo frente a los demás órganos del Estado, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y respetando la separación de poderes.

El organismo empresarial cuestionó además que, en lugar de concentrarse en fortalecer el Código de Ética y Conducta, hacer cumplir estrictamente las normas de asistencia, eliminar privilegios injustificados y elevar los estándares de rendición de cuentas, la reforma termine atribuyendo a los legisladores funciones vinculadas con la ejecución y seguimiento de proyectos públicos.

APEDE considera que ese esquema desnaturaliza el papel para el cual fueron electos los diputados y representa un riesgo para la institucionalidad, debido a que podría aumentar la discrecionalidad en la selección y gestión de obras.

Esas responsabilidades, señaló, corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales dentro de procesos estructurados de planificación y desarrollo.

La discusión revive además el antecedente de las denominadas partidas circuitales, fondos públicos que durante años estuvieron asociados a los diputados para atender proyectos, ayudas y necesidades dentro de sus comunidades.

Su utilización fue fuertemente cuestionada por la falta de controles, discrecionalidad y denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos.

Las partidas circuitales terminaron desapareciendo formalmente, pero posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el uso de recursos de la descentralización destinados a juntas comunales y municipios, particularmente por transferencias extraordinarias que fueron señaladas como una forma de “descentralización paralela”.

Ese esquema también quedó bajo investigaciones y auditorías por la utilización de fondos públicos en diferentes gobiernos locales.

Precisamente ese antecedente alimentó las críticas dentro de la propia Asamblea. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que la modificación abre nuevamente la puerta a prácticas similares. “¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, cuestionó durante la discusión de la propuesta.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, también rechazó la modificación y adelantó que, si finalmente se convierte en ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Cedeño sostiene que la gestión de obras y proyectos no forma parte de las funciones constitucionales de los diputados y cuestionó además la forma en que la disposición fue introducida en el debate.

Camacho, por su parte, defendió la iniciativa argumentando que los diputados representan constitucionalmente a los electores de sus circuitos. Citó el artículo 150 de la Constitución y sostuvo que gestionar proyectos forma parte de una labor que los legisladores ya realizan. También afirmó que la disposición no representa el regreso de las antiguas partidas circuitales.

La diferencia central es que, según el texto aprobado, los diputados no ejecutarían directamente las obras ni administrarían necesariamente los recursos, pues esa responsabilidad permanecería en las instituciones correspondientes.

Sin embargo, la norma no desarrolla con precisión cómo se determinará la inversión mínima, cuáles serán los procedimientos para presentar proyectos ni qué controles regirán la intervención de los diputados.

Ese vacío es precisamente uno de los puntos que podría generar mayor controversia. APEDE recordó que la experiencia panameña con la confusión de responsabilidades entre instituciones ha debilitado mecanismos de control y afectado la transparencia, además de crear condiciones que pueden favorecer prácticas clientelistas que el país ha intentado superar.

El gremio pidió que cualquier modificación al funcionamiento de la Asamblea tenga como objetivo fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a los ciudadanos con transparencia.

A juicio de APEDE, mantener claramente delimitadas las competencias institucionales resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza de los panameños en sus instituciones.