Casación rechazó a la Fundación Apolo como querellante en la causa por lavado y evasión contra Sur Finanzas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles, por unanimidad, el recurso de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, que pretendía constituirse como querellante en la causa que investiga a Sur Finanzas PSP S.A. por presunta evasión tributaria agravada y lavado de activos. Para decidir de esa forma, el máximo tribunal penal del país entendió que la entidad civil no llegó a acreditar ningún perjuicio concreto y diferenciado del que podría invocar cualquier otro ciudadano.

La causa en la que intentó incorporarse es la iniciada por denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, que apunta a una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y a operaciones sospechosas por $818.000 millones, canalizadas a través de Sur Finanzas mediante personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito. El juzgado de primera instancia hecho lugar inicialmente a la pretensión de la fundación, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión el 30 de diciembre de 2025. El legislador porteño Yamil Santoro, fundador de la asociación, recurrió ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal, que admitió examinar el recurso.

En ese marco, el camarista Gustavo Hornos, cuyo voto encabezó el acuerdo de este miércoles, trazó el límite con precisión: “los hechos denunciados se refieren, en lo sustancial, a supuestas maniobras que habrían afectado el orden económico y financiero -más precisamente los delitos de evasión tributaria agravada y lavado de activos-, cuya protección incumbe al Estado y que, por sí mismos, no justifican la habilitación de la intervención de una fundación en el carácter procesal pretendido”.

También sostuvo que “de las presentaciones realizadas por el pretenso querellante no se desprenden argumentos concretos que permitan sostener que su objeto social tuviera una estrecha vinculación con las conductas oportunamente denunciadas por el ARCA (ex AFIP); como una especificidad con la materia a investigar en la presente y tampoco que vele por intereses específicos de una parte de la comunidad específica y diferenciada particularmente, que permitiera considerar que su aporte a la investigación podría complementar la función constitucional asignada a los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

Para Hornos, esas circunstancias son “dirimentes para determinar, en esta incipiente etapa de la investigación, que su intención de intervenir en el proceso no diferiría de otras que podrían existir por parte de otras asociaciones civiles que presenten un objeto social tan amplio, como el aquí pretenso querellante”.

Luego subrayó que “la mera intención genérica de intervenir como acusador privado en representación de la comunidad toda, sin desarrollar fundadamente los motivos que justificarían su participación en estas actuaciones, no resulta suficiente para refutar lo resuelto por los magistrados de la instancia anterior” y concluyó que “el recurrente no ha logrado acreditar que el suceso investigado hubiera provocado una afectación particular a intereses que represente, distinta de aquella que, en caso de acreditarse, pudiera irrogarle a la sociedad toda”.

El juez Mariano Borinsky compartió “en lo sustancial” las consideraciones de su colega y consideró que la resolución de la Cámara de La Plata “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, a la vez que no presenta fisuras de logicidad y resulta una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos”. Javier Carbajo, presidente de la Sala, completó la unanimidad al adherir a sus colegas.

La Fundación Apolo Bases para el Cambio, representada por Santoro, había esgrimido ante el tribunal que los delitos investigados afectaban bienes jurídicos de incidencia colectiva -el sistema tributario y la estabilidad del mercado financiero- y que su objeto social la habilitaba a actuar como acusadora privada. También había dicho que su interés excedía la mera lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública para abarcar el cumplimiento de normas básicas necesarias para la vida en sociedad.

Casación no lo entendió así: los camaristas señalaron que estos delitos no guardaban relación, por el momento, con hechos de corrupción en la gestión pública, núcleo estatutario de la fundación, y que el Ministerio Público Fiscal tenía la aptitud suficiente para representar los intereses comprometidos.

<b>Quién es Vallejo y qué se investiga</b>

Sur Finanzas es una empresa de servicios de pago cuyo dueño, Ariel Vallejo, construyó su inserción en el fútbol argentino de la mano de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien facilitó su acceso al circuito financiero de los clubes y avaló que la Liga Profesional de Fútbol depositara fondos de televisión en cuentas de la firma. La investigación judicial se despliega en tres frentes ante dos juzgados federales de Lomas de Zamora y uno de Comodoro Py.

Además de la causa Villena, el juez del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, instruye una presunta asociación ilícita destinada a lavar fondos provenientes de clubes de fútbol, estimada en más de USD 108 millones. La maniobra habría combinado préstamos en efectivo sin trazabilidad bancaria, descuento de cheques con tasas abusivas y contratos de sponsoreo simulados. Los allanamientos en la sede permitieron secuestrar biblioratos identificados como “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, con registros de operaciones vinculadas a al menos 16 entidades deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo y Banfield.

El magistrado convocó a indagatoria a Vallejo y otros 13 imputados entre mayo y junio, y citó a cuatro dirigentes del Club Atlético Banfield, encabezados por su presidente Eduardo Spinosa, imputado por asociación ilícita como jefe, administración fraudulenta y lavado agravado. A todos se les fijaron cautelares: prohibición de salida del país e inmovilización de cuentas.

En Comodoro Py, la jueza federal María Servini investiga la compra de dólares al tipo de cambio oficial para su venta en el mercado informal -el “rulo cambiario”-, con un volumen estimado en más de USD 1.400 millones durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera. La acumulación de pruebas y la posibilidad de que empleados colaboren vía ley del arrepentido acercan la pesquisa a la cúpula de la AFA y a la figura de Tapia.

A los expedientes judiciales se suman dos frentes administrativos. ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas por apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social descontados a empleados y no depositados: $46.511.222,65 en siete períodos fiscales entre junio de 2024 y noviembre de 2025. El Banco Central, por su parte, sancionó a ARS Cambios SAS -otra firma del entramado Vallejo- con una multa de más de $18.000 millones y la revocación de su autorización para operar, tras detectar operaciones de compraventa de divisas sin destino genuino que aprovecharon una brecha cambiaria promedio del 102%.

Allí Ariel Vallejo recibió una inhabilitación personal de cinco años; su madre Graciela, de seis.