La Cámara Federal de Casación Penal fue escenario de la Primera Jornada de Ejecución Penal, un evento que reunió a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, y que fue transmitido por Zoom a todas las jurisdicciones del país. La actividad, realizada en el Salón Auditorio del tribunal, marcó un paso relevante en el fortalecimiento del sistema de ejecución penal federal y en la visibilización de los desafíos que enfrenta la realidad carcelaria argentina.
La apertura estuvo a cargo del juez Gustavo M. Hornos, coordinador de la Comisión de Cárceles y Ejecución de la Pena de la Cámara y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.
Hornos destacó la iniciativa de la presidencia de la Cámara, a cargo del Dr. Diego Barroetaveña, y subrayó la importancia de dar visibilidad a las tareas de las dependencias del cuerpo, no solo por su relevancia jurídica sino también por su dimensión política y social. En sus palabras, remarcó los fines de la pena y el potencial del trabajo interdisciplinario e interinstitucional para promover la reinserción social de las personas privadas de libertad.
El magistrado señaló que la realidad carcelaria actual está atravesada por problemáticas estructurales como el hacinamiento, la violencia y la falta de recursos, factores que muchas veces dificultan el cumplimiento efectivo de los fines de la pena. Hornos subrayó la necesidad de fortalecer espacios de encuentro y debate como la jornada presentada, que actúan como puentes para la reintegración social efectiva y la prevención de la reincidencia.
Durante la jornada participaron también la Dra. Virginia Barreyro, directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; la Dra. Yamila Massad, coordinadora del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal; y la Dra. Anabella Pagotto Fuhr, secretaria delegada de Ejecución Penal. Cada una de ellas expuso sobre las tareas desarrolladas en sus áreas y el rol clave del trabajo articulado para garantizar derechos y acompañar los procesos de las personas privadas de la libertad.
La clausura del evento estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien resaltó la labor desarrollada en los últimos años por Hornos al frente de la Comisión de Cárceles y Ejecución.
Barroetaveña elogió el trabajo de las funcionarias que lideran las instituciones mencionadas, la notoriedad y el despliegue territorial que han alcanzado, así como la finalidad para la que fueron creadas y su impacto en todo el país. El presidente de la Cámara valoró el gran trabajo realizado “a lo largo y ancho del país” y destacó la importancia de consolidar un sistema de ejecución penal que combine eficacia, control y respeto de los derechos fundamentales.
La jornada, que contó con una nutrida concurrencia presencial y remota, permitió compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y debatir sobre los principales desafíos de la ejecución penal en la Argentina: desde el control de condiciones de detención hasta el acompañamiento de la reinserción social, la articulación interinstitucional y la necesidad de políticas públicas que aborden el ciclo completo del cumplimiento de la pena.
El sistema de ejecución penal argentino enfrenta desafíos estructurales, entre ellos el hacinamiento, la sobrepoblación, la violencia intramuros y la falta de recursos materiales y humanos. La realización de jornadas como ésta refuerza la importancia de la actualización permanente, la formación y el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema penal federal.
El evento fue valorado por los participantes como una instancia de formación y actualización indispensable para consolidar un sistema penal más justo, eficiente y orientado a la reintegración social, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La experiencia dejó planteada la necesidad de sostener espacios de encuentro y debate, no solo para visibilizar las tareas de las dependencias judiciales, sino también para identificar áreas de mejora y promover una política criminal acorde a los desafíos del presente.
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