Causa contra Maduro: convocan a declarar al gendarme Nahuel Gallo como testigo de violaciones a los derechos humanos

La querella impulsó su citación al considerar que su experiencia como detenido político constituye una prueba relevante en la investigación que tramita en la Justicia federal argentina

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El oficial de la Gendarmería argentina Nahuel Gallo se marcha tras dar una rueda de prensa días después de ser liberado de una prisión venezolana en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El oficial de la Gendarmería argentina Nahuel Gallo se marcha tras dar una rueda de prensa días después de ser liberado de una prisión venezolana en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El juez federal Sebastián Ramos convocó a Nahuel Gallo para que declare como testigo en la causa argentina contra Nicolás Maduro por la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales en Venezuela. La audiencia será el próximo 30 de abril por videoconferencia.

El gendarme se convirtió en parte querellante después de permanecer 448 días preso en Venezuela. Según él mismo advirtió: “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

El magistrado dispuso el llamado a testimonial una vez que Gendarmería Nacional habilitó a Gallo con el aval del equipo interdisciplinario que lo acompañó tras su regreso al país.

La querella de los Foros por la Democracia FADER y FADD habían sugerido al tribunal y a la fiscalía la pertinencia de escuchar a Gallo en calidad de testigo "para aportar su conocimiento sobre los delitos de lesa humanidad ejecutados por la dictadura bolivariana".

Remarcaron que su experiencia representa “una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”.

El cautiverio

El Cabo Primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo estuvo privado de su libertad en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Lo detuvieron cuando llegó a ese país a encontrarse con su mujer y su hijo.

Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Caracas, el entonces fiscal general Tarek William Saab lo imputó por presunta actividad terrorista y acciones desestabilizadoras, alegando que su visita familiar era una fachada para un plan criminal.

A pocos días de su detención ilegal, la Cancillería argentina denunció el secuestro de Gallo,y lo catalogaron como un preso político. Lo mantuvieron encerrado en la cárcel de El Rodeo I, uno de los centros de detención más peligrosos de Venezuela.

Cuando fue liberado el 2 de marzo regresó al país y se reincorporó a la fuerza. Durante los primeros días permaneció en el Edificio Centinela donde fue atendido por médicos y psicólogos debido al desgaste físico y mental sufrido durante su secuestro.

La causa argentina

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Nahuel Gallo en el Rodeo I

El planteo de extradición de la justicia federal argentina con una orden de captura internacional para tomarle declaración indagatoria a Nicolás Maduro llegó a los Estados Unidos.

El expediente fue abierto en el 2023 en virtud del principio de jurisdicción universal que permite la persecución subsidiaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países.

El juez Ramos inició el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros tras la irrupción de Estados Unidos en Caracas que logró la detención de Maduro para ponerlo a disposición de los Tribunales de Nueva York

En el expediente se incluyó como prueba contra el dictador chavista el contenido de al menos 17 informes emitidos por diferentes organismos internacionales que describen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y dificultad para acceso a la justicia.

Se trata de las investigaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras 50 organizaciones que defienden los derechos civiles.

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