El debate sobre la reforma en el proceso de selección de jueces se inauguró la semana pasada en el Consejo de la Magistratura, y puertas afuera del organismo la discusión también despertó interés en las universidades y asociaciones civiles, que buscan más participación.
El viernes hubo una reunión en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral entre los consejeros de la Magistratura por el ámbito académico Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, junto a los exconsejeros Miguel Piedecasas y Diego Molea, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora que acaba de ser electo como nuevo representante por las universidades para el período 2026-2030.
Según comentaron fuentes desde el sector a Infobae, fue el primero de una serie de encuentros entre referentes académicos para diseñar “propuestas superadoras” a los proyectos de reforma de los mecanismos de selección de jueces existentes en el Consejo de la Magistratura y al presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los representantes de las universidades buscan “nutrir lo propuesto por la Corte para mejorar el sistema”. En esta primera reunión, el foco estuvo puesto en que la cursada de la Escuela Judicial sea “obligatoria por 2 años” y con evaluaciones integrales.
Los académicos quieren aportar lo suyo desde las bancas que tienen garantizadas en el Consejo de la Magistratura. No obstante, las asociaciones civiles empezaron a pujar para tener voz en la discusión.
En la semana, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidieron formalmente que se convoque a una audiencia pública y participativa “con el objeto de garantizar la participación ciudadana en el debate de esas iniciativas y que las organizaciones y actores de la sociedad civil puedan realizar aportes tendientes a robustecer esos proyectos”.
Las organizaciones le enviaron un escrito a cada consejero de la magistratura para que las reuniones se pongan en marcha en el marco del Reglamento de Audiencias Públicas del Consejo. Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estas entidades vienen postulando la necesidad de hacer cambios en el sistema al menos desde 2022.
“Los procesos de selección de magistrados constituyen un punto neurálgico de los mecanismos institucionales orientados a garantizar la calidad de la administración de justicia y la independencia judicial. El reglamento actual presenta falencias que facilitan diversas disfunciones en esos procesos: lentitud, amplios márgenes de discrecionalidad que dan lugar a decisiones arbitrarias y opacidad de criterios, entre otros. Todo esto contribuye a que los y las postulantes finalmente seleccionados no siempre sean los más idóneos para los importantes cargos a los que aspiran”, evaluaron INECIP y ACIJ en su presentación.
Y completaron: “Dada la relevancia institucional de la decisión a tomar y la experiencia acumulada por estas entidades, consideramos que un debate robusto en torno al proyecto bajo análisis podrá contribuir al fortalecimiento de los proyectos y a la aprobación de un Reglamento que permita contar con un proceso eficaz, transparente y que garantice la mejora de la calidad y la independencia judicial”.
La discusión sobre la reforma del proceso de selección de jueces ocurre en un contexto en el cual el Ministerio de Justicia, desde que asumió el ministro Juan Bautista Mahiques, reactivó el envío de pliegos a la Cámara de Senadores.
Del análisis de esas gestiones se desprende un dato relevante: de los 67 pliegos enviados por Mahiques al Senado, 45 surgieron de ternas enviadas desde que Horacio Rosatti es presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, el 67% de los pliegos para elegir nuevos magistrados.
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