Qué argumentó la defensa de Tapia para intentar revocar su procesamiento por retención de aportes en la AFA

La suerte judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres procesados por presunta retención indebida de aportes y tributos empezó a definirse en la Cámara en lo Penal Económico. Las cinco defensas desplegaron una batería de cuestionamientos que apuntan tanto a la falta de pruebas como a la supuesta construcción “forzada” de responsabilidades por el solo hecho de ocupar cargos directivos.

Así, apuntaron contra la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante en un intento por lograr que se revoquen los procesamientos y embargos por 350 millones de pesos dispuestos por el magistrado. En los casos de Tapia y Toviggino también esperan que quede sin efecto la prohibición de salida del país, que los obliga a pedir permiso al juez cada vez que quieren viajar al exterior.

Tapia: “No hay un solo dato” que lo vincule

Las apelaciones coincidieron en un eje central: el fallo de primera instancia carece de sustento. En el caso de Tapia, su defensa sostuvo que el procesamiento “exhibe fundamento aparente” y responde a “un fuerte preconcepto”, al tiempo que remarcó que “no hay un solo dato que le asigne injerencia personal en los hechos” ni “una sola instrucción concreta” vinculada al presunto incumplimiento calculado en 19.300 millones de pesos, según la denuncia de ARCA.

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Charró, sostuvo que el fallo “no menciona un correo, una orden, una nota o una decisión puntual” atribuible al dirigente, y que las conclusiones “no son sino consecuencia formal del cargo que ocupa”.

Sobre la deuda, reiteró que fue “cancelada íntegramente antes de tomar conocimiento de la causa” y que no está probado “en modo alguno” que diferir ese pago haya redundado en un beneficio económico para la Asociación, como sostuvo el juez. “La idea de ‘financiarse con el fisco’ hubiera sido un acto ruinoso”, agregó la defensa, según el recurso al que accedió Infobae.

Otro eje de las apelaciones apunta a la supuesta imputación automática por el rol institucional dentro de la AFA. En ese sentido, la defensa de Tapia denunció que se pretende “sustentar responsabilidad penal objetiva derivada exclusivamente del cargo”. Sobre el embargo millonario, calificó la medida como de “extrema magnitud” y “desprovista de fundamento suficiente”.

La defensa del tesorero Toviggino, por su parte, reclamó el sobreseimiento porque “en la peor de las lecturas, no puede más que estimarse que AFA, en todo caso, habría incurrido en una errónea interpretación de las resoluciones administrativas dictadas” por el Ministerio de Economía “respecto del momento en que debía haberse liquidado la deuda que jamás ocultó y que pagó con intereses antes de la denuncia”.

Una decisión clave

En su apelación, el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, advirtió que “tener un cargo no implica responsabilidad penal automática” y que para imputar “se debe demostrar participación directa, conocimiento y dolo”. Los abogados Lucio Simonetti y Carlos Villar afirmaron que la resolución parte de “una interpretación incorrecta del estatuto de la AFA” y de una equivocada postura “sobre la acreditación material de los hechos”.

“No se puede someter a una persona a un proceso penal bajo la premisa de ‘investigar para ver cuánto debe’”, agregaron.

Los otros dos procesados que apelaron y pidieron que se revoque la decisión de Amarante son los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

Tanto el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial como la querella de ARCA fueron a la Cámara para cuestionar la decisión de excluir de la acusación delitos vinculados a la falta de pago en término de retenciones por publicidad a los clubes de fútbol. Pidieron agravar la acusación en ese aspecto y elevar los embargos.

Con estos planteos sobre la mesa, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma los procesamientos o hace lugar a los recursos y revoca —total o parcialmente— la decisión. El fallo será clave para determinar si la investigación avanza hacia un juicio oral o si, por el contrario, se desmorona la acusación contra los principales dirigentes del fútbol argentino.