Condenaron a un fiscal y dos abogados por plantar pruebas falsas en el robo a la casa de Sergio Massa en 2013

El Juzgado en lo Correccional N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro condenó al ex fiscal Carlos Washington Palacios, a los abogados Tomás ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y al testigo César Emiliano Jaunarena por su participación en una maniobra destinada a plantar pruebas falsas y desvirtuar la investigación sobre el asalto a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini ocurrido en 2013, en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El caso, que comenzó como un hecho policial y terminó exponiendo una trama de corrupción judicial, tuvo su origen en la madrugada del 21 de julio de 2013. Ese día, la vivienda de la familia Massa-Galmarini fue escenario de un violento robo que, según se acreditó en sede judicial, fue en realidad un acto de amedrentamiento político. Personal policial realizó entonces dos allanamientos en propiedades vinculadas al principal sospechoso, Alcides Gorgonio Díaz, integrante de la división de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina. Allí se incautaron armas, dinero y elementos sustraídos durante el asalto, y se procedió a la detención del acusado.

Con esas pruebas, el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro condenó a Gorgonio Díaz a trece años de prisión efectiva, fallo que luego fue ratificado por el Tribunal de Casación. El caso parecía cerrado, pero la historia tomó un giro inesperado cuando, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, se gestó un plan para favorecer al condenado y desacreditar la actuación de las fuerzas de seguridad y la fiscalía.

La Justicia determinó que, en ese período, el entonces fiscal Palacios, los letrados Pérez Bodria y Español, y el testigo Jaunarena coordinaron acciones para instalar una versión falsa de los hechos. La maniobra se basó en una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena, quien había sido testigo de actuación en los allanamientos, y fue instrumentalizada para producir pruebas apócrifas e introducirlas en el debate oral contra Díaz. El objetivo era generar dudas, debilitar la causa y favorecer al condenado.

La investigación permitió reconstruir cómo, al recibir la denuncia de Jaunarena el 25 de noviembre de 2014, Palacios desvió deliberadamente el curso de la investigación, orientándola a desacreditar las actuaciones policiales en perjuicio de la familia Massa. En vez de profundizar sobre las supuestas amenazas, el fiscal direccionó la instrucción para favorecer la situación procesal de Díaz, el principal implicado en el asalto.

Para concretar el ardid, los abogados Pérez Bodria y Español asesoraron a Jaunarena en la construcción de un relato falaz. El testigo, siguiendo esas directivas, declaró falsamente ante la Fiscalía de Pilar y el tribunal oral, afirmando que durante los allanamientos se había secuestrado más dinero que el consignado en las actas y que una persona no identificada ingresó con un bolso al domicilio allanado. Ninguna de esas circunstancias pudo ser corroborada y, por el contrario, las pruebas recolectadas evidenciaron su falsedad.

La coordinación entre los involucrados se acreditó a partir de registros de llamadas telefónicas y grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate, esposa de Díaz, el propio condenado y el fiscal Palacios. Además, el comisario Gabriel Natiello, quien participó en los procedimientos, relató ante la Justicia que Palacios y Pérez Bodria le solicitaron modificar su declaración antes del juicio oral.

Este tramo de la causa concluyó con la destitución de Palacios como fiscal, decisión adoptada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el 29 de noviembre de 2019. El jurado consideró probado que el funcionario incurrió en conductas irregulares y contrarias a los deberes de su cargo, excediendo los límites de su competencia y participando activamente en la maniobra ilícita.

En su veredicto condenatorio, el juez Hernán Sergio Archelli tuvo por probado que, entre fines de 2014 y marzo de 2015, Palacios, los abogados Pérez Bodria y Español y Jaunarena actuaron en conjunto para ayudar a Díaz a evadir su condena por el robo triplemente calificado. Para ello, produjeron prueba falsa, prestaron declaraciones mendaces e intentaron influir en otros testigos, con el fin de modificar el resultado del juicio y desacreditar pruebas válidas.

La sentencia fijó penas de seis años de prisión y doce de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para Palacios; cinco años de cárcel y cinco de inhabilitación profesional para Pérez Bodria y Español; y cuatro años de prisión para Jaunarena. El juez ponderó la ausencia de atenuantes y consideró agravantes la gravedad institucional de los hechos, el uso del aparato judicial para fines ilícitos, la participación de más de tres personas y la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad.

Tras la resolución judicial, Malena Galmarini, esposa de Massa y ex funcionaria nacional, expresó en redes sociales: “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”.