Un fiscal pidió la nulidad del fallo que absolvió a ex funcionarios y directivos en la causa Fútbol para Todos

El fiscal general Miguel Ángel Osorio presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revise y anule el fallo que absolvió a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, miembros de la AFA, empresarios y directivos de fundaciones y financieras, todos acusados por delitos vinculados al programa Fútbol para Todos. La sentencia cuestionada fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires y publicada el 11 de marzo pasado.

El tribunal consideró en su fallo que el alegato fiscal fue nulo porque, según los jueces, no se describieron con suficiente claridad las acusaciones ni las conductas atribuidas a los catorce imputados, afectando el derecho de defensa. Por este motivo, absolvió a todos los involucrados y levantó los embargos sobre sus bienes.

Sin embargo, el fiscal Osorio sostiene en su presentación que la decisión del tribunal fue incorrecta y que sí existieron pruebas y motivos suficientes para acusar y pedir condenas.

Qué pide la fiscalía

El fallo del tribunal sostuvo que la acusación del Ministerio Público Fiscal carecía de fundamentación y resultó confusa para las defensas porque no detallaba con claridad los hechos ni el rol específico de cada imputado. De acuerdo con los jueces, esto vulneró el principio de congruencia, que exige que las personas acusadas conozcan concretamente de qué se las responsabiliza y en base a qué pruebas.

Los jueces afirmaron que estos defectos en la acusación impidieron que el debate oral tuviera validez, lo que llevó a absolver a todos los imputados sin analizar el fondo del caso.

A raíz de esta situación, el fiscal Osorio solicitó que la Cámara de Casación anule la sentencia, valide la acusación y dicte un fallo de fondo respecto de los cargos. En particular, pide condenas para Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Luis Segura, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Natale Rigano, por administración fraudulenta y violación de deberes de funcionario público, mientras que para el resto de los imputados solicita confirmación de la absolución por la falta de prueba suficiente.

Los argumentos del fiscal

Para la fiscalía, la acusación cumplió con los requisitos legales al detallar los hechos, las pruebas y los motivos de absolución o condena según cada acusado. En el recurso, se indica que:

• El requerimiento de elevación a juicio fue leído en el debate, permitiendo a las defensas conocer plenamente los hechos atribuidos y ejercer su defensa.
• No existió cambio inesperado ni contradicción, ya que los hechos y la calificación legal se mantuvieron estables desde la instrucción hasta el juicio oral.
• El tribunal, en vez de limitarse a juzgar el fondo de la causa y decidir sobre las absoluciones y condenas, adoptó la interpretación de la prueba asumiendo funciones propias de la fiscalía, función que la ley no le otorga.
• Solo una defensa planteó la nulidad del alegato, sin fundamento concreto, mientras las demás ejercieron su defensa sin alegar vulneración de derechos.

La fiscalía enfatizó que aunque existieran divergencias al describir o calificar los hechos, la ley permite a los jueces interpretar jurídicamente de manera distinta a la propuesta por el fiscal, siempre y cuando se mantenga la esencia de los hechos acusados, lo que afirma se respetó en este caso.

De qué se trató la causa

El caso Fútbol para Todos investigó el destino de fondos públicos —miles de millones de pesos— transferidos por el Estado a la AFA entre 2009 y 2015 con el propósito de garantizar la televisación gratuita del fútbol argentino y fortalecer económicamente a los clubes.

La acusación central señalaba que el dinero del programa no llegó de forma directa ni completa a los clubes, como estipulaba el contrato, sino que fue desviado a otros fines.

Qué argumentaron las defensas

Las defensas de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Luis Segura, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Natale Rigano y otros alegaron que:

• Se limitaron a tareas específicas, sin influir en el destino final de los fondos.
• Tras la transferencia estatal a la AFA, el dinero dejaba de ser “fondo público” y pasaba a la órbita privada de la asociación.
• Ni el Gobierno ni la AFA podían controlar cada uso del dinero transferido, ya que los controles internos correspondían al Tribunal de Cuentas de la AFA y existían prácticas estandarizadas previas al programa.
• Los contratos de esponsoreo y publicidad respondieron a valores de mercado vigentes o a las prácticas habituales.

Algunas defensas calificaron de “absurdas” y “basadas en prejuicios” las acusaciones y señalaron que los contratos beneficiaron a los clubes y que el programa tenía un carácter político y excepcional.

Datos revelados en el recurso

El escrito fiscal aporta elementos inéditos respecto de investigaciones y publicaciones previas:

• Diferencia exacta del 75,76% menos pagada por IVECO frente al valor oficial en publicidad, según el tarifario del programa.
• Montos precisos transferidos a la Fundación “El Futbolista” y a entidades financieras, así como la identificación de titulares o autorizados en las cajas de seguridad donde se depositaron millones de dólares del circuito (como U$S 2.191.811 en cajas del banco Santander Río y HSBC).
• Documentación sobre la contratación con IVECO, que se realizó sin procesos previos de selección y respondió a la necesidad de reducir stock de camiones, sin constancia de análisis técnico que justificara su adquisición por parte del Estado.
• Relación entre roles de directivos de la AFA, cooperativas y bancos, con nombres que obtenían beneficios actuando como financistas y funcionarios de clubes de fútbol al mismo tiempo.

El fiscal reclamó que la Cámara de Casación intervenga directamente sobre el fondo, decida las responsabilidades penales en función de los hechos y la prueba debatidos, y emita condenas para los acusados a quienes se les imputa daño económico, manteniendo las absoluciones donde no hay constancia de dolo o participación.

Exigió también el decomiso de bienes y fondos desviados, la restitución de estos a la AFA y a los clubes, y el destino del beneficio irregular producto de IVECO al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), conforme el contrato. Incluyó una reserva de caso federal para, en caso de rechazo, recurrir ante la Corte Suprema.