Acusada de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública, la expresidenta Cristina Kirchner inaugurará este martes 17 de marzo a las 9 la ronda de indagatorias del juicio “Cuadernos”, el mayor caso de corrupción de la historia argentina.
El Código Penal castiga a los líderes de una asociación ilícita con un mínimo de cinco años de prisión y un máximo de 10. El delito de cohecho pasivo —a la ex mandataria se le imputan 203 hechos en calidad de coautora y uno como partícipe necesaria— prevé penas de uno a seis años de cárcel. Al tratarse de múltiples eventos, la sumatoria de los cargos bajo las reglas del concurso real eleva la expectativa, por lo que la pena final podría alcanzar o superar los 15 años de prisión en caso de resultar condenada.
La fiscalía sostiene que la ex mandataria comandó una estructura piramidal desde el Poder Ejecutivo Nacional. Según la hipótesis fiscal, la organización exigía pagos ilegales a empresas contratistas del Estado para mantener o adjudicar licitaciones públicas.
Testimonios
La imputación se apoya en los registros del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y en las declaraciones de ex funcionarios y empresarios arrepentidos, como el financista Ernesto Clarens o el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de Esuco S.A., Carlos Wagner.
El caso acumula pruebas directas sobre la operatoria. En sus cuadernos, Centeno detalló la rutina de los cobros y su destino final: “Luego los llevé a Uruguay 1306, donde los esperaba Daniel Muñoz. Entraron al domicilio a dejar la plata, que por los comentarios que hacían en el auto (...) [eran] USD 1.900.000 de parte de los subsidios, transporte y trenes, y otra parte de obras”.
Los directivos de las compañías ratificaron ante la Justicia las presiones bajo la figura del imputado colaborador. El titular de Hidrovía S.A., Gabriel Romero, relató el mecanismo de extorsión: “Se manejan con el terror. Y en ese contexto [el ex secretario de Transporte, Ricardo] Jaime me dijo que si no pagaba el cinco por ciento no me iban a entregar el subsidio”. En la misma línea, el directivo de Metrovías, Aldo Roggio, confesó el método de recaudación: “Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del secretario de Transporte”.
Coimas
Entre los más de 200 hechos imputados a la expresidenta, la Justicia destaca entregas de dinero en efectivo millonarias. El 21 de julio de 2010, la principal acusada habría intervenido como coautora en la recepción de una suma cercana a los USD 4.500.000. Según la acusación, el dinero fue entregado por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta, directivos de Electroingeniería S.A., con la colaboración de Jorge Guillermo Neira. Para la fiscalía, los fondos fueron recibidos por el ex director nacional de Energías Renovables, Fabián García Ramón, por indicación del ex subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta. Ese mismo día, la hipótesis oficial sostiene que el funcionario entregó el dinero a Néstor Kirchner en la Quinta de Olivos.
En el área de transporte, la investigación apunta a entregas de USD 500.000 anuales efectuadas por Romero a favor del ex secretario del área, Ricardo Jaime, entre fines de 2007 y 2009 para mantener la concesión del dragado del Río Paraná. También se sospecha de la recepción de dinero entregado por el mismo empresario dirigido a Jaime y a su sucesor, Juan Pablo Schiavi. De acuerdo al expediente, estas entregas se realizaban de manera trimestral y representaban el cinco por ciento de los subsidios asignados a la empresa por la línea Belgrano Norte.
Nulidades rechazadas
La acusada llega a esta instancia luego del fracaso de su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, en su intento de anular el proceso. El letrado planteó la supuesta existencia de vicios procesales durante la etapa de instrucción. En su presentación, alegó la práctica de “forum shopping” y denunció que la elección del juez Claudio Bonadio, fallecido el 4 de febrero de 2020, y del fiscal Carlos Stornelli había sido a dedo. Según su postura, esto afectó la garantía del juez natural y el principio de objetividad del Ministerio Público Fiscal. Para sostener su pedido, citó resoluciones del año 2025 dictadas en la causa “D’Alessio”.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazaron las pretensiones de forma tajante. Explicaron que los cuestionamientos sobre la falta de imparcialidad ya fueron analizados y descartados. También recordaron que el expediente se inició a partir de una declaración testimonial brindada en la causa vinculada a la importación de Gas Natural Licuado. Los magistrados concluyeron que resultaba prematuro analizar nulidades fundamentadas en pruebas que todavía no fueron producidas. Según la resolución, el ámbito apropiado para dar esa discusión será “una vez realizado el debate oral y público”.
Salud y traslados
La citación encuentra a la expresidenta bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida responde a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en su contra por el Tribunal Oral Federal 2 el seis de diciembre de 2022 en la causa Vialidad. La ex mandataria comenzó a cumplir la pena el 17 de junio de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia.
Hasta este viernes, la defensa de la expresidenta no realizó requerimientos respecto a su citación presencial. Será la primera vez que abandone su domicilio de la calle San José 1111 desde el tres de enero pasado, cuando finalizó su internación en el Sanatorio Otamendi. El traslado hacia Comodoro Py se coordinará con los magistrados a cargo de vigilar la ejecución de la pena.
Diferente fue la situación de Julio De Vido. El tribunal rechazó este viernes el recurso de la defensa para evitar su traslado desde el penal de Ezeiza. Sus abogados habían alegado que el ex ministro, de 76 años, padece diabetes e hipertensión, y que el estrés del operativo ponía en riesgo su salud. Sin embargo, los jueces ordenaron que concurra personalmente el martes, aunque solicitaron que el operativo se realice en un móvil individual y que sea reintegrado a la cárcel inmediatamente después de cumplir con el trámite de identificación, ya que adelantó que no prestará declaración.
En el mismo establecimiento penitenciario se encuentra José López. Su defensora oficial señaló que el ex secretario de Obras Públicas no se encuentra apto para continuar en el debate oral, por lo que será sometido a estudios periciales técnicos para determinar su estado de salud.
Nueva modalidad
El martes comenzará una nueva dinámica con un sistema mixto. No todos los acusados —86 en total— asistirán a la sala. Sólo concurrirán de manera presencial cuando sean convocados a declarar. La fiscal general Fabiana León y su equipo de trabajo sí estarán presentes en el recinto. Las audiencias se desarrollarán los martes y jueves en el salón Auditorium, conocido como sala AMIA. El espacio fue remodelado y cuenta con capacidad para 200 personas.
Tras la declaración de la principal imputada, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien permanece detenido en la cárcel de Ezeiza. El listado de citaciones se completa con el ex secretario privado Nelson Lazarte; el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos Rafael Llorens; el ex secretario José María Olazagasti y el ex chofer presidencial Rudy Ulloa. Finalizada la jornada, los jueces establecerán el cronograma para el resto de los acusados.
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