
Un joven que buscaba resolver problemas respiratorios y mejorar su apariencia presentó una demanda por daños y perjuicios tras una cirugía de nariz que, según alegó, le dejó secuelas estéticas y funcionales. La Justicia desestimó el reclamo y determinó que no hubo responsabilidad médica ni del establecimiento donde se realizó el procedimiento.
El fallo, emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de Morón, analizó la presentación de la parte demandante, un paciente que, según la demanda, sufría desviación del tabique nasal, dificultades para respirar y percibir olores, y molestias al dormir. Acompañado por sus padres, recurrió a un cirujano para someterse a una rinoplastia de tipo funcional y estética, con el objetivo de corregir sus disfunciones y lograr una mejor armonía facial.
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El procedimiento fue acordado con el profesional en su consultorio particular y, tras una interconsulta con otra médica cirujana, se fijó la intervención en una clínica privada de Morón. El costo de la operación ascendió a 240.000 pesos, abonados en efectivo antes de la fecha de la cirugía. Al momento del hecho, el joven tenía 19 años.

La intervención se llevó a cabo según lo planificado, aunque el accionante refirió una demora importante ese día. La intervención incluyó tanto la corrección funcional como la estética de la nariz, según surge de la causa. Tras algunas horas, el paciente fue dado de alta.
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A los pocos días, el paciente intentó realizar un control postoperatorio con una de las médicas intervinientes, quien no pudo atenderlo por motivos personales. Posteriormente, fue atendido por el otro profesional, quien le retiró los tapones y recetó medicación. El demandante manifestó que, al poco tiempo, comenzó a notar dificultades para respirar y sequedad en la boca y garganta.
Ante la persistencia de los síntomas, solicitó ver nuevamente a la cirujana, quien, durante una consulta, le dijo que en la intervención se había retirado menos de lo necesario, lo que, según su relato, explicaba las dificultades respiratorias. La profesional intentó corregir la situación en el consultorio, pero el procedimiento resultó doloroso y no logró el resultado esperado. La médica ofreció una nueva intervención en otro hospital, pero el paciente optó por consultar a otros especialistas.
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Según consta en la demanda, los nuevos estudios médicos y la tomografía indicaron la necesidad de otra cirugía, ya que persistían obstrucciones en las vías respiratorias y el resultado estético no era satisfactorio. El joven adjuntó fotografías y reclamó haber sufrido una deformación permanente en el rostro, insuficiencia nasal y episodios reiterados de faringitis.
El reclamo incluyó un pedido de resarcimiento por daño estético, daño moral, incapacidad parcial permanente, tratamiento psicológico y gastos futuros, por un total que superó los 15 millones de pesos, más intereses y costas.
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Respuesta
La clínica demandada respondió que su única intervención en el caso fue facilitar el uso del quirófano, señalando que el paciente no tenía vínculo contractual con la institución, no era afiliado ni cliente de obras sociales o prepagas atendidas allí, y que los médicos actuaron en forma independiente, seleccionados por el propio demandante.

El centro médico sostuvo que la responsabilidad por el resultado de la operación era exclusiva de los profesionales contratados por el demandante. Además, indicó que su obligación se limitaba a proveer el quirófano en condiciones adecuadas, y que no existía reclamo alguno respecto a fallas en las instalaciones o aparatología de la clínica.
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El cirujano demandado, en tanto, afirmó que la operación se desarrolló sin inconvenientes y que la evolución postoperatoria fue favorable en los controles realizados. Añadió que, después de una discusión entre el paciente y la otra médica, perdió contacto con el joven y no recibió nuevas consultas. Destacó que la demanda no contenía imputaciones directas hacia su accionar.
La otra profesional, inicialmente declarada en rebeldía por no contestar la demanda en término, se presentó posteriormente en la causa y quedó habilitada para ejercer su defensa.
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La aseguradora citada en garantía reconoció la cobertura vigente para los demandados y adhirió a las defensas planteadas por sus asegurados, limitando su responsabilidad a los términos del contrato de seguro.
Informes
El juez dispuso la apertura de la etapa probatoria, que incluyó la producción de una pericia médica clave para la resolución del caso. El dictamen del perito legista indicó que el paciente no presentaba una desviación facial objetiva ni incapacidad física permanente atribuible a la intervención.
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El informe pericial explicó que la disminución del flujo de aire nasal era corregible con una nueva intervención, y que no existía un daño funcional irreversible. Agregó que los ronquidos y otras molestias descriptas no guardaban relación directa con la cirugía realizada y que no se detectaron secuelas permanentes o estables.

El perito también consideró la posibilidad de un traumatismo posterior a la operación o factores externos, pero no encontró elementos objetivos que vincularan los daños alegados con la actuación médica. La prueba reunida no acreditó la existencia de un nexo causal entre la cirugía y las secuelas reclamadas.
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Solución
El juzgado subrayó en el fallo que la responsabilidad profesional de los médicos requiere demostrar un actuar negligente, imprudente o carente de pericia, lo cual no se verificó en este caso. Se recordó que la base de la responsabilidad civil es la existencia de un daño debidamente probado, y que, a falta de prueba suficiente sobre el supuesto perjuicio, no corresponde avanzar sobre otros elementos del reclamo.
Además, el tribunal rechazó la aplicación de la normativa de defensa del consumidor al caso, ya que el demandante contrató en forma directa con profesionales liberales, quienes no actuaron como empleados ni bajo dependencia de la clínica.

La sentencia concluyó que los médicos actuaron conforme a los estándares de la especialidad y que la clínica no asumió obligaciones más allá de proveer el espacio físico para la cirugía.
En línea con la opinión pericial, el juez descartó la existencia de secuelas permanentes y negó la incapacidad reclamada, señalando que la situación planteada podía revertirse con un nuevo procedimiento quirúrgico.
El fallo dispuso el rechazo de la demanda en todas sus partes, con imposición de costas a la parte accionante por resultar vencida, y postergó la regulación de honorarios para una etapa posterior.
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