El juez federal de garantías de Rosario, Román Lanzón, desestimó por “infundado e improcedente” el pedido de recusación presentado por la defensa de su colega Gastón Salmain, quien enfrenta dos causas penales por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la solicitud, habían alegado presuntas irregularidades en los expedientes.
En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), participaron de la audiencia oral los fiscales generales Javier Arzubi Calvo, coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, y Federico Reynares Solari, titular de la Oficina Litigio Oral Estratégico, así como las fiscales coadyuvantes Soledad García, María Virginia Sosa, el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y el auxiliar fiscal Esteban Venditti de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El rechazo se confirmó el lunes pasado, después de que se celebrara una audiencia pública en los tribunales de la ciudad santafesina para evaluar el recurso impartido por el abogado de Salmain, Ignacio Carbone, quien había solicitado que se dejara sin efecto la validez del allanamiento y la requisa practicados el 12 de noviembre de 2025 en el Juzgado Federal N°1 de Rosario.
A raíz de esto, el defensor pidió que también se devolvieran los teléfonos y computadoras que fueron incautados durante ese procedimiento. No obstante, la Fiscalía recordó que ya se había notificado debida y oportunamente a la defensa sobre la realización de esas medidas, por lo cual no se verificaron irregularidades de procedimiento.
La defensa también recusó al juez Lanzón al alegar dudas sobre su imparcialidad debido a que notificó al Consejo de la Magistratura sobre una audiencia de formalización de la investigación el 16 de diciembre anterior. También argumentó que el magistrado no podía revisar decisiones propias, una vez planteada la nulidad del allanamiento, pero ninguno de esos planteos prosperó.
Frente a este planteo, los representantes del MPF se opusieron al apartamiento del juez Lanzón, tras argumentar que la recusación era extemporánea porque el plazo vigente de acuerdo al Código Procesal Penal Federal (CPPF) estaba vencido.
En línea con esto, sostuvieron que el planteo carecía de la suficiente fundamentación y no alcanzaba los requisitos de seriedad y razonabilidad legales, lo que demostraba “una intención dilatoria”.
Ya en el último tramo de la audiencia, se terminó por rechazar el último pedido para que revisaran la autorización judicial que habían levantado los secretos bancario, fiscal y bursátil de Salmain.
Según la información publicada por el sitio Fiscales, esta medida fue ordenada como parte de una investigación paralela surgida ante la sospecha de existencia de un direccionamiento indebido de expedientes previsionales por parte de Salmain hacia determinados estudios jurídicos, en hechos que podrían configurar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la audiencia realizada el 27 de febrero pasado, y a pedido del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), Lanzón ya había autorizado la apertura por 90 días de esta línea de investigación y la habilitación del levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Salmain, que abarca desde el 1° de abril de 2023 hasta la actualidad.
El objetivo sería precisar posibles maniobras irregulares detectadas en el manejo de causas previsionales en el juzgado a cargo de Salmain. Según consta en el expediente de esta causa, le habría facilitado el acceso a 10 millones de dólares a una financiera mientras regía el cepo cambiario en 2023. Se cree que el dinero iba a ser enviado al exterior.
Al valorarse los pedidos, el juez Lanzón remarcó que la defensa no demostró “concreta existencia de un perjuicio” derivado del allanamiento ni aportó pruebas que permitieran controvertir la razonabilidad y proporcionalidad de la medida.
En síntesis, al rechazarse la nulidad del operativo y la devolución de los dispositivos secuestrados, la investigación judicial sobre Gastón Salmain continuará con todas las medidas validadas por el juez federal Román Lanzón.
Últimas Noticias
Le robaron la moto, la aseguradora nunca le contestó y ahora la Justicia ordenó a la empresa pagar una importante indemnización
El dueño de una Yamaha denunció haber vivido un “verdadero infierno” tras la sustracción del rodado ante la falta de respuesta de su compañía. Un tribunal castigó el silencio de la empresa y le ordenó abonar el valor actualizado del rodado más una compensación por daño moral, daño punitivo y privación de uso
Un accidente doméstico, una cirugía fallida de muñeca y una condena millonaria por las secuelas físicas y el daño moral
La caída desde una escalera derivó en una fractura que requirió operación y luego en una demanda por mala praxis médica. La Cámara Civil ratificó la responsabilidad profesional por las deficiencias en la intervención y por la falta de información adecuada sobre el procedimiento y sus riesgos
Iba a trabajar en su Ford Ka, el asfalto se hundió y el auto cayó en un pozo: el municipio deberá indemnizarla
Ocurrió en una zona muy transitada de Zona Norte. El pavimento cedió de repente y la conductora terminó en el hospital. Un fallo judicial determinó que la falta de mantenimiento vial fue la causa del accidente y ordenó compensar económicamente a la víctima por las secuelas físicas y el trauma sufrido
Villamide en el juicio por el ARA San Juan: “Previo al naufragio no había ningún documento que dijera que el submarino no estaba en condiciones de navegar”
El ex comandante de la Fuerza de Submarinos declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y cuestionó las conclusiones de la auditoría del ISGA de diciembre de 2016, uno de los pilares de la acusación. Refutó uno por uno sus quince subpuntos, cuestionó la segunda inspección realizada por Pérez Bacchi mientras él participaba del operativo de búsqueda, y cerró la audiencia con la voz quebrada: dijo que nunca fue llamado a dar explicaciones
El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa
La decisión, adoptada a pedido del fiscal Pollicita, incluye la revisión de activos y movimientos financieros vinculados a la pareja y a una empresa de su propiedad, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito
