La Fiscalía rechazó cerrar la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Con la causa estancada en la puerta de la elevación a juicio oral, el fiscal federal Ramiro González se pronunció en contra de un intento de la defensa de Alberto Fernández para declarar la nulidad de la investigación por violencia de género contra Fabiola Yañez. El reclamo del expresidente ahora está en manos del juez Daniel Rafecas, que definirá el futuro del caso.

Los abogados del exmandatario habían pedido la anulación de todo lo actuado en el expediente, principalmente, porque estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, a quien apartaron -ya con la investigación terminada- por sus diferencias personales con Fernández.

En un dictamen de 17 páginas al que accedió Infobae, el fiscal González refutó punto por punto esta estrategia de la defensa y pidió avanzar hacia el juicio oral.

La Fiscalía recordó que, al correr del caso a Ercolini, la Cámara Federal de Casación Penal aclaró en su fallo que la decisión se tomaba para descartar cualquier “temor de parcialidad”, pero “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Por lo tanto, el fiscal González consideró que las declaraciones testimoniales, los allanamientos y el procesamiento dictado mantienen plena vigencia legal, ya que no se demostró un perjuicio concreto derivado de una conducta impropia del juez original.

Luego del apartamiento de Ercolini, Fabiola Yañez cambió de abogados -antes la representaba Mauricio D’Alessandro, ahora lo hace Marcela De Leonardis- y, al parecer, también de estrategia.

Aunque no desistió de la querella contra el padre de su hijo, desde el entorno de Fernández y Yáñez dejaron trascender que en los últimos meses mejoró el diálogo entre ambos, y no cierran la puerta a un acuerdo. Esto, según indicaron fuentes judiciales, no elimina la posibilidad de que el exmandatario llegue a juicio, aunque sea solamente con impulso de la acusación pública.

Kafka y El Proceso

Alberto Fernández pidió que la causa vuelva a foja cero en octubre del año pasado, con un documento de 187 páginas. Abrió su planteo con una carta al juez Rafecas en la que comparó su situación procesal con la de Josef K., personaje de la novela a El Proceso de Franz Kafka.

“Ahora me toca a mí. Al igual que en la novela, otro “K.” que soporta cargos por hechos que jamás ha cometido y cuyo derecho a defenderse le ha sido hasta aquí sistemáticamente negado”, escribió.

El fiscal González le dedicó algunos párrafos a la referencia del expresidente: “Pese a los esfuerzos “literarios”, muestra una seria desconexión con la realidad”, cuestionó el funcionario del Ministerio Público.

Y siguió: “Parece un recurso habitual por parte del imputado, en un afán de protagonismo y centralidad, ubicarse como víctima de un proceso en el que Fernández es quien atormentó, golpeó, lastimó y amenazó a una mujer, su por entonces pareja, Fabiola Yáñez”.

Los chats y las fotos

Otro cuestionamiento de la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la letrada Silvina Carreira, es el origen de las pruebas en su contra.

El presidente cuestionó reiteradas veces la obtención de los chats del teléfono de María Cantero, quien fue su secretaria privada. Es que los mensajes con Fabiola que dispararon las sopechas de violencia de género se encontraron cuando el celular fue peritado en otra investigación, conocida como la causa Seguros.

Ese expediente, por entonces, también estaba a cargo del juez Ercolini, quien a criterio de la defensa “omitió establecer límites a la búsqueda de información en el celular de Cantero”, lo que “configura una violación grave y frontal a las garantías constitucionales esenciales, como el debido proceso, la intimidad, la legalidad y el control judicial efectivo”.

La defensa calificó ese procedimiento como una “excursión de pesca” y solicitó excluir cualquier evidencia derivada de allí, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Ante esto, el fiscal del caso respondió que el juez Rafecas carece de competencia para revisar medidas ordenadas por otro Juzgado en un expediente diferente. Argumentó que si la defensa pretendía cuestionar la legalidad de la pericia sobre el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández, debió hacerlo ante Ercolini y no en este incidente.

Por último, la Fiscalía sostuvo que anular todo el proceso y volver a empezar de cero implicaría una revictimización “inaceptable” para la denunciante y contravendría el deber de garantizar un acceso rápido y eficaz a la justicia.

Con estos fundamentos, solicitó al juez Rafecas que se rechace el planteo. Alberto Fernández está procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.