La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) inició esta semana una nueva etapa institucional luego de la juramentación del abogado y notario Jorge Alberto Cálix Orellana como nuevo director ejecutivo, tras la salida de la abogada Elizabeth Rodríguez, quien apenas permaneció 110 días al frente de la institución.
El cambio ocurre en medio de movimientos internos, cuestionamientos sobre administraciones anteriores y nuevas denuncias relacionadas con el manejo de fondos públicos dentro de la entidad encargada de custodiar bienes decomisados por el Estado hondureño.
La noticia fue confirmada por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien explicó que Rodríguez dejará la titularidad de la OABI para asumir la dirección de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).
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“La abogada Elizabeth tiene un vasto perfil y nos puede ayudar mucho a coordinar, controlar y apoyar todo ese flagelo de la explotación sexual”, expresó Castro durante declaraciones brindadas a medios nacionales.
Rodríguez se convierte así en la primera funcionaria removida de su cargo dentro del actual gobierno, aunque oficialmente las autoridades insisten en que se trata de una reubicación administrativa y no de una destitución disciplinaria.
En sustitución fue nombrado el abogado Jorge Alberto Cálix, profesional originario del occidente de Honduras y padre del alcalde de Gracias, Lempira, cercano al círculo político del oficialismo.
La OABI es considerada una de las instituciones más sensibles dentro del aparato estatal hondureño debido a que administra, custodia y dispone de bienes asegurados, decomisados o incautados en procesos vinculados al narcotráfico, corrupción, lavado de activos y crimen organizado.
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Entre los activos bajo control de la institución figuran propiedades, empresas, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes decomisados durante investigaciones judiciales.
El cambio de autoridades ocurre además en una semana marcada por una nueva denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el exdirector ejecutivo de la OABI, Marco Antonio Zelaya, acusado de presunto abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
Según la investigación del CNA, durante la pasada administración se habría autorizado un préstamo irregular por 26 millones de lempiras a favor de una empresa bajo tutela de la misma OABI.
El organismo anticorrupción señaló que los fondos provinieron parcialmente de cuentas pertenecientes a empresas incautadas cuya situación jurídica aún estaba en litigio, algo prohibido por el reglamento interno de la institución.
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De acuerdo con el CNA, 17.5 millones de lempiras habrían sido extraídos de cuentas vinculadas a una sociedad mercantil bajo proceso judicial, mientras otros 8.5 millones provenían directamente de fondos propios de la OABI.
La denuncia también sostiene que se omitieron procedimientos obligatorios contemplados en el reglamento institucional, incluyendo estudios de factibilidad financiera y dictámenes técnicos previos para autorizar movimientos de esa magnitud.
Aunque las actuales autoridades no han vinculado directamente la salida de Elizabeth Rodríguez con la denuncia contra administraciones anteriores, el contexto ha provocado diversas interpretaciones políticas y cuestionamientos sobre el estado interno de la institución.
Analistas consideran que la OABI enfrenta uno de sus momentos más delicados debido a la necesidad de fortalecer controles administrativos y transparentar el manejo de bienes incautados por el Estado.
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La institución ha sido históricamente objeto de controversias relacionadas con administración de activos, procesos judiciales pendientes y denuncias sobre uso indebido de recursos decomisados.
Con la llegada de Jorge Alberto Cálix, el gobierno busca abrir una nueva etapa dentro de la OABI en momentos donde distintos sectores exigen mayor fiscalización y transparencia sobre el destino de millones de lempiras en bienes asegurados por el Estado hondureño.
Mientras tanto, el Ministerio Público deberá determinar si procede o no penalmente contra exfuncionarios señalados en las recientes denuncias presentadas por el CNA.
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