El inicio del juicio oral por la presunta defraudación millonaria en el programa de construcción de viviendas “Sueños Compartidos”, el escándalo que envuelve a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a ex altos funcionarios del kirchnerismo, sufrió una nueva postergación. El debate, que estaba previsto para comenzar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, se pospuso finalmente para el próximo 4 de marzo.
La reprogramación obedece a una cuestión procesal de último momento que obligó a frenar toda la maquinaria judicial: el cambio de defensa de uno de los acusados. El ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, Carlos Castellano, desistió de continuar con su abogado particular y solicitó la asistencia de un defensor oficial.
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Ante esta modificación, la ley procesal establece un plazo perentorio de 10 días hábiles para que la nueva defensa pueda estudiar el voluminoso expediente y garantizar el debido proceso. Esto forzó al Tribunal Oral Federal 5 a fijar la nueva fecha en el calendario.
Una carrera contra el reloj
La postergación no es un dato menor, sino que enciende las alarmas en un expediente que ya lleva 15 años de trámite -la causa se inició en 2011- y que enfrenta un riesgo real e inminente de quedar sin juicio.
Y es que en septiembre de este año se cumplirá el plazo para la prescripción de la acción penal. Esto se debe a que habrá transcurrido el tiempo máximo de la pena prevista para el delito de administración fraudulenta (seis años de prisión) desde el último acto procesal que interrumpió los plazos. Si no hay sentencia antes de esa fecha, el caso podría quedar en la nada.
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Los protagonistas
El juicio sentará frente a los jueces a una lista de imputados que mezcla la política de alto nivel con la crónica policial histórica. Los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes gerenciaban el programa de la Fundación.
Junto a ellos estarán ex funcionarios clave de la gestión de Cristina Kirchner, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, famoso por los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez. También había sido enviada a juicio Hebe de Bonafini, la histórica titular de Madres de Plaza de Mayo, fallecida en noviembre de 2022.
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La ruta del dinero y las obras fantasma
El juicio oral estará a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la acusación del fiscal general Diego Velasco. El objetivo es esclarecer qué pasó con la lluvia de fondos que el Estado nacional giró a la Fundación entre marzo de 2008 y junio de 2011.
La hipótesis fiscal es contundente: de un total de 748 millones de pesos transferidos para la construcción de viviendas sociales, unos 206 millones de pesos fueron desviados de su fin específico. El dinero, según la acusación, habría terminado en empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de convertirse en casas para los sectores vulnerables.
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Las obras debían realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones, y en los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de las ciudades de Bariloche y Rosario.
Testigos del poder
Por Comodoro Py desfilarán como testigos figuras de peso político que estuvieron rozadas por la investigación. Entre ellos se encuentran el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el actual intendente de Tigre, Julio Zamora; el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs; y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.
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Todos ellos fueron investigados e indagados en su momento, pero resultaron sobreseídos porque la Justicia determinó que no tuvieron margen de maniobra: desde el gobierno nacional se los “obligaba” a ejecutar las obras a través de la Fundación de las Madres y no se comprometieron fondos de las arcas provinciales o municipales. Ahora, deberán contar su verdad bajo juramento.
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