La compleja trama de corrupción que habría operado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre finales de 2023 y octubre de 2025 se robó de las arcas del Estado, al menos, unos 6.000 millones de pesos. Así lo reflejó este lunes el juez federal Sebastián Casanello, al procesar al ex director del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados.
La cifra es el piso del dinero que se habría llevado la asociación ilícita que investiga el fiscal Franco Picardi mediante el direccionamiento de compras millonarias de medicamentos e insumos. Son exactamente $5.984.594.394 que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó en sobreprecios, apenas en una muestra de 11 fármacos analizados.
“Si bien a lo largo de la presente se relevó una porción nítida de la operatoria, se sospecha que la magnitud ha sido mayor”, sostuvo Casanello en su resolución, a la que tuvo acceso Infobae.
La asociación ilícita
La investigación del fiscal Picardi reveló la existencia de una organización criminal mixta, presuntamente liderada por los más altos funcionarios del organismo y lobistas del sector de la salud, quienes montaron una estructura paralela para direccionar compras millonarias de medicamentos.
El mecanismo principal consistió en la implementación de un sistema de “compulsas especiales”. A diferencia de las licitaciones abiertas y transparentes, estas contrataciones se caracterizaron por invitar a un grupo cerrado de empresas preseleccionadas.
Las firmas beneficiadas, principalmente Droguería Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, coordinaban sus ofertas para alternarse las adjudicaciones.
El volumen total de dinero público que direccionó esta estructura asciende a 30.337 millones de pesos. El dato se desprende de las órdenes de compra correspondientes a 21 procesos licitatorios supuestamente manipulados.
Al analizar el reparto de estos fondos millonarios, los investigadores observaron que las firmas Profarma y Génesis acapararon la mayor parte del negocio, quedándose con contratos por más de 16.500 millones y 11.700 millones de pesos respectivamente, enfocados principalmente en medicamentos de alto costo.
Por su parte, las droguerías New Farma y Floresta se concentraron en el suministro de insumos específicos como implantes auditivos y audífonos, facturando el resto del monto total investigado. Para la acusación, toda esta masa de dinero representa el beneficio indebido que obtuvo el grupo criminal gracias a la eliminación de la competencia real.
Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, validaron estas operaciones sabiendo que los precios ofertados superaban ampliamente los valores de mercado, y habrían recibido coimas a cambio del desfalco de los fondos de Discapacidad.
Según consta en la causa, el ex director de ANDIS recibió dinero en efectivo y otros beneficios económicos por parte del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como el organizador de la asociación ilícita, nexo entre el Estado y el sector privado, y supuesto dueño en las sombras de Droguería Profarma, una de las grandes beneficiadas.
Ya se conocía que Calvete le había entregado a Spagnuolo cinco millones de pesos en junio de 2025. Ahora se supo que los sobornos también se habrían canalizado mediante el pago de gastos personales. El fiscal Picardi detectó transferencias desde la empresa Indecomm S.R.L., propiedad de Calvete, hacia una mueblería para adquirir equipamiento destinado a la vivienda particular de Spagnuolo en el barrio cerrado “Altos de Campo Grande”.
Tal como reveló Infobae, también se verificó que el entonces funcionario hizo una remodelación millonaria de la propiedad, y pagó con dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar con sus ingresos formales. En su caja de seguridad se hallaron 82.000 dólares y cerca de 3.000 euros no declarados ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Su defensa insiste en que los tiene desde antes de llegar al Estado, de la mano del presidente Javier Milei.
A través de Profarma, Calvete no solamente habría conseguido negocios con sobreprecios: también se sospecha que usó la empresa para disimular el pago de coimas a los funcionarios y mover el dinero para “lavarlo”, mediante otras firmas y actores involucrados.
El resto de los acusados
El esquema de cohecho se extendió a otros integrantes de la cúpula de la ANDIS. Daniel Garbellini, quien supervisaba el circuito administrativo, recibió lo que en las conversaciones internas denominaban “ofrendas”. Su incremento patrimonial, según la investigación judicial, se materializó en costosas obras en su casa del “El Pato Country Club”, donde construyó un quincho y ampliaciones por las que pagó multas millonarias al consorcio.
Junto a Spagnuolo, Calvete y Garbellini, el cuarto “jefe” de la asociación ilícita que señaló la Justicia es el empresario Pablo Atchabahian, quien dirigía “de facto” la ANDIS. Aprovechando su experiencia previa como ex funcionario del organismo -fue director de Acceso a los Servicios de Salud en la gestión de Cambiemos- daba órdenes directas a las autoridades formales sobre qué empresas contratar y a cuáles beneficiar.
Por su parte, Eduardo “Pino” González, otro director nombrado bajo la influencia de Calvete, cobró miles de dólares en billetes y cheques a los pocos días de asumir su cargo.
Un rol clave en esta estructura lo ocupó Lorena Di Giorno, quien funcionó como una “doble agente”. Mientras ocupaba un cargo público en la Agencia, trabajaba simultáneamente para las empresas favorecidas. La investigación encontró pruebas de que Di Giorno facturó millones de pesos a las droguerías de Calvete en concepto de “honorarios” y recibió transferencias bancarias directas mientras facilitaba los trámites internos para asegurar los pagos del Estado a esas mismas compañías. Su actuación permitió a los empresarios tener acceso privilegiado a información interna y manipular los expedientes administrativos.
La connivencia entre lo público y lo privado llegó al punto de que las decisiones sobre qué comprar y a quién adjudicar se tomaban a través de servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram, muchas veces utilizando seudónimos para ocultar las identidades. Luego, estas decisiones se volcaban en el sistema informático oficial para darles apariencia de legalidad.
Los empresarios, como Pablo Atchabahian y Andrés Arnaudo, tenían injerencia directa en la designación de personal dentro del organismo y en la remoción de aquellos empleados que obstaculizaban sus negocios.
La lista de procesados se completa con Diego Martín D’Giano, ex Director de Prestaciones Médicas; Roger Edgar Grant, empleado de la ANDIS; Luciana Ferrari ex empleada del laboratorio Roche; Silvana Vanina Escudero, de Droguería New Farma S.A.; Alejandro Gastón Fuentes Acosta, de Droguería Floresta S.A.; Patricio Gustavo Rama, funcionario y vinculado a New Farma S.A.; Federico Maximiliano Santich, socio de Calvete; Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete; Patricia Canavesio, colaboradora de Calvete; Ornella Calvete, hija del empresario y ex funcionaria del Ministerio de Economía; Ruth Noemí Lozano, prestanombre en Profarma; y Julio César Viera, chofer y colaborador.
Además de estos procesamientos, el juez Casanello ordenó citar a declaración indagatoria a otras seis personas: Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. También a las cuatro droguerías involucradas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
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