La fiscalía pidió 18 años años de prisión para el ex juez Walter Bento por corrupción judicial

La fiscalía pidió este jueves 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Ricardo Bento, a quien ubicó como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de beneficios procesales desde el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. El planteo fue formulado durante el juicio de cesura, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 mendocino lo declarara culpable el martes por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, entre otros.

La acusación también solicitó un total de seis años de prisión para la esposa del exmagistrado, Marta Isabel Boiza, tras ser hallada culpable por el delito de lavado de activos agravado y otros dos ilícitos más.

La exposición del Ministerio Público se dio en el marco del juicio de cesura, una fase del proceso penal destinada a determinar la pena concreta que corresponde a cada uno de los 17 imputados hallados culpables. Al debate oral habían llegado 33 imputados, de los cuales el resto resultó absuelto o desvinculado en distintas etapas del proceso.

La audiencia correspondió a la segunda jornada de cesura, que se reanudó a las 15.20 tras un cuarto intermedio dispuesto luego de las declaraciones brindadas por la mañana por el propio Bento. En esa instancia también declararon su esposa, y su hijo Nahuel Agustín Bento Boiza, hallado culpable por lavado de activos agravado, mientras que el segundo hijo del matrimonio fue absuelto. Además, prestaron declaración otros imputados que resultaron condenados en el debate oral.

En primer término intervino la fiscal María Gloria André, quien estructuró su alegato sobre agravantes de especial entidad vinculadas al rol institucional de Bento, a la naturaleza de los hechos y a la persistencia del entramado criminal. Al describir la asociación ilícita, sostuvo que “el centro de esta organización haya sido un juzgado penal del Poder Judicial de la Nación es una circunstancia que claramente debe ser valorada como agravante”.

André remarcó que la organización —integrada por un juez, abogados y un comisario— alcanzó un grado extremo de complejidad, con división de roles y estabilidad en el tiempo. Según explicó, la operatoria se sostuvo mediante el aprovechamiento de la tramitación regular de los expedientes, lo que permitió ejecutar maniobras ilícitas sin alterar formalmente los procesos judiciales. En ese sentido, advirtió que “no solo se aprovechó el trámite regular, sino también el trabajo probo y honesto de los empleados del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza”.

Al abordar el cohecho, la fiscalía diferenció responsabilidades individuales y precisó que Bento actuó como autor de cohecho pasivo en ocho hechos, todos ellos de entidad suficiente como para descartar la aplicación del mínimo legal. En cuanto a sus condiciones personales, descartó atenuantes vinculados a inexperiencia o necesidad económica y sostuvo que “el único móvil que lo determinó a delinquir fue el afán de lucro, una codicia excesiva”, circunstancia que calificó como agravante.

André también le atribuyó el mayor grado de responsabilidad dentro del entramado delictivo, al considerarlo el único sujeto indispensable para la comisión tanto del delito de asociación ilícita como de los hechos de cohecho, con una actuación intensa, reiterada y sostenida durante varios años.

Luego tomó la palabra el fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien centró su exposición en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Puso el acento en la condición de funcionario público del imputado y en el cargo específico que ocupaba, al tratarse de un juez federal con competencia penal y electoral.

Velasco subrayó que Bento “no es un funcionario cualquiera”, sino un magistrado que ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía en la provincia, con una formación profesional directamente vinculada a la materia penal y financiera. Esa circunstancia, explicó, “lo coloca en una posición distinta a la de cualquier otra persona”, lo que debe ser ponderado como agravante al momento de individualizar la pena.

Cerca de las 16.30, André retomó la palabra y solicitó, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta y perpetua para el exjuez, al considerar que la gravedad de los hechos y el daño institucional provocado tornan incompatible su eventual reinserción en el ejercicio de funciones públicas.

Al precisar el pedido de pena, la fiscal repasó las escalas penales de los delitos atribuidos y sostuvo que, conforme al artículo 55 del Código Penal, la escala aplicable para fijar una pena única oscila entre los 5 y los 50 años de prisión. Dentro de ese marco, y atendiendo a las circunstancias agravantes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 18 años de prisión, una multa superior a los 752 millones de pesos, la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (artículo 12 del Código Penal) y la inhabilitación absoluta perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito.

El pedido de pena se formuló tras el veredicto unánime dictado el martes por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas, que declaró a Bento culpable como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo (ocho hechos), enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica (dos hechos) y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba, con imposición de costas.

El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con alrededor de 300 testigos y un volumen significativo de prueba documental y digital. Según la acusación, el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, mediante pagos en efectivo, vehículos y operaciones inmobiliarias.

Bento permanece detenido desde noviembre de 2023 en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, luego de haber sido destituido por mal desempeño por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. El proceso continuará este viernes, cuando el tribunal determinará la pena concreta que deberá cumplir cada uno de los imputados condenados. Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos en una instancia posterior.