Aceptaron al “Chiqui” Tapia como querellante en la causa por extorsiones contra dirigentes de la Coalición Cívica

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue aceptado como querellante este jueves en la causa que investiga a dirigentes de la Coalición Cívica por presuntas extorsiones mediante denuncias judiciales. Así lo decidió el juez de Garantías Walter Saettone, a cargo del expediente.

La decisión fue tomada luego de que Tapia ratificara el miércoles su denuncia contra el legislador porteño Facundo Del Gaiso y el asesor Matías Yofe, quienes son justamente los denunciantes en el caso de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, supuestamente adquirida por autoridades del fútbol argentino a través de testaferros.

Los dirigentes del partido que lidera Elisa Carrió, según la denuncia de Tapia, habrían actuado en connivencia con el empresario Leandro Camani.

Ahora el presidente de la AFA pasó de ser denunciante a acusador particular contra Del Gaiso, Yofe y Camani. La resolución judicial le permite a Tapia y a su abogado, Gregorio Dalbón, tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar activamente en la investigación.

El juez Saettone consideró que existen elementos suficientes para declarar a Tapia como damnificado.

El contraataque de Tapia

El “Chiqui”, además de ser el presidente de la AFA, también es el titular del CEAMSE, organismo encargado de la gestión de residuos en el AMBA. De acuerdo a la versión que aportó a la Justicia, todo comenzó con la instalación irregular de cámaras de control vehicular en el Camino del Buen Ayre, corredor vial administrado justamente por esa entidad.

Según declaró el propio Tapia en una audiencia virtual este miércoles, su administración detectó que los equipos de fotomultas colocadas en esta autopista no contaban con licitación ni autorización legal por parte del CEAMSE.

Al notar esta irregularidad, ordenó cortar el suministro eléctrico de las cámaras, lo que habría generado una reacción inmediata de los empresarios afectados.

El principal apuntado en la declaración del presidente de la AFA es Leandro Camani, titular de la empresa Secutrans, dedicada a la provisión, instalación y explotación comercial de las fotomultas. De acuerdo con el testimonio brindado ante la fiscalía, Camani habría exigido mediante intermediarios que se restableciera la energía a los equipos de fiscalización.

Ante la negativa, Tapia relató que comenzaron las amenazas: fue entonces cuando le habrían hecho saber que iniciarían contra él una ofensiva en la Justicia. Toda la secuencia que reconstruyó el presidente de la AFA habría ocurrido entre agosto y septiembre del año pasado.

Tiempo después estalló el escándalo, con múltiples causas judiciales que se activaron contra la Asociación y sus directivos. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, afirmó Tapia por primera vez este miércoles, en sede judicial y bajo juramento.

Según la querella, Yofe y Del Gaiso cumplieron un rol de ejecutores en la presunta operación de Camani, encargándose de presentar denuncias penales contra Tapia y de amplificar la información negativa en redes sociales justo en el momento en que se disputaba el control del negocio de las infracciones de tránsito.

La versión del empresario es diametralmente opuesta: “No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”, se defendió en un escrito presentado al juez Saettone.

La denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica se incorporó a un expediente que ya estaba en trámite, donde puntualmente se lo había señalado a Yofe por otro caso de extorsiones. En la causa, cuya investigación está a cargo del fiscal Germán Camafreita, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al denunciante de la mansión de Pilar.

El dirigente pilarense está bajo sospecha tras haber sido denunciado por un ex chofer de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense también denunciado por Yofe.

Según este empleado, Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en el marco de la causa por el fraude con las fotomultas en la que D’Onofrio está procesado en la Justicia Federal de Zárate-Campana.