
La causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela bajo el principio de justicia universal vivió este miércoles una jornada de definiciones clave en los tribunales federales de Comodoro Py. En un movimiento coordinado que estrecha el cerco judicial sobre el chavismo, la Justicia argentina blindó la investigación desde dos frentes simultáneos: mientras en primera instancia se activaba el pedido de extradición contra Nicolás Maduro, la Cámara Federal de Casación Penal ratificaba a los jueces que ordenaron esa estrategia.
El máximo tribunal penal del país, que actúa como última instancia antes de la Corte Suprema, rechazó un recurso de la defensa de Justo José Noguera Pietri, ex funcionario de alto rango del régimen chavista. El planteo buscaba apartar del expediente a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La decisión, firmada este miércoles por la Sala II de Casación, desactiva una maniobra procesal que apuntaba al corazón de la causa. Si la defensa lograba desplazar a los camaristas, corría riesgo la validez de todas las órdenes que ellos impartieron, incluido el mandato que hoy llevó al juez federal Sebastián Ramos a librar el exhorto de extradición hacia los Estados Unidos.
El fallo
Al analizar el caso, la Sala II de Casación cerró la puerta al reclamo por una cuestión formal. Los jueces Guillermo J. Yacobucci y Carlos A. Mahiques resolvieron que ni siquiera correspondía tratar la queja de la defensa.
¿El motivo? La defensa de Noguera Pietri, encabezada por el abogado Fernando Sicilia, intentaba apelar la decisión que había rechazado su recusación contra los camaristas. Sin embargo, Casación sostuvo que ese tipo de fallos no son una “sentencia definitiva” ni equiparable, por lo que el máximo tribunal penal no está habilitado para intervenir en esta etapa del proceso.
“La parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida”, señalaron los jueces, indicando que la defensa no logró demostrar una arbitrariedad o una “cuestión federal” que justificara saltar la barrera de admisibilidad. Así, sin entrar al fondo de la discusión, dejaron firme a la Cámara Federal.
La jueza Angela E. Ledesma, en cambio, votó en disidencia. Consideró que el planteo estaba bien formulado y que el tribunal debía analizar si los camaristas habían perdido imparcialidad, pero su postura quedó en minoría.
“Prejuzgamiento”
Para comprender la importancia de este fallo, hay que mirar la estrategia de la defensa del general chavista. El abogado Sicilia había argumentado que existía un “temor fundado de parcialidad” respecto a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens.
¿Su razón? Sostiene que al haber revocado el archivo de la causa en abril de 2024 y al haber ordenado directamente las indagatorias y capturas internacionales de Maduro, Diosdado Cabello y el propio Noguera Pietri, los camaristas ya emitieron una opinión sobre el fondo del asunto. Para la defensa, los jueces ya “decidieron” que hay culpabilidad antes de escuchar a los acusados, lo que violaría el debido proceso.
Sin embargo, la Justicia argentina confirmó que esas decisiones son parte de las atribuciones de la Cámara para dirigir la investigación, especialmente en casos de extrema gravedad institucional donde se aplica la jurisdicción universal ante la inacción de los tribunales locales (en este caso, los de Venezuela).
El pedido de extradición
La ratificación de los camaristas es vital porque ellos son el “motor” de este expediente. El juez de primera instancia, Sebastián Ramos, actúa en esta causa siguiendo las directivas de esa Sala I.
De hecho, la noticia de Casación se conoció casi al mismo tiempo que Ramos firmaba la resolución de cuatro páginas en la que libró el exhorto a los Estados Unidos solicitando la extradición de Maduro. En ese documento, Ramos dejó en claro que su accionar responde a “dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala I” en sus fallos de septiembre de 2024 y enero de 2026.

Justo José Noguera Pietri es un Mayor General que ocupó cargos neurálgicos en el aparato del chavismo. Fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fuerza señalada por múltiples organismos internacionales como responsable de la represión callejera, el uso excesivo de la fuerza y torturas contra manifestantes.
Además, Noguera Pietri fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y gobernador del estado Bolívar, una zona clave por la minería ilegal y el control territorial. La querella del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) lo señala como uno de los responsables directos del “plan sistemático” de persecución a opositores.
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