Mientras en la sala virtual del Tribunal Oral Federal 7 la defensa de Cristina Kirchner planteaba la nulidad de la Causa Cuadernos, en la fiscalía federal Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli, este martes se daba un paso decisivo para cerrar el círculo sobre el destino de esos sobornos. Fue a través de la presentación de un voluminoso requerimiento de elevación a juicio en el que se solicitó que 35 imputados se sienten en el banquillo, acusados de haber montado una maquinaria de lavado de activos destinada a blanquear la fortuna del fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz.
La presentación fue realizada en el marco de la causa CFP 17.459/2018, un expediente conexo a la causa Cuadernos que tramita en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello.
El requerimiento, al que accedió Infobae, es una radiografía minuciosa de cómo los bolsos con dinero que Muñoz recibía en el departamento de los Kirchner, en la calle Uruguay, o en la Quinta de Olivos, terminaron convertidos en activos “blancos”: desde una reconocida fábrica de nebulizadores y una red de farmacias en la Patagonia, hasta garajes comerciales en Belgrano y Villa Urquiza, flotas de camiones y estancias en Santa Cruz.
El “clan” al banquillo
Stornelli solicitó el enjuiciamiento de una larga lista de implicados, acusándolos de ser coautores o partícipes de una estructura dedicada a “convertir, transferir, administrar, vender y disimular” fondos ilícitos. Entre los principales nombres figuran:
- El círculo íntimo: Carolina Pochetti (viuda de Muñoz) y su entorno familiar, incluyendo a su hermana Alejandrina Pochetti, su madre Stella Marys Blanco y su primo político Pablo Gastón Raies. También Franco Daniel Muñoz, hijo del ex secretario.
- Los “cerebros” financieros: Víctor Alejandro Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, señalado como el arquitecto de sociedades clave como Madaco S.A. y MM Servicios S.A.; y los contadores Daniel Roberto Eloy Bona y Gabriel Fernando Diéguez.
- Los testaferros y gestores: el empresario marplatense Sergio Esteban Todisco y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy (claves en la estructura offshore, aunque este tramo se centra en lo local); Carlos Temístocles Cortez, pieza central en las inversiones farmacéuticas; y los hermanos Rubén Horacio y Leonardo Daniel Llaneza.
- El entorno político: Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el “jardinero” de los Kirchner, acusado de gestionar bienes en El Calafate; y Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz.
- Otros implicados: La lista se completa con Roberto Néstor Sosa (ex secretario de Muñoz), Fausto Alejandro Machado (chofer y asistente), Mauro Gabriel Profético, Jorge Antonio Galitis, Luis Antonio Gugino, Gustavo Sergio Dorf (vinculado a las blindadoras) y varios prestanombres que figuraron en sociedades, como Mariano Antonio Montes (escribano), Segundo Pantaleón Córdoba, entre otros.
Las inversiones millonarias
Uno de los capítulos más destacado del escrito detalla la incursión del dinero de la corrupción en el rubro salud. Stornelli describe la compra de la mayoría accionaria de la firma San Up S.A., líder en la fabricación de nebulizadores.
Según la acusación, aunque la operación se formalizó por montos menores, la inversión real de Muñoz habría alcanzado los 34 millones de dólares. Para esta maniobra se utilizó a la firma Maquinarias Zurich S.A. y la intervención de Cortez y los hermanos Llaneza, quienes actuaron como pantallas para la inyección de capitales.
En paralelo, se detectó una inversión de aproximadamente 8,5 millones de dólares en el llamado “Grupo Llaneza” o “Grupo Autofarma”. Se trata de un conglomerado de 19 farmacias distribuidas en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, operadas a través de sociedades como “Farmacia Llomar”, “Del Pueblo S.A.” y “Patagonia Sur Salud”. La investigación determinó que Carolina Pochetti llegó a figurar como adquirente del 50% de las acciones de varias de estas firmas, pagando supuestamente en efectivo.
La red de garajes y las “cuevas”
El “ladrillo” fue el refugio predilecto para los billetes físicos. El requerimiento detalla la compra y explotación de garajes comerciales en la Ciudad de Buenos Aires, gestionados a través de las sociedades Cayuqueo SACIIFCYA, Madaco S.A. y Malabia 1741 S.A..
Los establecimientos identificados son:
- Amenábar 1934/36 (Belgrano).
- Pedro Ignacio Rivera 5761/69 (Villa Urquiza).
- Malabia 1741 (Palermo).
Para ocultar la titularidad de estos negocios tras el escándalo de los Panamá Papers y la muerte de Muñoz, se diseñaron maniobras de venta simulada y alquileres ficticios con nuevas sociedades como Particular Group S.A. y HCDA S.A., donde intervinieron testaferros como Mauro Profético.
Estancias, camiones y blindados
La diversificación del lavado no tuvo límites. El fiscal Stornelli imputa la compra de las estancias “La Lucía” y “El Rodeo” en Santa Cruz, adquiridas por Manzanares en comisión para Madaco S.A., con pagos que, aunque subvaluados en los papeles, implicaron desembolsos reales de cientos de miles de dólares.
También se investigó la flota de transporte pesado. A través de la firma Vial Sur S.A. y Trans Ecológica S.R.L., se adquirieron decenas de camiones, tractores y maquinaria vial. En el caso de Trans Ecológica, la fiscalía sostiene que Muñoz inyectó veladamente unos 15 millones de dólares.
Incluso el rubro seguridad estuvo bajo la lupa. Se detectó la vinculación con Armoring Systems S.A., la empresa de blindaje de vehículos de Gustavo Dorf. Según el escrito, Muñoz habría ingresado como accionista en las sombras e inyectado capital para la compra de un inmueble en Vicente López, además de adquirir vehículos de alta gama a través de la firma.
El extenso dictamen ahora está en manos del juez Casanello, quien deberá correr vista a las defensas. Si confirma la elevación, este “ejército” de testaferros deberá explicar en un juicio oral cómo un secretario privado logró amasar un imperio que va desde Miami (ya elevado a juicio) hasta los rincones más australes de la Patagonia.
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