Ecuador suspendió minería en Napo y paralizó plantas de beneficio en el sur del país

El Gobierno de Ecuador dispuso la suspensión inmediata de las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo y la paralización de todas las plantas de beneficio minero en Portovelo y otros cantones de El Oro, así como en sectores de Loja, como parte de una decisión que las autoridades calificaron de urgente y preventiva frente a los graves niveles de contaminación ambiental detectados en ríos y fuentes de agua.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo a través de Inés Manzano, quien dirige el Ministerio de Ambiente y Energía y se sustenta en informes técnicos que evidencian la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas en concentraciones superiores a los límites permitidos por la normativa ambiental. De acuerdo con la información oficial, los análisis identificaron rastros de arsénico, cadmio, plomo, cobre y cianuro, principalmente en sistemas hídricos que abastecen a comunidades locales y desembocan en cuencas de alta sensibilidad ecológica.

En el caso de Napo, la suspensión abarca toda la actividad minera, sin distinción entre operaciones artesanales, pequeñas, medianas o de carácter formal. La resolución gubernamental no establece, por el momento, un plazo definido para la reactivación del sector en esta provincia amazónica, lo que deja la medida en un escenario de duración indefinida condicionado a nuevas evaluaciones ambientales y de seguridad. Según las autoridades, la minería —en especial la ilegal— ha generado alteraciones severas en el cauce de los ríos, deforestación acelerada y afectaciones directas a ecosistemas considerados estratégicos por su biodiversidad.

En paralelo, el Gobierno ordenó la suspensión de las plantas de beneficio minero, instalaciones donde se procesa el material aurífero extraído, en Portovelo y otras zonas de El Oro, así como en áreas mineras de Loja. Portovelo concentra históricamente decenas de estas plantas, que procesan mineral proveniente tanto de concesiones legales como de operaciones informales. Las autoridades señalaron que, aun cuando algunas plantas cuentan con permisos, los impactos acumulados sobre el ambiente y el manejo inadecuado de desechos justifican una intervención integral.

El Ejecutivo enmarcó la decisión dentro de una estrategia más amplia de lucha contra la minería ilegal y de protección de los recursos hídricos. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, la contaminación detectada no solo representa un riesgo ambiental, sino también un problema de salud pública, al comprometer el acceso al agua segura para consumo humano, agricultura y pesca. La suspensión busca frenar de manera inmediata la descarga de residuos mineros mientras se ejecutan controles, inspecciones y procesos de remediación.

Para la aplicación de la medida, el Gobierno dispuso la articulación de varias entidades del Estado. La Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedaron a cargo de las tareas de control, clausura y vigilancia, con el objetivo de evitar que las actividades suspendidas continúen de manera clandestina. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la resolución podría derivar en sanciones administrativas y penales.

Desde el Ejecutivo se insistió en que la decisión no responde a un giro general en la política minera del país, sino a una acción focalizada frente a situaciones críticas. No obstante, la suspensión tiene implicaciones económicas y sociales relevantes, especialmente en zonas donde la minería constituye una fuente central de ingresos para miles de familias. El Gobierno no detalló, al momento del anuncio, medidas de compensación o planes de transición productiva para los trabajadores afectados, aunque señaló que se evaluarán alternativas en coordinación con otras carteras de Estado.

La suspensión minera en Napo, Portovelo y sectores de Loja se produce en un contexto de creciente presión pública por los impactos ambientales de la minería, particularmente en la Amazonía y en distritos auríferos históricos. Organizaciones ambientales y comunidades locales han denunciado durante años la contaminación de ríos y la expansión de economías ilegales asociadas a la extracción de oro.