La artista brasileña Paula Parisot, acusada de estafar a la abuela de sus hijos por $59 millones, admitió su culpabilidad

La artista brasileña Paula Parisot, acusada de haber presentado documentación apócrifa para obtener reintegros económicos indebidos por un monto cercano a los $59 millones de pesos, solicitó el beneficio de la “probation” (suspensión del juicio a prueba) para evitar la realización de un juicio oral, según figura en la causa. Este mecanismo implica la admisión de responsabilidad penal en los hechos investigados.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía reuniera un volumen de pruebas que, de acuerdo a fuentes judiciales, tornaban inviable una estrategia absolutoria en un debate oral y público. En ese contexto, la artista optó por aceptar las condiciones impuestas por el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió suspender el proceso a cambio del cumplimiento de estrictas reglas de conducta, tareas comunitarias y compromisos reparatorios.

Parisot nació en Río de Janeiro y su trabajo interdisciplinario exploró en campos como la literatura, la pintura y la escultura; el diseño, los actos performáticos y la producción en video. La abuela de los hijos de Parisot, quien impulsó la denuncia, había asumido la responsabilidad de manutención de sus nietos tras el fallecimiento del padre, hijo de la denunciante.

La investigación

La investigación sostiene que Parisot presentó más de 150 comprobantes falsos, entre facturas, recibos y documentos con sellos apócrifos, para simular gastos vinculados a la crianza y educación de sus hijos. Con esa documentación, habría reclamado reintegros económicos ilegítimos a la abuela de los menores, una mujer de 84 años, residente en Brasil.

Entre los supuestos gastos figuraban pagos por educación, actividades deportivas y clases particulares que no existieron o nunca fueron prestadas en los términos declarados. Según la acusación fiscal, la operatoria se habría desarrollado de manera sistemática y prolongada en el tiempo.

Entre las personas mencionadas en la investigación figura una joven, hija de la actual pareja de Parisot, quien según declaró bajo juramento, percibió más de 2.600 dólares por el supuesto dictado de clases particulares a los hijos de la mujer, con quienes convivía. Sin embargo, durante su testimonio reconoció no contar con capacitación ni formación docente, pese a que en redes sociales se presenta como “asesora de arte”.

Certificados falsos de instituciones reales

Un punto central de la causa fue la utilización de instituciones reales para dotar de apariencia de legalidad a los comprobantes. Colegios y clubes cuyos nombres y logotipos figuraban en la documentación presentada desconocieron oficialmente la autenticidad de esos papeles ante la Justicia, reforzando la hipótesis de una estafa agravada mediante documento privado falso.

Entre las instituciones mencionadas en la documentación apócrifa figuran el colegio Northlands y el Nordelta Golf Club, cuyos representantes desconocieron formalmente ante la Justicia la validez de las facturas y recibos presentados, negando la existencia de los servicios facturados. Ese desconocimiento fue incorporado al expediente como prueba clave para acreditar la falsedad documental.

Además, durante la investigación surgieron declaraciones de terceros que admitieron haber firmado recibos por servicios inexistentes o reconocieron no contar con la capacitación necesaria para las tareas que supuestamente facturaban.

Reconocimiento de responsabilidad

La concesión de la probation no implica un sobreseimiento ni el cierre definitivo del caso, sino la suspensión del proceso bajo condiciones estrictas, según fuentes cercanas a la investigación. Entre ellas, se estableció que Parisot deberá realizar tareas comunitarias en un comedor ubicado en el partido bonaerense de Tigre, además de cumplir pautas de conducta durante el período fijado por la Justicia. Asimismo, la imputada tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, una medida orientada a garantizar su sujeción al proceso mientras dure la suspensión del juicio.

En el marco del acuerdo, Parisot ofreció pagar una indemnización económica a la abuela de los menores en concepto de reparación del daño. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada por la parte damnificada, al considerarla exigua frente al perjuicio denunciado.

Para acceder a este beneficio procesal, la imputada debió reconocer los hechos que se le atribuyen, lo que constituye el elemento central del giro en la causa y explica por qué el expediente no llegará a juicio oral, instancia en la que se hubieran ventilado públicamente más detalles de la maniobra investigada.

En el marco del proceso, la Justicia también desestimó los intentos de la defensa de encuadrar la causa como una persecución o como un caso de violencia de género. Según consta en resoluciones judiciales, los magistrados consideraron que esa estrategia no guardaba relación con los hechos probados y advirtieron que banalizar ese tipo de argumentos resulta incompatible con la gravedad de los delitos investigados.