La imagen de diez hombres encapuchados, blandiendo ametralladoras y escopetas mientras prometían “matar al juez y al fiscal”, marcó un punto de no retorno en la violenta guerra por el control de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
Esa escena, que conmocionó a la opinión pública en agosto de 2021, volvió a cobrar urgencia en las últimas horas: la Justicia federal decidió interrumpir el receso de verano para que se defina la suerte de uno de los acusados de orquestar aquella amenaza.
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El juez Roberto Minguillon, del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, habilitó este miércoles la feria judicial para dar curso a un planteo de Hugo Orlando Cisneros, quien busca recuperar su libertad antes del juicio. La decisión de Minguillon destraba un nudo legal y le permite a su defensa llevar el reclamo directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.
La resolución, firmada este miércoles, atiende al planteo de la abogada María Laura Giacomelli. El magistrado entendió que, al estar en juego la libertad de una persona, el caso no podía esperar a febrero. Se trata de una carrera contrarreloj: la defensa sostiene que la detención es arbitraria y genera un daño irreparable, mientras que la acusación se aferra a la gravedad de los hechos: una operación de inteligencia criminal diseñada para aterrorizar a la Justicia.
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El video y la guerra por el poder
El caso por el que Cisneros se encuentra detenido no es un expediente gremial más. La investigación se disparó tras la viralización de un video que parecía salido de un cartel narco. En la grabación, el grupo comando lanzaba amenazas de muerte con nombre propio.
El mensaje intimidatorio tenía dos destinatarios claros: el juez federal Alejandro Esmoris, titular del TOF N° 2, y el fiscal federal Rodolfo Molina, quienes tenían a cargo el juicio contra el histórico sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.
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Sin embargo, la pesquisa destapó una trama de engaños digna de una novela de espionaje. Aunque en el video se exhibían banderas de “Pata Medina Conducción”, la Justicia determinó que se trataba de una operación de “falsa bandera”. Los autores no respondían a Medina, sino a la facción rival liderada por Iván Tobar, quien disputa encarnizadamente el control de la seccional platense del gremio de la construcción.
El objetivo de la puesta en escena era maquiavélico: atribuirle una amenaza de muerte al clan Medina contra las autoridades judiciales para complicar aún más su situación legal y deslegitimarlo ante la opinión pública, simulando una violencia que, en este caso, fue fabricada por sus opositores para sacarlos del juego.
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La caída del clan Tobar
Cisneros no es el único que espera tras las rejas. La investigación avanzó sobre la estructura de la facción disidente con una serie de detenciones en cascada durante el último año. El golpe más fuerte fue la caída del propio líder, Iván Tobar, detenido en abril de 2025. Aunque sigue preso, su situación procesal tuvo un alivio en agosto pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió alivianar los cargos en su contra.
La lista de implicados se completa con Jonatan Ruiz y Rubén David Alzogaray, ambos bajo arresto desde mayo de 2025, acusados de haber participado en la logística y ejecución del video intimidatorio.
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El expediente también tiene un capítulo trágico: Nehuén Iriarte, otro de los hombres identificados por la Justicia como partícipe de la maniobra, falleció en diciembre de 2024, a los 32 años, extinguiéndose la acción penal en su contra antes de que pudiera ser juzgado.
Las pruebas de voz
En cuanto a Cisneros, su situación es compleja y se apoya en ciencia forense. Su detención en abril de 2025 se precipitó luego de que pericias de voz de alta tecnología confirmaran que su timbre vocal coincidía con el de uno de los encapuchados que hablaba en la grabación.
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A esta prueba técnica se sumó el testimonio de un “arrepentido”, que aportó detalles sobre cómo se confeccionó el video, y un peritaje arquitectónico sobre el lugar de la filmación. Con estos elementos, la Justicia cerró el cerco sobre el grupo. Ahora, con la feria habilitada, será Casación quien tenga la última palabra sobre si Cisneros espera el juicio oral en prisión o si logra recuperar su libertad.
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