Ola de abigeato en Corrientes: apuran el trámite para designar un fiscal rural y ambiental

El avance del abigeato en Corrientes puso en jaque la vida rural y la seguridad en la región. En respuesta, el Consejo de la Magistratura de esa provincia dispuso la apertura urgente de un concurso para designar un fiscal Rural y Ambiental en la Cuarta Circunscripción Judicial, con base en Paso de los Libres, una medida habilitada por la gravedad del contexto y que permite acortar los plazos regulares del proceso de selección de magistrados.

El impacto de este fenómeno se refleja no solo en la pérdida de más de 1.700 cabezas de ganado, sino también en la alteración del comercio local y la vida de los productores, según se desprende de la resolución del Poder Judicial de Corrientes.

Productores del este provincial, especialmente en las localidades vecinas al Río Uruguay como La Cruz, Alvear y Paso de los Libres, vienen denunciando hace meses que el cuatrerismo dejó de ser un hecho eventual para convertirse en una operatoria sistemática, apoyada por bandas organizadas, algunas de ellas armadas, e incluso con denuncias de participación de ladrones provenientes de Brasil.

También se sospecha que operan con colaboración local: una concejal de la localidad de La Cruz fue imputada como presunta integrante de una banda de delincuentes.

Esta realidad se agravó tras los incendios rurales de 2022, que destruyeron kilómetros de alambrados y dejaron sin resguardo extensas superficies de campos anegados. Esto facilitó la sustracción masiva de animales, pues la falta de infraestructura impide el control cotidiano de la hacienda.

Las maniobras denunciadas implican el alquiler de campos contiguos a los grandes establecimientos ganaderos y el uso irregular de guías de traslado, que se reutilizan o emiten con inconsistencias para cubrir cargas superiores a las autorizadas.

Además, la falta de informatización integral de los controles favorece la operatoria clandestina, lo que, según los productores, potencia la sensación de impunidad. Se estima que la afectación total podría superar las 35.000 hectáreas faltantes en producción agropecuaria por el abandono de campos ante la persistente inseguridad.

La gravedad de la situación motivó una reunión encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés junto a productores y autoridades policiales. En ese marco, el Fiscal General de feria ordenó una serie de allanamientos que permitieron recuperar más de 250 animales y secuestrar documentación relevante vinculada a la modalidad delictiva, incluso con necesidad de realizar ampliaciones en el marco de los procedimientos.

La respuesta institucional busca ser inmediata. El presidente de feria tanto del Superior Tribunal de Justicia como del Consejo de la Magistratura, el juez Eduardo Panseri, firmó la convocatoria extraordinaria para cubrir el cargo de Fiscal Rural y Ambiental, creado bajo la Ley Provincial Nº 6640, priorizando la celeridad y la eficacia para resguardar la propiedad y la integridad de los productores.

La resolución señala que el procedimiento habitual del Consejo prevé plazos para el llamado a concurso, pero que la actual coyuntura permite abreviarlos, habilitando una convocatoria inmediata.

El texto resalta que, ante la extrema gravedad de los hechos, las instituciones están obligadas a brindar respuestas inmediatas, efectivas y eficaces.

La decisión se adoptó conforme lo establecido por los arts. 194, 195 y 196 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, el art. 17 de la Ley 5849 y los arts. 23, 24 y concordantes del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura.

Respecto de la problemática, la Asociación de Sociedades Rurales emitió un comunicado a principios de enero en el que expresaron “preocupación y disconformidad ante la persistente falta de respuestas y acciones” por parte de la Justicia en relación con los delitos rurales.

“En una región que enfrenta hechos que requieren respuestas ágiles, especializadas y firmes, nos encontramos con un muro de indiferencia cada vez que la Policía Rural actúa en algún caso. Esta situación resulta en la dilatación de medidas judiciales que deberían resolverse con rapidez”, manifestó la entidad.