Padre e hijo procesados por un brutal caso de abuso sexual y trata: la víctima denunció hechos de zoofilia y torturas

La Cámara Federal de Posadas confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Benito Pereira y Cristian Fabián Pereira, padre e hijo. La expareja del primero de los acusados los denunció y dijo que la sometieron a múltiples ultrajes en Misiones y Buenos Aires. En los tribunales federales porteños de la avenida Comodoro Py se investiga la otra cara de la historia, que esconde una presunta red de prostitución VIP.

Los Pereira permanecen detenidos desde fines de 2024. Cristian Fabián no había estado preso antes; es empleado del Ministerio de Desarrollo Social misionero y cursó la carrera de Derecho. A lo largo de los últimos meses, grabó los videos que encabezan esta nota, en los que afirma estar preso por “una causa armada”.

Hay algo que no dice en esas grabaciones, pero así lo testificaron bajo juramento sus familiares: quien tiene antecedentes y estaba metido en más de un problema es su padre, Benito, con quien además no tenía una buena relación.

Benito Pereira sí conoce la cárcel. Una década atrás lo condenaron por encubrimiento de contrabando de mercadería importada -pasar cigarrillos por la frontera- y en 2018 su pareja, con quien tuvo una hija, ya había dicho ser víctima de abuso sexual durante los últimos seis años, mientras convivían en la Ciudad de Buenos Aires.

En rigor, quien denunció a Pereira padre fue el hermano de la joven. Por esa primera causa de abuso estuvo detenido seis meses en el Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional, en Posadas. Le dieron arresto domiciliario en abril de 2019.

Los problemas siguieron: en 2022 se abrió otra causa en Comodoro Py, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, por trata de personas. Benito Pereira y otro familiar están investigados, y se cree que llevaban y traían mujeres de Misiones a Buenos Aires para prostituirlas.

Según confirmó la Cámara Federal de Posadas, hay pruebas para sostener que Pereira hijo asumía las tareas delictivas mientras su papá estaba preso.

En este caso puntual, coordinó el regreso de la denunciante desde la Ciudad hacia el norte del país. Para concretar el viaje, el acusado utilizó a una tía política, a quien envió para buscar a la joven bajo engaños, determinaron los jueces Fabián Cardozo, Enrique Bosch y Erika Plessen.

La pareja de Benito dijo que le habían prometido regresarla con su familia en Misiones, pero el objetivo real resultó ser otro.

Al llegar a una estación de servicio sobre la avenida Uruguay, en Posadas, Cristian -que estuvo acompañado de su madre- la trasladó a una vivienda ubicada en la calle Tomás Guido. En ese lugar le sacaron a la denunciante el teléfono, los documentos y su dinero.

La joven permaneció encerrada bajo llave y vigilada constantemente, de acuerdo a la versión que aportó a la Justicia. Sus captores le habrían impuesto un régimen de servidumbre: tenía que encargarse de todas las tareas del hogar, durante todo el día y sin poder abandonar la casa. Tampoco se le permitía usar el baño, y aseguró que hacía sus necesidades en un balde y la maltrataban con tirones de pelo y duchas de agua helada.

También se le imputa a Pereira hijo haberse encargado de conseguir “clientes” para tener encuentros sexuales con la víctima en la sala de la casa.

La declaración de la víctima

En Cámara Gesell, la víctima afirmó que le hicieron saber “que ahora iba a tener que trabajar para pagar al abogado, porque por mi culpa supuestamente el papá de Cristian estaba preso”. Además de esa explotación de su cuerpo, la joven denunció que el empleado del Ministerio de Desarrollo Social la atacó sexualmente de forma directa en reiteradas oportunidades.

Benito Pereira retomó el control directo de la víctima cuando obtuvo la prisión domiciliaria en 2019. Desde ese momento y hasta el 1 de mayo de 2024, cuando lo volvió a denunciar, la mujer continuó sometida en diferentes domicilios alquilados en Posadas.

Entre todos los episodios que describió hay recuerdos desgarradores y extremos. Llegó a contar que la prostituyeron mientras estaba embarazada e incluso poco después del parto. También que la forzaron a tener contactos sexuales con animales.

Esto fue evaluado en el expediente judicial por especialistas del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”, que calificaron los hechos como “una violación extrema a su dignidad” y dictaminaron a favor de la veracidad de los dichos de la mujer.

Los peritajes psicológicos realizados en octubre de 2024 y junio de 2025 también confirmaron el daño sufrido por la denunciante. Los profesionales forenses describieron un cuadro de agotamiento psicofísico severo y una anulación de su voluntad propia.

Así, los expertos concluyeron que los acusados “se aprovecharon sistemáticamente de su vulnerabilidad social y económica”.