El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó a juzgar a una presunta organización narcocriminal acusada de transportar 334 kilos de cocaína en dos operaciones realizadas en la provincia de Salta, una de las cuales tuvo como protagonistas a gendarmes en actividad. El caso expone el presunto uso de conocimientos internos de miembros de esa fuerza de seguridad para eludir controles y asegurar el traslado de la droga por distintas rutas del norte argentino.
Según la acusación, el primer episodio se produjo cuando un cargamento de con más de 300 kilos de cocaína fue interceptado durante un control vehicular sobre la ruta provincial N°5, a la altura de General Pizarro, una localidad del departamento Anta, en el sur de Salta. Allí, personal del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad de norte a sur.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el conductor procuró evadir el control e incluso habría intentado embestir a los efectivos apostados en el retén. Aún así, tras encender sirenas y luces, los gendarmes lograron que la camioneta se detuviera unos metros más adelante. Al acercarse al vehículo, observaron en el interior un uniforme de Gendarmería y un bolso oficial. El conductor se identificó como Diego Hernán Delgado, cabo primero de la fuerza, con funciones en el Destacamento Móvil N°1 de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires.
Según publicó esta semana el portal del Ministerio Público Fiscal, al inspeccionar la caja de la camioneta, Delgado informó que transportaba droga. En total, se secuestraron 302 kilos de cocaína, distribuidos en 293 paquetes. Ese hallazgo dio inicio a una investigación penal más amplia que permitió reconstruir la logística previa del traslado.
La postura de la fiscalía sostiene que la camioneta había sido trasladada días antes desde la provincia de Misiones hasta Buenos Aires por otro gendarme, Federico Rubén Batista, también cabo primero y destinado en Campo de Mayo. Batista había viajado en avión a la ciudad de Posadas, con un pasaje solventado por Delgado, y allí habría recibido el auto de manos de Jonathan Leonel Ostapowicz, señalado como uno de los organizadores de la banda. Luego, siempre según la acusación, el imputado condujo la camioneta hasta Buenos Aires para entregársela a Delgado.
El segundo hecho atribuido a la organización ocurrió mientras la investigación ya estaba en plena marcha. En esa ocasión, los investigadores advirtieron movimientos presuntamente coordinados entre dos vehículos que circulaban por rutas del norte salteño. En uno de ellos, una camioneta Toyota, viajaban Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Francisco Agustín Flores, quienes se desplazaban en sintonía con una Volkswagen Amarok conducida por Adrián Emilio Escarlata.
El seguimiento culminó en un control fijo ubicado en El Naranjo, una localidad de la provincia de Salta situada sobre la ruta nacional N°34. Allí fue detenida la camioneta manejada por Escarlata. Durante la inspección, los gendarmes del puesto de vigilancia detectaron un peso excesivo en la rueda de auxilio y, al revisarla, encontraron 31 kilos de cocaína ocultos en su interior. Escarlata fue arrestado en el lugar.
Al día siguiente, Ruíz Apaza y Flores fueron detenidos en la ciudad de Orán, en el norte de la provincia de Salta. Testigos del procedimiento relataron que, al advertir el hallazgo de la droga, Escarlata destruyó uno de los teléfonos celulares que llevaba consigo, mientras que el otro pudo ser resguardado por los investigadores.
La acusación en el juicio oral, iniciado a mediados del mes pasado, está a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien interviene junto a la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia. El Ministerio Público Fiscal sostiene que los hechos acreditados permiten atribuir a los imputados una participación coordinada en ambos operativos.
Además de Delgado, Batista, Ruíz Apaza, Flores y Escarlata, también están acusados Richar Ariel Delgado -hermano de Diego- y Ostapowicz. Según la fiscalía, Ostapowicz, comerciante, y Escarlata, exonerado de Gendarmería, ejercían roles de conducción dentro de la estructura ilegal. Varios de los acusados mantenían, además, vínculos actuales o previos con la fuerza federal: Richar Delgado había sido dado de baja tras ser sorprendido con 600 mil dólares en su auto, mientras que Ruíz Apaza y Flores estaban en proceso de ingreso a Gendarmería.
La investigación también reveló que el grupo utilizaba un chat de WhatsApp denominado “Los Peluches” para coordinar las maniobras. En ese intercambio se detectaron audios y videos en los que Escarlata explicaba cómo ocultar la sustancia ilegal dentro de los vehículos y brindaba instrucciones sobre cómo actuar ante controles, aprovechando su conocimiento de los protocolos internos de la fuerza.
La expectativa de pena para los acusados oscila entre los 6 y los 20 años de prisión efectiva. El proceso continuará con la producción de prueba testimonial y pericial, luego de la feria judicial.
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