El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky definirá desde la próxima semana un cronograma de citaciones testimoniales a empleados de la quinta de Villa Rosa, Pilar, en la causa que investiga si el predio valuado en 17 millones de dólares se compró usando testaferros por parte de autoridades de la AFA.
Además, ya citó para el próximo lunes 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de supuestas maniobras en Estados Unidos que dieron lugar un procedimiento llamado “discovery” de apertura de información.
Esta última decisión se tomó a pedido del fiscal del caso, Claudio Navas Rial, para que, en calidad de testigo, el convocado aporte toda la documentación que tenga sobre supuestos delitos.
Los empleados
En cuanto a los empleados de la quinta que figura a nombre de una sociedad Real Central SRL, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, en el juzgado en lo penal económico 10 que lleva el caso se recibió una nómina desde un organismo oficial y en base a ella durante la próxima semana se avanzará en un cronograma de citaciones, explicaron fuentes del caso a Infobae.
También se fijará fecha de declaración bajo juramento de verdad a dos pilotos que, según registros incorporados a la causa, tripularon un helicóptero que efectuó reiterados viajes al lugar, que cuenta con helipuerto propio. La intención es preguntar a quién llevaron.
El juzgado recibió esta semana informes donde consta que con una tarjeta corporativa de AFA a nombre de Pantano se pagó la cuenta de la luz “a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva”.
Esta evidencia se sumó a otro informe que reportó que los Telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en la quinta también se abonaron con ese plástico. El juez ya ordenó suspender de manera preventiva los débitos asociados a esa tarjeta de Pantano.
Aval para investigar en enero
La decisión de avanzar con el inicio de la ronda de testimoniales se tomó luego de que este viernes la Cámara Nacional en lo Penal Económico respaldó la decisión de habilitar la feria judicial de enero para seguir con medidas de prueba.
La sala de feria del Tribunal, integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Leopoldo Bruglia, rechazó una queja de la defensa de Pantano y su madre y dejó firme la decisión de Aguinsky.
Los camaristas remarcaron que las disposiciones sobre los asuntos por los cuales debe habilitarse la feria judicial “no contienen enumeraciones taxativas y no pueden interpretarse como una limitación” a la actividad judicial en especial cuando hay en juego investigaciones penales.
También advirtieron que pese a que todavía sigue sin resolverse un conflicto sobre dónde seguirá la causa, si en Campana o CABA, esta situación “no debe afectar” el avance de la pesquisa.
Pantano y Conte habían sido citados en diciembre para ponerlos al tanto de la imputación y darles la oportunidad de efectuar un descargo, pero su defensa presentó un planteo de inhibitoria para que la investigación salga de la órbita de Aguinsky y pase al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Así, logró suspender la convocatoria de los acusados.
El argumento es que todas las propiedades están en Pilar y que la denuncia inicial de la Coalición Cívica debió haberse presentado allí y no en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Aguinsky rechazó dejar el caso, puso énfasis en la prueba reunida que apunta a la AFA como presunta damnificada por las maniobras a través de algunos de sus dirigentes y destacó que la Asociación tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires. Este conflicto debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.
Los dos imputados como supuestos testaferros (porque su realidad económica no sería acorde a los bienes que tiene la sociedad que integran) tienen prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas dispuestos en diciembre por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas.
La investigación apunta a presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA por parte de algunos de sus dirigentes como delito que precedió al posterior lavado de dinero que se presume se cometió con la adquisición de propiedades y otros bienes a nombre de testaferros.
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