La defensa de Luciano Pantano y su mamá Ana Conte, los dos supuestos testaferros de la mansión de Pilar, que se sospecha sería propiedad de autoridades de la AFA, pidió que la investigación pase a la justicia federal de Campana y -ante este planteo- el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky suspendió las audiencias de ambos, previstas para este lunes.
El planteo de inhibitoria se presentó ante el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien ahora tendrá que resolver si lo acepta y le pide el caso a su colega porteño Aguinsky. Ante ello, este último magistrado decidió suspender las audiencias que iban a realizarse a las 11 y a las 12 de este lunes, para dar la oportunidad a los imputados de dar explicaciones y justificar el origen del dinero con el que una sociedad que integran compró la mansión de Villa Rosa, Pilar y también contar al juez cómo la mantenían y con qué dinero pagaban peajes de 54 vehículos de alta gama secuestrados en el lugar, entre otros aspectos.
Ambos están acusados de oficiar como testaferros de los principales dirigentes de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, que serían los verdaderos dueños de la casona.
El criterio de fiscal
Frente al pedido de la defensa, el fiscal que interviene en la causa, Claudio Navas Rial, presentó un escrito donde se anticipa a manifestar su criterio en contra de enviar la causa a Campana, y explica los motivos. Fundamentalmente, argumenta que el eje de la cuestión de la jurisdicción judicial no pasa por dónde está ubicado el predio de Pilar, sino porque se investiga a la AFA, que tiene domicilio en CABA.
En el escrito, al que accedió Infobae, el fiscal señaló: “Obsérvese que lo único que se encuentra en la extraña localidad pretendida es el inmueble originariamente descubierto, y sospechado de ser el resultado de una maniobra compleja de un delito económico, principalmente relacionado con otros ilícitos de la misma índole. Así, y siendo que ya han sido resguardados efectivamente los bienes muebles e inmuebles del lugar, no se advierte qué actividad jurisdiccional existiría que haría beneficioso que un nuevo juez y fiscal aborde el tema".
Zoom frustrado
En la sede del juzgado penal económico que lleva el caso, en Sarmiento 1118, ya estaba todo listo para conectar el Zoom donde debía escucharse por primera vez a Pantano y su madre, pero poco antes llegó la notificación de la defensa a cargo del abogado Mariano Morán: informó el planteo de inhibitoria presentado ante el juzgado federal de Campana, que tiene jurisdicción territorial en Pilar, donde están la quinta y dos casas en un barrio privado, también en la mira de la Justicia. Ante ello, el juez Aguinsky suspendió los descargos.
En la causa ya se ordenaron decenas de medidas de prueba, entre ellas una tasación al predio de Villa Rosa que indicaría que su valor de mercado es muy superior a los 1.8 millones de dólares que figuran en la escritura de compraventa suscripta con la sociedad que integran Pantano y su madre.
La investigación estuvo en un primer momento a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien resultó sorteado cuando la Coalición Cívica presentó la denuncia por supuesto lavado de activos. El magistrado se inhibió porque consideró que se trataba de un caso del fuero penal económico pero siguió adelante con la pesquisa mientras se resolvía el conflicto de competencia.
Dispuso así las primeras medidas de prueba que incluyeron el allanamiento a las propiedades, el secuestro de 54 vehículos de alta gama, peritajes y prohibición de salida del país para quienes figuran como propietarios de todo, Pantano y su madre, integrantes de la sociedad Real Central SRL, que tiene a su nombre la finca de Pilar.
Cuando quedó designado en la causa por orden de la Cámara Federal porteña, Aguinsky dispuso a su vez nuevas medidas y citó a los sospechosos para darles oportunidad de explicar el origen de los fondos con que solventaron la compra de la propiedad y sus gastos. Por ejemplo se estableció que se usaba una tarjeta de crédito para pagar todos los peajes y que las expensas de las casas en el barrio privado se abonaban en efectivo en un banco.
Aguinsky ordenó además a la DGI un “profundo estudio” sobre los aspectos económicos y financieros del entramado de sociedades que participaron de operaciones de compraventa de la mansión de Pilar. Se incluyó a Real Central SRL y a la anterior propietaria de la casaquinta de Villa Rosa Malte SRL, como parte un listado de al menos cinco sociedades. También levantó el secreto bancario y fiscal. Otro eje sensible es la existencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. Se solicitaron informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, en un intento por vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.
Cómo sigue el caso
La defensa reclamó al juez de Campana que pida la inhibitoria de su colega Aguinsky. Ante ello, González Charvay dará vista ahora a la fiscalía de esa jurisdicción a cargo de Sebastián Bringas para que dictamine, antes de resolver. Para cada paso se cuenta con un plazo máximo de tres días hábiles y el juez podría habilitar la feria judicial de enero para seguir adelante con este trámite.
Si González Charvay entiende fundado el pedido, librará un oficio inhibitorio al juzgado de Aguinsky, quien deberá resolver si acepta o no dejar el caso. Este último juez había ya habilitado la feria judicial que empieza esta semana para seguir con la investigación. Si no hay acuerdo, intervendrá un tribunal de apelaciones.
La denuncia
Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, incluso percibió el IFE durante la pandemia. Sin embargo, en mayo de 2024 la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— multiplicó su capital social de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su nombre a Real Central SRL y, pocas semanas después, concretó la compra del predio de más de 100 mil metros cuadrados.
Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla, destinada a disimular el origen ilícito de los fondos.
La Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.
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