
La confianza de la sociedad argentina en la Justicia mostró una mejora sostenida durante el segundo semestre de 2025, según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una medición semestral que releva la percepción y el comportamiento ciudadano frente al sistema judicial.
El informe, elaborado por FORES y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), reflejó que el ICJ subió 2,3 puntos respecto del primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 4,6% en seis meses. Si se compara con el mismo período de 2023, la mejora alcanza 4,9 puntos, es decir, un 10,3% en dos años.
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El ICJ se compone de dos subíndices: uno conductual, que mide la predisposición de las personas a recurrir a la Justicia ante diversos conflictos, y otro perceptual, que evalúa la opinión sobre atributos como imparcialidad, eficiencia, honestidad y el rol de contralor de los poderes político y económico.
El informe destaca que la mejora de la confianza ciudadana en la Justicia argentina se consolida de la mano de una mejora en ambos subíndices. Las personas no solo afirman con mayor intensidad que recurrirían a la Justicia ante determinados conflictos, sino que también evidencian mayor confianza en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y en el rol de contralor de los poderes político y económico. Desde la reanudación de la medición en 2023, la confianza ciudadana en la Justicia aumentó casi 5 puntos, lo que equivale a una mejora del 10,3%.
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Las razones
El crecimiento de la confianza se explica tanto por una mayor disposición a acudir a los tribunales como por una percepción más favorable del sistema judicial. El subíndice conductual mostró que la ciudadanía está más dispuesta a recurrir a la Justicia ante conflictos patrimoniales, familiares, laborales y delictuales. Por su parte, el subíndice perceptual reflejó una mejor valoración de la Justicia en cuanto a imparcialidad, eficiencia, honestidad y control sobre los poderes político y económico.
Entre los sectores que impulsaron esta mejora se encuentran los jóvenes, las personas con estudios terciarios o universitarios y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), quienes en mayor medida reconocieron que recurrirían a la Justicia frente a conflictos de diversa índole.
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El mayor nivel de confianza se registra ante conflictos delictuales, con un 83% de respuestas afirmativas, mientras que el menor nivel se observa en el ámbito familiar, con un 72%.
La imparcialidad y la eficiencia
A pesar de estos avances, la percepción de la Justicia en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y control de los poderes político y económico no superó el 20% en ningún caso, aunque la tendencia es de mejora sostenida. El informe señala que dentro del grupo de personas que sostuvo que no recurriría a la Justicia ante los conflictos planteados, aumentaron un 11% quienes respondieron que preferirían resolver el problema por otros medios o por medios propios.
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En cuanto a la confianza en los organismos del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Facultades de Derecho y los abogados y abogadas son las instituciones que recogieron la mayor confianza ciudadana durante el segundo semestre de 2025.
El informe subraya que resulta significativo que quienes efectivamente utilizaron el servicio de Justicia estén dispuestos a volver a hacerlo. Según el relevamiento, la ciudadanía no demanda reformas abstractas, sino transformaciones concretas y tangibles, que fortalezcan la independencia, la eficiencia, la capacitación y la transparencia del sistema judicial.
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Las prioridades que la sociedad identifica para mejorar la confianza en la Justicia son claras: menor interferencia de los poderes político y económico, reducción de las demoras en los juicios, mejor formación y capacitación de los jueces y mayor transparencia en los procesos judiciales.
El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina y se obtiene promediando los dos subíndices, con una escala que varía entre 0 y 100. El promedio histórico del período 2004-2011, cuando se realizó la primera edición del índice, fue de 48,7 puntos. Tras una discontinuidad, la medición se retomó en 2023 con los ajustes metodológicos actuales.
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El equipo responsable de la investigación está integrado por María de los Ángeles de Seta Acosta y Joaquín Vergara Fornari (FORES), mientras que los creadores originales del ICJ en 2004 fueron Horacio Spector y Catalina Smulowitz (UTDT), Héctor Chayer, Liliana Raminger y Marcelo Octavio de Jesús (FORES), Gustavo Zacchino (Fundación Libertad) y Alejandro Catterberg (Poliarquía).
El informe concluye que la brecha entre “uso” y “confianza” en la Justicia podría acortarse si se avanzara en las mejoras que la ciudadanía prioriza.
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