La Cámara Federal de Casación revisará la decisión que incluyó 19 bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner como parte de propiedades decomisadas tras la condena a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a CFK a seis años de prisión por administración fraudulenta, concedió los recursos y el tema llegó así al máximo tribunal penal federal del país.
Los jueces del TOF2 remarcaron en su resolución que consideran que el monto de decomiso fijado en la condena y su actualización en casi 684 mil millones de pesos está firme y en etapa de ejecución.
Pero habilitaron las apelaciones para que ahora Casación resuelva si confirma la decisión de incluir en ese decomiso 19 bienes de Máximo y Florencia.
Esto llega cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad.
La sala IV de ese tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ya tiene también a estudio desde la semana pasada la apelación contra las nuevas restricciones al régimen de visitas de la ex presidenta.
Decomiso y argumentos
Los defensores de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.
Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.
La decisión habilitó un “modelo de decomiso amplio” y un “decomiso por valor equivalente” no previstos en la ley porque proyectó “la sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado y obtenidos por actos sucesorios y de cesión regularmente acreditados”, según resumió sobre todos los planteos la resolución del TOF2, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que concedió los recursos de Casación.
En concreto, la ex presidenta y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.
El Tribunal concedió las apelaciones y dispuso “tener presente para su oportunidad” el pedido de suspensión del decomiso porque las únicas diligencias pendientes son administrativas y “por su propia naturaleza, carecen de aptitud para ocasionar un gravamen actual”.
Los bienes en juego
El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Lázaro Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y se incluyeron lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.
El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.
Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación.
La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.
La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
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