El Servicio Penitenciario Federal (SPF) devolvió a la Corte Suprema de Justicia el espacio de más de 1.500 metros cuadrados donde funcionaba el Centro de Detención Judicial, conocido como “Unidad 28″, ubicado en el subsuelo del Palacio de Justicia porteño. El lugar, concebido como un ámbito de detención transitorio, había sido cuestionado durante años por la permanencia prolongada de personas detenidas y por las condiciones de alojamiento.
La restitución se concretó ayer, luego de una recorrida conjunta por las instalaciones, en la que se inspeccionaron los distintos sectores del establecimiento. El lugar contaba con 23 celdas y espacios diferenciados para integrantes de fuerzas de seguridad, personas imputadas por delitos de lesa humanidad, un pabellón femenino, un pabellón masculino de seguridad, áreas para detenidos incomunicados y sanitarios.
El Centro de Detención Judicial fue instalado en 1981 mediante la resolución 328, que aprobó un convenio entre el entonces Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y la presidencia de la Corte Suprema, que cedió el uso del espacio para su funcionamiento dentro del edificio judicial. El inmueble, de 1.572 metros cuadrados, llegó con el paso de los años a alojar hasta 200 personas que permanecían allí durante semanas e incluso meses.
Esa modalidad de uso motivó reiteradas denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que constató la permanencia de detenidos por períodos superiores a las 24 horas previstas por la legislación vigente y verificó deficiencias en materia de mantenimiento, seguridad e higiene. De acuerdo con esos informes, la utilización prolongada del establecimiento desvirtuó su finalidad original y derivó en situaciones de hacinamiento que afectaban los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La situación de la Unidad 28 fue objeto de seguimiento por parte de la Corte Suprema. En 2012, el tribunal dictó la Acordada 12/2012, que estableció disposiciones generales vinculadas al alojamiento de detenidos en esa sede. Al año siguiente, mediante la Acordada 3/2013, se refirió a la ejecución de obras de adecuación de la ex Unidad 22 con miras a su rehabilitación.
Ese mismo año, a través de la Acordada 33/2013, la Corte emplazó al Servicio Penitenciario Federal a adoptar medidas para evitar el pernocte de internos por más de una noche y garantizar condiciones de detención adecuadas, con el objetivo de preservar el carácter transitorio del lugar. En 2016, mediante la Acordada 43/2016, el Máximo Tribunal volvió a requerir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuara para impedir la permanencia de personas detenidas por más de un día en condiciones consideradas inapropiadas en la Unidad 28.
Un año después, por la Acordada 8/2017, la Corte comunicó formalmente su voluntad de dejar sin efecto la cesión de uso del espacio. Esa decisión se materializó en julio pasado, cuando dictó la Resolución 1609/2025, que dejó sin efecto la cesión del inmueble al Servicio Penitenciario Federal y solicitó su devolución al Poder Ejecutivo Nacional.
Según informaron desde la máxima instancia judicial, la recorrida previa a la restitución fue encabezada por el administrador general de la Corte, Gerardo Prataviera, junto con el director de Seguridad del tribunal, el comisario retirado Roberto Varela, y funcionarios de la Secretaría Jurídica General y de la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura. Por parte del Servicio Penitenciario Federal participaron su director nacional, Fernando Martínez; la secretaria general de administración, Pierina Brandi, y el director de la Unidad 28, Alejandro Mejías.
Durante la inspección, realizada este miércoles, se constató el estado general del inmueble y se acordó que al día siguiente una comisión integrada por arquitectos de la Corte y del SPF llevaría a cabo una última verificación técnica. Tras esa instancia, se suscribió el acta de entrega formal y quedaron en poder del máximo tribunal las llaves y los espacios que ocupaba el Centro de Detención Judicial.
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