Piden elevar a juicio la causa por la estafa millonaria a dos facultades de la UBA

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la elevación parcial a juicio de la causa por la defraudación cometida contra las Facultades de Derecho y de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, que en septiembre de 2024 fueron víctimas de un desvío de fondos por un total de 1.591.382.140,18 pesos.

El ardid utilizado para engañar al Banco Nación derivó luego en una serie de operaciones que constituyen también el delito de lavado de activos, según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal al que accedió Infobae.

En la causa a cargo del juez federal Sebastián Ramos hay cinco detenidos. El requerimiento alcanza a estos acusados y la investigación seguirá sobre otros sospechosos de haber intervenido en las maniobras.

Cómo fue el engaño

Todo comenzó con el envío de correos electrónicos desde falsas casillas de la UBA con requerimientos de transferencias. También se habilitaron líneas telefónicas para simular órdenes genuinas impartidas por presuntos funcionarios autorizados de la UBA y solicitar transferencias MEP.

Ese tipo de operación no es utilizado por las facultades, que realizan sus pagos únicamente a través del homebanking institucional y con respaldo en el sistema contable, se enfatizó en la investigación.

Sin embargo, la documentación apócrifa resultó suficiente para inducir en error a los empleados bancarios y lograr la salida del dinero.

Los acusados utilizaron direcciones de correo que imitaban las institucionales. En vez de enviarse desde los dominios oficiales “@uba.ar” o los internos de las facultades, los mails provenían de casillas creadas en servicios gratuitos, pero con nombres muy similares a los reales de las personas autorizadas. La fiscalía señaló que las órdenes de transferencia ingresaron desde direcciones como “secretaria.finanzas.odontologia@gmail.com” y “administracion.derecho.uba@outlook.com”, casillas inexistentes en la estructura universitaria. Para darle verosimilitud, los correos reproducían la forma de escribir de los funcionarios, el tono administrativo y hasta copiaban la firma electrónica.

Uno de los mensajes analizados por los peritos aparecía acompañado por un archivo PDF con la orden falsa y decía: “Por indicación del Sr. Secretario, solicitamos dar curso urgente a la transferencia MEP adjunta a favor de la firma Elysium. La operación fue autorizada por la superioridad. Favor confirmar recepción.” La fiscalía destacó que la frase “fue autorizada por la superioridad” fue utilizada reiteradamente para reforzar la apariencia de una decisión interna ya tomada.

Las “notas falsas remitidas por correo electrónico y luego entregadas en soporte papel” fueron “idóneas y suficientes para inducir en error a los empleados bancarios”, consideró la fiscalía.

El caso se descubrió cuando la Facultad de Odontología observó movimientos sin respaldo contable. Al revisar la documentación, las autoridades notaron que no existían órdenes de pago que justificaran las operaciones y que los mails supuestamente enviados por funcionarios no se correspondían con las direcciones oficiales. En la Facultad de Derecho se constató lo mismo: ningún área había solicitado operaciones MEP y las firmas insertas en las notas no coincidían con las auténticas.

El lavado del dinero

La defraudación dio inicio a una segunda etapa en la que los fondos, ya desviados, fueron canalizados hacia cuentas privadas y sociedades vinculadas entre sí mediante movimientos fraccionados, transferencias rápidas y compra de criptomonedas. La fiscalía encuadró estas acciones en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, que prevé hasta diez años de prisión para quien convierta, transfiera, administre o ponga en circulación bienes provenientes de un ilícito.

El análisis de los movimientos bancarios permitió reconstruir cómo se distribuyó el dinero. Dos sociedades, Elysium y Eksplodo, recibieron cientos de millones de pesos y transfirieron inmediatamente gran parte a la firma Aigle, desde donde se efectuaron débitos que totalizaron más de $1.700 millones en pocos días. Otras personas imputadas recibieron montos menores —aunque igualmente significativos— y realizaron retiros en efectivo, acreditaciones en cuentas propias y pagos a terceros.

“El análisis de las transferencias muestra que, una vez acreditados los fondos ilícitos en las cuentas de Eksplodo S.A. y Elysium S.A., estos fueron redirigidos a Aigle S.A. -sociedad pantalla bajo control real de Micaela Bounchanavong, una de las detenidas- y desde allí aplicados a la compra de criptoactivos (USDT), en un circuito destinado a impedir la trazabilidad de los fondos y a otorgarles apariencia de legalidad", reconstruyó la fiscalía de Taiano.

Así se agotaron casi por completo los fondos antes de las medidas de bloqueo que se ordenaron cuando estalló el escándalo.

Cuando se dispusieron las cautelares entre el 24 y el 26 de septiembre de 2024, las cuentas involucradas mostraban saldos mínimos o directamente nulos en relación con los montos ingresados.

Hubo “transferencias en cadena, retiros en efectivo y compra de criptomonedas”. Las sociedades Elysium, Eksplodo y Aigle formaban, según la fiscalía, “parte de un entramado operativo común orientado al desvío y posterior reciclaje de fondos provenientes de la UBA”. Desde la cuenta de Aigle se realizaron débitos por 1.700.460.268,61 de pesos en seis días.

Los delitos

El pedido de juicio alcanza a los imputados detenidos —Lucas Rigoni, Enrique Cutrona, Ángel José Martín, Alex Heredia y Micaela Bounchanavong— y la investigación continuará respecto del resto de los involucrados, incluidos titulares de cuentas utilizadas en la maniobra y eventuales colaboradores internos del sistema bancario.

“La maniobra investigada encuadra en tres figuras penales, pues abarca la obtención ilícita de dinero perteneciente a la UBA mediante engaño al personal del BNA, el uso de documentación espuria para lograr ese fin, y las operaciones posteriores destinadas a ocultar el origen de los fondos”, puntualizó el fiscal.

Los cinco detenidos tendrán que responder por supuesta defraudación a la administración pública y uso de documento privado falso.

Cuatro de ellos también quedaron acusados por presunto lavado de activos.

El juez Ramos dio inicio a los trámites para el envío del caso a juicio y tras recibir el requerimiento fiscal se abrió la etapa de pedido de opinión al resto de las partes.