La Justicia resolvió seguir adelante con la investigación por la prórroga de la concesión de la explotación de locales comerciales y estacionamiento en la estación de trenes de Once a cánones “irrisorios” concedida el 25 de noviembre de 2015, tres días después de la segunda vuelta electoral por la elección presidencial en la que ganó Mauricio Macri.
En ese momento a días del final del gobierno de Cristina Kirchner, se firmó una adenda que extendió el plazo de concesión por ocho años más -desde 2025 hasta 2033- de la explotación de locales ubicados en la planta baja, primer y segundo subsuelo, hall central y tres plantas en la estación Once del ferrocarril Sarmiento. Todavía faltaba una década para el vencimiento de la concesión, que operaba recién este año, 2025.
La adenda estableció como plazo hasta el 11 de julio de 2033 y fijó un canon mensual que al año 27 de la explotación del lugar sería de 226.291 pesos, estableció la investigación.
En julio de 2025 el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto esa adenda que favoreció al empresario Néstor Otero y anuló la concesión.
En 2015 el bautizado “zar de Retiro” fue condenado por pago de dádivas al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, mediante el alquiler de un departamento sobre avenida Del Libertador.
El accionista mayoritario de TEBA SA, de 87 años, es además uno de los juzgados en el caso Cuadernos, acusado por “cohecho activo”.
Por qué sigue el caso
El juez federal Sebastián Casanello acaba de rechazar un planteo de prescripción. En la investigación se procesó a dos imputados, uno de ellos ex funcionario de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, una decisión que ahora está bajo revisión de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002.
La negativa a declarar la prescripción se basa en que uno de los acusados, Esteban Weisbeck, se desempeñó como funcionario público entre el 31 de enero y el 1 de octubre de 2020 en el cargo de Director de Habilitaciones de la Seguridad Privada, en la provincia de Buenos Aires.
El artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende en casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, “para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”
El imputado fue funcionario bonaerense durante la gestión de Sergio Berni como Secretario de Seguridad de la Provincia, reconstruyó el juzgado.
El cargo que ocupó “reviste un grado de relevancia institucional que excede con creces el plano administrativo ordinario”, accedió al puesto por “designación directa y no por concurso público abierto” lo que “evidencia el carácter discrecional del puesto y su vinculación con niveles de decisión política dentro de la administración provincial”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El nombramiento ocurrió “inmediatamente después de su salida como funcionario nacional” del SOFSE, donde se desempeñó como subgerente de Colaterales.
El puesto en la provincia de Buenos Aires le otorgaba “el poder suficiente como para tener la posibilidad de influenciar” en la causa penal, como pidió determinar el Tribunal de Apelaciones cuando revocó un primer rechazo de la prescripción, concluyó el juzgado.
“Se concluye que la acción penal permanece vigente”, resolvió el juez de instrucción.
La prescripción fue reclamada por el otro acusado, Claudio Glories, presidente de Nueva Estación Once SA al momento de los hechos.
La maniobra
Al dictar los procesamientos en agosto pasado, el juez Casanello consideró probado que “a días de dejar la función pública”, uno de los imputados suscribió una adenda que “produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados”.
Según un informe de la DaJuDeCo, Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la adenda que se firmó en 2015 prorrogó la concesión original por ocho años y elevó su duración de 20 a 28 años, fundamentada en la “desafectación de bienes y la consiguiente merma de ingresos del concesionario”.
El ex funcionario público imputado “sabiendo que en pocos días dejaría la función pública” aceptó la propuesta de la concesionaria “sin ningún tipo de cuestionamiento” y sin requerir documentación contable “ni promover una evaluación económica independiente”.
“Es decir sin defender los intereses del Estado sino todo lo contrario”, concluyó ese procesamiento.
El canon que el Estado Nacional percibió a junio de 2025 por la concesión fue “de apenas 197.012”pesos.
“Un funcionario, de modo abusivo, suscribe un acto jurídico que claramente favorece a una empresa concesionaria y desfavorece al Estado”, concluyó el procesamiento por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” resuelto en agosto. Weisbek está procesado como supuesto autor del delito y Glories como presunto partícipe necesario.
La decisión incluye embargos por casi 178 millones de pesos para cada uno.
Se trata de la cuarta vez que el juez procesa a los investigados. En las anteriores oportunidades, la Cámara Federal revocó los procesamientos y pidió más medidas de prueba, que se fueron concretando.
Ahora analiza este nuevo procesamiento que otra vez llegó en apelación al Tribunal.
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