El caso de un médico que “firmó” 34 pericias estando en terapia intensiva expuso a la industria de los juicios truchos

Cuando Belinda Mercedes Olmedo se paró ante la justicia laboral de Mendoza, su historia ya tenía varios capítulos escritos en expedientes anteriores.

Policía desde 2005 y afectada, según decía, por dolores persistentes tras un accidente durante un ejercicio de entrenamiento en marzo de 2022, reclamó a Provincia ART S.A. una indemnización millonaria. Sostuvo que aquel día -durante una práctica con escudos- un compañero le pisó el pie, la hizo caer y la dejó con lesiones que irradiaron dolor en columna y pierna, incapacitándola para ejercer su labor.

La trama no giró solamente alrededor del accidente más reciente. El expediente pronto quedó marcado por la aparición de informes médicos, antiguos y nuevos, y la vigilancia de la relación de causalidad entre dolencias y trabajo. “No presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral, de acuerdo a lo normado… como consecuencia del siniestro denunciado”, fue la conclusión tajante de la Comisión Médica en su evaluación tras el accidente de 2022. Un dictamen que chocaba de frente con lo sostenido por Olmedo y su defensa.

El juez Dante Granados, en una resolución que va mucho más allá del habitual rechazo, dejó al descubierto un entramado de reclamos repetidos y omisiones deliberadas. Argumentó su decisión en la falta de pruebas objetivas de un daño nuevo y relacionó la mayor parte de las patologías alegadas con anteriores accidentes de Olmedo, en muchos casos ya abordados y resueltos en sedes judiciales.

La clave, explicó, fue la existencia de juicios previos en los que la misma afectada ya había percibido indemnizaciones por problemas en columna, tobillo y rodilla. El tribunal remarcó que los dolores referidos por Olmedo eran coincidentes con viejas lesiones -diagnosticadas desde 2010 y ya indemnizadas- y que había omitido contar que apenas dos meses después del reclamo principal había protagonizado un nuevo incidente, por el que abrió otro expediente y recibió otra compensación.

Accidente y rúbricas no coincidentes

Las pruebas periciales, lejos de aliviar las dudas, las multiplicaron. Hubo informes médicos antedatados, contradicciones en los relatos del accidente. Y hasta pericias firmadas con firma electrónica mientras el propio médico... se encontraba internado en terapia intensiva.

Es el caso del traumatólogo, doctor Yuma Félix, por entonces de 34 años, quien el domingo 22 de enero de 2023 en Valle Grande, departamento de San Rafael, fue atropellado por un automóvil que se desplazó inesperadamente debido a la ausencia del freno de mano y de una marcha puesta.

El accidente, que tuvo lugar en las inmediaciones del Club de Pescadores, ocurrió cuando el vehículo, estacionado en una pendiente, comenzó a moverse de forma repentina. El traumatólogo habría intentado detener el automóvil, momento en el que sufrió lesiones de gravedad.

Personal de emergencia lo asistió en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Teodoro J. Schestakow, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El diagnóstico era lesiones en el torso y uno de sus pulmones estaba comprometido, por lo que luego fue derivado al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.

Lo peculiar del caso fue que entre enero y junio de ese año, el profesional de la salud “firmó” 34 pericias mientras permanecía internado en UTI. Durante ese periodo, se comprobó que su rúbrica y sello fueron copiados de manera rudimentaria (coincidían solo un 30% según las pericias grafológicas) para avalar dictámenes médicos, lo que benefició en 27 casos, un 79%, a un mismo estudio jurídico.

El equipo letrado en cuestión coincidió con las representantes legales de Olmedo: las abogadas Maira María Mazzagatti y María Belén Herrero quienes, junto a la secretaria personal del Dr. Félix, Natalia Gallegos, según el tribunal, las consideró responsables de haber impulsado un reclamo que, a la luz de la evidencia acumulada, resultaba infundado y potencialmente abusivo.

Imputaciones, la palabra del fiscal y la absolución del caso

Solo en uno de los 34 casos presentados, la ART logró impugnar al perito; en el resto, los expedientes siguieron su curso habitual en distintas salas, sin que se considerara la evidencia pública de la internación del profesional. El costo estimado para las aseguradoras por este conjunto de pericias ascendía a $119.000.000 para el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y junio de 2023.

Además, al tándem de abogadas y la secretaria del traumatólogo, se les imputó conducta maliciosa, omisión de información clave y un intento de lograr un enriquecimiento ilegítimo a través de relatos ambiguos y presentaciones repetidas por los mismos daños.

En junio de 2023, dos años antes del fallo absolutorio, el titular de la fiscalía de Instrucción Nº2 de San Rafael, Javier Giaroli, había iniciado una investigación por un supuesto fraude contra la aseguradora Provincia ART.

Las actuaciones incluyeron una serie de allanamientos tanto en el estudio jurídico, ubicado en Lugones 211, como en la vivienda particular de la abogada Mazzagatti.

La denuncia de la empresa señalaba presuntas falsificaciones de firmas de un médico, hechos que también involucraron a su secretaria (Gallegos) y se sumó una compulsa iniciada desde el Juzgado Laboral en al menos 29 causas.

La acusación contra las abogadas no solo se circunscribió a los casos, presuntamente firmados por Félix. Según la fiscalía, entre julio de 2023 y marzo de 2025, habrían iniciado 258 juicios adicionales, que podrían representar un costo promedio de $2.223.000.000 para las ART.

El fiscal Giaroli, además, explicó que recientemente dos efectivos policiales fueron condenados por estafa luego de haber realizado un reclamo a Provincia ART por un falso accidente de trabajo, uno de ellos, en referencia al caso Olmedo que encabeza esta nota.

Y con respecto al estado de salud del traumatólogo, ya recuperado de las heridas, argumentó que “ese perito siguió presentando pericias, solicitudes de pago y otras constancias durante el mes de enero, cuando era físicamente imposible que pudiera realizarlas”, relató.

Ante esa irregularidad, la fiscalía abrió una investigación por posible falsificación de instrumento público. Se solicitó copia de todas las causas laborales en cuestión, que sumarían entre 30 y 40. “Notamos la misma coincidencia: el mismo perito, los mismos abogados y características muy similares entre los escritos”, detalló el fiscal y planteó la sospecha de que algunos escritos habrían sido redactados por los propios letrados para simular la autoría del perito, lo que podría configurar usurpación de identidad.

Consultado sobre el posible alcance penal de los hechos, Javier Giaroli señaló: “Una de las sospechas que puede existir es que esta maniobra derive en una estafa a Provincia ART, ya que existe un alto grado de litigiosidad y siempre se repiten los mismos protagonistas”.

Como resultado de los allanamientos, la causa sumó un escrito en el que se pedía a los abogados que rectificaran ciertos puntos de un expediente, documento que según la fiscalía sería “totalmente falso”.

Pero, el 17 de junio de este año, la causa dio un vuelco inesperado. El juez de Garantías Jorge Fonseca dispuso el archivo del expediente y la anulación de todas las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, luego de que la fiscal Andrea Rossi concluyera que no existía delito alguno.

La resolución se dictó tras una audiencia en la que, la defensa de las letradas, solicitó la nulidad de la causa. Durante la misma instancia, la fiscalía comunicó que, tras analizar los hechos, no halló elementos que permitieran sostener la acusación.

Como consecuencia, el juez ordenó la devolución definitiva de todos los elementos que habían sido secuestrados el 14 de junio de 2023, durante los allanamientos realizados por orden judicial. La fiscal Rossi también requirió que la causa sea descargada del sistema de antecedentes, de modo que no figure en los registros de las tres profesionales investigadas.

Una advertencia de colapso del sistema de protección laboral

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que nuclea a las ART, advirtió que enfrenta una crisis sin precedentes. La organización sostiene que la intervención desregulada de peritos judiciales está provocando el colapso del esquema de protección laboral, con consecuencias directas tanto para trabajadores como para empresas.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, afirmó: “Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país”.

El núcleo del problema radica en el funcionamiento de los peritos judiciales, quienes determinan los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. Estos profesionales, externos al sistema de ART, actúan sin mecanismos de control y sus honorarios dependen, de manera directa o indirecta, del resultado de los juicios.

De acuerdo con la UART, los peritos establecen los grados de incapacidad según criterios propios, lo que genera una disparidad significativa respecto a las evaluaciones realizadas por las Comisiones Médicas, organismos dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La magnitud de la distorsión queda reflejada en los datos oficiales: 9 de cada 10 casos que llegan a la Justicia son sin incapacidad o directamente inculpables, es decir, no guardan relación con el trabajo. A pesar de ello, los jueces laborales suelen avalar las pericias en la casi totalidad de los casos, aplicando sobre los montos indemnizatorios actualizaciones y tasas de interés que, según la UART, resultan imposibles de financiar.

El proceso de designación de los peritos judiciales también es objeto de cuestionamiento. Para convertirse en perito oficial, basta con integrar una lista y resultar sorteado. Los honorarios se fijan como un porcentaje de la indemnización, lo que, en palabras de la UART, “constituye un aliciente a la judicialidad, elevando los costos laborales, atentando contra la formalización y haciendo colapsar al sistema de ART”.

Argentina se ubica entre los países con mayor litigiosidad en materia de riesgos del trabajo. La tasa de judicialidad es 15 veces superior a la de España y 21 veces mayor que la de Chile, a pesar de que el país ofrece mayores prestaciones y presenta niveles de accidentabilidad similares.

La paradoja se acentúa al observar que, mientras los fallecimientos laborales se redujeron 80% y los accidentes descendieron 55%, la cantidad de juicios crece de manera exponencial, con una proyección de más de 130.000 juicios en 2025.

Si Argentina adoptara el índice judicial de España, el número de juicios anuales apenas superaría los 8.000; con el índice de Chile, la cifra no alcanzaría los 6.000. El informe cita un estudio del IERAL de Fundación Mediterránea que ilustra la disparidad en la valoración de afecciones como la lumbalgia.

Mientras las Comisiones Médicas suelen determinar que no existe incapacidad, los peritos judiciales asignan en promedio un 14% de incapacidad definitiva. Esta variabilidad no solo se observa entre provincias, sino también dentro de cada jurisdicción.

La organización, además, reclama la conformación urgente de Cuerpos Médicos Forenses (CMF), tal como lo prevé la Ley 27.348, para garantizar la independencia y transparencia en la evaluación de los casos. La ley establece que los CMF deben estar integrados por peritos seleccionados mediante concurso, aplicar los parámetros legales y percibir un sueldo o remuneración por tarea, desvinculada del monto del juicio.

De implementarse este modelo, se eliminaría el incentivo económico asociado a la magnitud de la pericia, lo que, según la UART, permitiría “reencauzar un sistema exitoso en la prevención, atención y cobertura del trabajador, pero que actualmente está en riesgo”.