Cristina Kirchner pidió que el decomiso de bienes en la causa “Vialidad” se tramite en el fuero civil

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un planteo para que el decomiso de bienes ordenado en la causa “Vialidad” deje de tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y sea derivado al fuero civil y comercial. La solicitud fue admitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), que admitió el recurso y giró la cuestión a la Cámara Federal de Casación Penal.

El pedido para evaluar la competencia, impulsado por el abogado Carlos Beraldi, implica que la ejecución patrimonial de la condena –que alcanza los 685.000 millones de pesos (unos 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial)– quede en suspenso mientras el máximo tribunal penal del país define en qué ámbito deberá tramitarse la sanción económica. Será una nueva intervención para la Sala IV de la Casación Federal, que hace dos semanas confirmó que Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en “Vialidad” debían afrontar un “pago solidario” en concepto de decomiso, entendido como una pena accesoria a la condena de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

La cifra a pagar había sido inicialmente fijada por el TOF 2 en diciembre de 2022 en 84.835 millones de pesos, pero fue actualizada con peritajes oficiales aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que llevó la cuenta a un total de 684.990.350.139,86 pesos. La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025, con lo cual se abrió la etapa de ejecución patrimonial.

Sin embargo, las distintas defensas impugnaron la metodología aplicada por el tribunal de juicio para calcular la suma a entregar por los daños provocados a la Administración Pública. En ese marco, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, consideró que la sanción ya había sido determinada de manera concreta y definitiva en la sentencia condenatoria y que la actualización por inflación era un paso técnico “para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria”.

Tras esa decisión, el TOF 2 –compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– dictó una serie de resoluciones orientadas a poner en práctica el decomiso. Así, a mediados de septiembre emitió un fallo donde señaló que sólo podían ejecutarse aquellas incorporaciones patrimoniales “concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal objeto de este proceso, que abarca el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían reclamado la ejecución inmediata sobre un listado de más de 140 bienes, entre ellos propiedades de Fernández de Kirchner en Santa Cruz –muchas de ellas cedidas a sus hijos Máximo y Florencia como adelanto de herencia–, además de inmuebles del empresario Lázaro Báez y de exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas como José López.

A pesar del pedido de los acusadores, el tribunal oral dispuso que antes de avanzar con el procedimiento debían escucharse a las defensas y a eventuales terceros interesados, a fin de resguardar el derecho de propiedad y evitar futuras nulidades en el expediente. Además, ordenó requerir información complementaria a los organismos registrales respecto a los inmuebles señalados por la Fiscalía como “decomisables” para contar con datos precisos que permitan avanzar en la ejecución.

De esa manera, los jueces del TOF 2 corrieron vista a las defensas de CFK y de otros seis condenados –entre ellos Báez y López–, y extendió la notificación a Máximo y Florencia Kirchner, para que también pudieran opinar sobre el decomiso de los bienes transferidos por su madre en 2016.

En ese escenario, Carlos Alberto Beraldi interpuso un recurso para que la concreción de la condena patrimonial no se tramite más en el fuero penal de los tribunales federales de Comodoro Py al 2002, ubicados en el barrio porteño de Retiro. Su intención es llevar adelante ese procedimiento en el ámbito civil y comercial. Ahora deberá definir, una vez más, la Cámara Federal de Casación.