La justicia atraviesa un momento complejo, marcado por presiones políticas, desinformación y ataques constantes, según reconoció el presidente de la Corte Suprema Augusto Tejeiro.
En un escenario donde la confianza pública en las instituciones resulta esencial para el estado de derecho, el magistrado destacó que la respuesta de la Corte Suprema se fundamenta en la fortaleza ética y la integridad de sus miembros, quienes enfrentan desafíos cada vez más complejos.
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Tejeiro describió la situación actual como especialmente delicada para el sistema judicial, señalando que los jueces y magistrados deben permanecer atentos a las circunstancias cambiantes que afectan tanto las relaciones sociales como la percepción cultural de la justicia.
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“El juez debe reconocer y estar atento a las circunstancias y a los cambios acelerados, porque estos inciden en la transformación de las relaciones, los conflictos y la visión cultural del país”, afirmó el presidente de la Corte Suprema. Esta reflexión resalta la necesidad de adaptación constante ante un entorno en el que los retos se multiplican y adquieren nuevas formas.
El presidente detalló que las presiones políticas y de diversa índole, provenientes de múltiples frentes, se han intensificado en el escenario actual. A esto se suma la proliferación de la desinformación, que alimenta juicios paralelos y contribuye a un clima de hostilidad hacia la justicia.
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“Surgen presiones políticas y de diversa índole y también de diversa procedencia. Prolifera la desinformación constante, se ataca a la justicia y abundan los juicios paralelos”, advirtió Tejeiro, aludiendo a la magnitud de los desafíos que enfrenta la Corte Suprema.
Frente a este panorama, el magistrado enfatizó la importancia de que los jueces refuercen su humanidad, su espíritu y sus valores éticos.
Según sus palabras, solo mediante la solidez de estos principios es posible resistir las presiones externas y mantener la legitimidad del sistema judicial. La ética y la integridad, sostuvo, son los pilares que permiten a la magistratura responder con independencia y responsabilidad ante los embates que amenazan la confianza en la justicia.
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Tejeiro también recordó que la Corte Suprema ha demostrado históricamente una notable capacidad de resiliencia.
A pesar de los asedios sufridos a lo largo del tiempo, la institución ha logrado sobreponerse gracias al compromiso de sus jueces y a la vigencia de los principios consagrados en las leyes, la Constitución y el estado social de derecho.
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Corte Suprema archiva investigación contra senadores del Pacto Histórico
El archivo definitivo de la investigación penal contra los veinte senadores del Pacto Histórico por presunta financiación irregular de sus campañas marca un punto de inflexión en el escenario político colombiano.

La Corte Suprema de Justicia determinó que no existen elementos que permitan vincular penalmente a los congresistas, tras un proceso que se extendió durante año y medio y que estuvo marcado por la revisión minuciosa de informes financieros y testimonios clave.
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La decisión del alto tribunal, comunicada el 25 de septiembre de 2025, responde a la indagación sobre supuestos aportes de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) a la campaña legislativa del Pacto Histórico y a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Según la sala especial de instrucción de la Sala Penal, el análisis de la evidencia fue “copioso y exhaustivo”, y concluyó que “no existe mérito para iniciar instrucción penal”, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley 600 de 2000.
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El expediente permanecerá archivado, ya que no se acreditó la existencia de financiación con fuentes prohibidas ni la comisión de delitos por parte de los parlamentarios investigados.
La reacción de la senadora Isabel Cristina Zuleta fue inmediata. La legisladora, integrante del Pacto Histórico, celebró la resolución y defendió la integridad de la bancada: “Este fallo ratifica que actuamos con transparencia y dentro de la legalidad.
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Quedó demostrado que las acusaciones en nuestra contra fueron una estratagema jurídica de la derecha para bloquear nuestro trabajo y atacarnos mediáticamente. Pese a esa persecución, seguiremos firmes, defendiendo los cambios que necesita Colombia”, afirmó la senadora.
El proceso judicial se originó en el contexto de la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Las autoridades buscaban esclarecer el destino de fondos provenientes de la empresa Daily Cop, que, según las pesquisas, se habrían utilizado para adquirir vehículos y aeronaves empleados en los desplazamientos de la campaña a lo largo del país. E
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