El Tribunal Oral Federal N° 7 llevó adelante este miércoles una sesión preparatoria para definir las pautas con las que se celebrará el juicio de la causa “Cuadernos”, que tendrá sentada en el banquillo de los acusados a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, entre otras 173 personas.
El juez Enrique Méndez Signori le comunicó a las partes una lista de 16 puntos, entre los que se destacó que el debate oral y público comenzará el 6 de noviembre y se desarrollará enteramente de forma virtual, con transmisiones en vivo a través de la plataforma YouTube.
Habrá audiencia todos los jueves hasta marzo de 2026. Desde ese mes en adelante, el juicio se retomará los días martes y jueves, para darle celeridad al proceso.
Además, por la cantidad de involucrados, la Justicia determinó que solo se permitirá una conexión por cada abogado y acusado, por lo cual los imputados deberán compartir ubicación con sus defensores durante las primeras instancias de lectura del requerimiento. Otro dato clave es que se admitieron los testimonios de 630 testigos.
Todo esto ocurre mientras el TOF N° 7 tiene pendiente de resolución el ofrecimiento económico de reparación integral que hizo un grupo de empresarios acusados para evitar el juicio.
Las propuestas de los acusados abarcan montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares.
Todos los oferentes intentan acceder a la figura del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, que habilita el sobreseimiento en caso de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados. La jurisprudencia al respecto es dispar, ya que algunos tribunales han admitido la figura en delitos menores o con víctimas concretas, mientras que otros la rechazaron en hechos de corrupción tras considerar que la transparencia pública no puede negociarse. La Corte Suprema aún no fijó un criterio uniforme, y eso deja en manos del tribunal la definición.
Algunos empresarios ofrecieron departamentos, barcos o yates para evitar sentarse en el banquillo de un juicio público que se prevé extenso. Entre los montos más elevados figuran los de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, con 1,68 millones de dólares; el financista Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También aparecen Cristóbal Lópezy Fabián de Sousa, con 683 mil dólares; Gabriel Pedro Losi, con 557 mil ;Juan Manuel Collazo, con 603 mil; Héctor Javier Caballero, con 460 mil; y Mario Rovella, con 494 mil.
El debate sobre la reparación
El debate en torno a la posibilidad de que los acusados en el denominado mega expediente de los cuadernos accedan a mecanismos de reparación económica para evitar condenas, ha generado una fuerte confrontación entre la fiscalía y las defensas. En el centro de la controversia se encuentra la negativa de la fiscal federal Fabiana León a aceptar cualquier tipo de pago que permita a los imputados eludir la acción penal, una postura que fue respaldada por la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa.
El caso, que se remonta a 2018, surgió a partir de los registros manuscritos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fuera el principal colaborador de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Durante años, Centeno documentó en cuadernos escolares los trayectos en los que, según la acusación, transportaba bolsos con dinero entregados por empresarios a funcionarios públicos.
Durante una audiencia reciente convocada por el tribunal, Fabiana León rechazó de manera categórica todas las propuestas de reparación económica presentadas por las defensas. “No se puede pagar para zafar”, expresó la fiscal, y advirtió que aceptar tales pagos equivaldría a “tarifar la impunidad”. En tanto la UIF respaldó esta posición y sostuvo que admitir los ofrecimientos implicaría “mercantilizar la corrupción” y transmitir un mensaje de impunidad a la sociedad. Mariano Galpern, representante del organismo, subrayó que la complejidad del proceso “no habilita la impunidad” y que aceptar las reparaciones convertiría al sistema penal en un mecanismo de transacciones condicionado por el poder adquisitivo de los acusados.
En contraste, las defensas argumentaron a favor de la validez del mecanismo penal de reparación. Posiblemente a fines de esta semana, el TOF 7 defina si acepta alguno de estos ofrecimientos.
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