Causa Cuadernos: los arrepentidos insistieron en pagar para ser sobreseídos y el tribunal ratificó a la fiscal

Los 54 imputados colaboradores, entre empresarios y exfuncionarios vinculados al expediente por los escritos de Oscar Centeno, antiguo chofer de Roberto Baratta, se opusieron hoy a la opinión de la fiscal federal Fabiana León. En el marco de una audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal número 7, habían elevado sus propuestas económicas. Los imputados buscan lograr un sobreseimiento previo a la realización del debate, previsto para el próximo 6 de noviembre.

Los primeros en tomar la palabra fueron los defensores de Juan Orazi y Juan Mauricio Balán, quienes en la pasada audiencia ofrecieron 136 millones de pesos. Los abogados cruzaron los dichos de la fiscalía al argumentar que la figura legal que proponen no implica impunidad ni permite que los acusados eludan una condena a cambio de devolver bienes vinculados a la corrupción. Sostuvieron además que la negativa de tratar los hechos y pruebas de manera individualizada genera confusión y afecta el derecho de defensa, especialmente para personas mayores como es el caso de sus clientes.

Sobre los montos de reparación, los abogados de Orazi y Balán aclararon que “no se trata de un beneficio exclusivo para personas adineradas”, sino que depende de la capacidad de cada uno para justificar el origen de los fondos. “Lo importante a la hora de ofrecer un monto significativo es que usted realmente cuente con dinero declarado”, escribieron.

Seguidamente, la defensa de Miguel Marcelino Aznar se abstuvo de formular manifestaciones y ratificó lo dicho en la pasada audiencia, así como las presentaciones agregadas al expediente. La misma postura fue ejercida por diversos abogados, entre ellos el del financista Ernesto Clarens y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Sin embargo, Ignacio Olivar, letrado que representa a Carlos de Sousa, hermano de uno de los propietarios del Grupo Indalo, subrayó que no hay una limitación normativa que restrinja la reparación integral a ciertos delitos, por lo que su aplicación no puede ser restricta. Asimismo, reiteró que la oposición del fiscal se dirige contra una figura regulada por ley y que la reparación integral resulta procedente conforme a las consideraciones expuestas.

En tanto, los defensores de Pablo José Gutiérrez refutaron la acusación de asociación ilícita y competencia desleal porque carece de pruebas, y sostuvieron que el sobreseimiento por estos delitos, como en el caso de su cliente, no fue considerado. Además, argumentaron que la opinión del Ministerio Público no es vinculante, y que la Unidad de Información Financiera (UIF) tampoco fundamentó adecuadamente su postura.

Durante la audiencia que se extendió por 5 horas, casi todos los defensores manifestaron su adhesión a las presentaciones y fundamentos expuestos por los abogados de Orazzi y coincidieron en que la ley no establece restricciones para la aplicación de la reparación integral según el tipo de delito, ni exige la conformidad de la Fiscalía para su procedencia.

La representación legal del ex Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, solicitó al tribunal que se pronuncie sobre la razonabilidad e integralidad del ofrecimiento realizado y consideró que la reparación propuesta cubre el aspecto que le corresponde. Manceno MacMullen cuestionó la afirmación de la fiscalía de que este sistema favorece solo a personas con recursos, señalando que cada imputado puede ofrecer reparación en la medida de sus posibilidades.

El punto álgido de la audiencia se dio durante la intervención de la defensa de Marcelo Marcuzzi ejercido por Gonzalo Alvaro Díaz Canton, que fue más allá en su crítica a la objetividad de la fiscalía, al denunciar una supuesta renuncia a investigar a funcionarios públicos y concentrar la persecución penal en empresarios. El letrado consideró que esta actitud vulnera el principio de igualdad ante la ley y solicitó el apartamiento de la fiscal del caso, además de reiterar el pedido de reparación integral para su defendido.

Varios de los abogados hicieron hincapié en que la fiscalía no respondió de manera concreta a los planteos individuales y que su oposición se basó en argumentos generales, algunos de carácter emotivo o moral, que no encuentran sustento en la normativa vigente.

El aval de los jueces a la fiscal

Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron “in limine” el planteo de Díaz Cantón. Méndez Signori puntualizó que el defensor sacó de contexto las palabras de la fiscal y remarcó la inexistencia de fundamentos para el pedido de apartamiento solicitado, pues no logró demostrar que lo argumentado por la fiscal León constituyera causal de recusación conforme a la normativa. Y recordó que la recusación solo procede en supuestos taxativamente definidos, así como también que su análisis exige el máximo de prudencia y razonabilidad.

Finalmente, el tribunal le dio la palabra a la fiscal León para que respondiera al planteo de nulidad de varias defensas, quienes consideraron que su dictamen fue generalizado y que no respondía a una evaluación individual de cada situación particular.

La acusadora pública respondió con contundencia y recordó que en el marco de la dinámica procesal había mantenido conversaciones previas con los abogados de las partes, y que la respuesta al planteo de la reparación integral fue siempre la misma: “Afirmar en esta instancia que no sabían la respuesta es lisa y llanamente falso. Sabían perfectamente que la Fiscalía se oponía a este tipo de soluciones alternativas”, remarcó.

León desestimó que existiera una afectación concreta o una falta de fundamentación de su dictamen. Explicó que su solicitud de audiencia tuvo como objetivo garantizar que todas las partes estuvieran informadas sobre el desarrollo del proceso, dado que algunos segmentos del expediente no eran accesibles para todos los intervinientes.

En cuanto al fondo de la cuestión, la fiscal defendió su dictamen y reiteró que su posición ya era conocida por todas las defensas y que no correspondía limitar sus argumentos a una mera evaluación del monto ofrecido en concepto de reparación. “El dictamen no debía de ningún modo restringirse a opinar acerca del monto, cuando estamos hablando de la integralidad que requiere la reparación”.

Finalmente, el juez Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal Oral Número 6, dispuso el cierre de la audiencia no sin antes comunicar a las partes que pasarán a deliberar y que darán a conocer su decisión en breve.