El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una nueva investigación penal por presuntas maniobras fraudulentas de compraventa de dólares por unos $14.000.000.000 —catorce mil millones de pesos— con documentación apócrifa, que involucra a un banco, casas de cambio y apunta a la eventual participación de funcionarios del Banco Central durante el cepo implantado en el gobierno pasado.
Se trata de una denuncia contra Gallo Cambio S.A.S. y Mega Latina S.A., junto a directivos de esas firmas y a la eventual participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Cámara Federal porteña ordenó que el expediente se tramite desde ahora en forma conjunta con la causa por el “rulo cambiario” que se lleva en el juzgado federal 11, que subroga Lijo por falta de juez titular y que tiene entre los investigados a Elías Piccirillo y Martín Migueles.
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La nueva denuncia que se presentó en el fuero penal ordinario y fue enviada a Comodoro Py describe una presunta organización dedicada a gestionar cuentas bancarias mediante documentación falsa para operar en el mercado de divisas, con posible intervención de funcionarios del BCRA, todo ello durante la vigencia del cepo cambiario. El juez Mariano Llorens, de la Cámara Federal porteña, zanjó un conflicto de competencia y concluyó que hay “elementos suficientes para justificar una investigación conjunta”.
Las mismas firmas, el mismo circuito
Las maniobras consistían en adquirir dólares al tipo de cambio oficial para revenderlos luego en el mercado paralelo. La nueva denuncia se suma a dos investigaciones sobre el rulo cambiario que la Cámara Federal ya había unificado bajo la órbita de Lijo días atrás. El camarista Roberto Boico, de la Sala II, hizo lugar a un planteo de inhibitoria del magistrado frente a su par María Servini para que le enviara el expediente que investigaba en su juzgado a Elías Piccirillo y a Martín Migueles, por delitos cambiarios y operaciones en “cuevas” financieras. También se investiga a este último por supuestas maniobras con permisos de importación.
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Existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos legajos con casas de cambio presentes en los dos expedientes: Arg Exchange S.A., Gis Cambio S.A., Banco Más Ventas, Stema Cambios S.A. y Mega Latina S.A.. Ahora se considera que ocurrió lo mismo con esta nueva causa.
Las investigaciones unificadas comparten “un idéntico patrón operativo: maniobras orientadas a acceder a divisas al tipo de cambio oficial, mediante la instrumentalización de casas de cambio y entidades financieras para su posterior colocación en el mercado paralelo”. A ello se suma la presunta participación de funcionarios del BCRA en la convalidación u omisión de control de esas operatorias, todas concentradas en el 2023.
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El volumen de la trama
En la investigación los acusados fueron embargados por sumas millonarias. Diecisiete “cuevas” investigadas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas, con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito. Entre los imputados figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, ex socio del primero.
Piccirillo, a su vez, está detenido con prisión preventiva y arresto domiciliario denunciado por el armado de un falso operativo policial para plantar droga y un arma a Hauque y evitar así pagarle una deuda por 6 millones de dólares.
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Con la incorporación de la nueva denuncia por $14.000 millones, el fiscal federal Franco Picardi —a cargo de todas las causas del rulo cambiario bajo la órbita de Lijo— deberá ahora coordinar una instrucción que abarca a tres entidades financieras, múltiples casas de cambio, directivos privados y la eventual responsabilidad de funcionarios del BCRA.
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