El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó este martes a tres ex directivos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a penas de hasta tres años y medio de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en un proceso que investigó el manejo irregular de fondos millonarios provenientes de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2011.
Los jueces Ana Farías, Abelardo Basbús y Enrique Lilljedahl tuvieron por corroborados los "sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa YMAD“, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal.
De esa manera, el tribunal estuvo en línea con la postura de los acusadores Pablo Camuña y Agustín Chit, junto a la del auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes sostuvieron la acusación durante los alegatos contra tres de los cuatro imputados del debate oral.
En efecto, la pena más alta recayó sobre el ex rector Juan Cerisola, sentenciado a tres años y seis meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública. La exdirectora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, recibió una condena de tres años y dos meses de cárcel como coautora del delito de defraudación, mientras que el exdirector de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, fue condenado a dos años de prisión en suspenso.
Los tres ex miembros de la cúpula directiva de la casa de estudios quedaron inhabilitados de forma perpetua para desempeñarse en el ámbito de la función pública. Por su parte, el exsubsecretario administrativo, Luis Sacca, resultó absuelto tras quedar al amparo del beneficio de la duda.
El juicio oral comenzó en junio del año pasado y se extendió a lo largo de 14 meses con más de 40 audiencias, la declaración de más de 50 testigos y peritos, la incorporación de 50 cajas de documentación y 11 inspecciones oculares en distintas obras vinculadas a la causa. De acuerdo al requerimiento de elevación del fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la UNT recibió fondos provenientes de YMAD destinados por ley a la construcción de la Ciudad Universitaria en las Sierras de San Javier, a 25 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, esos fondos fueron desviados a un “sistema paralelo e ilegal” para la ejecución de otras obras y para colocaciones financieras realizadas sin autorización de la Tesorería General de la Nación y en entidades no reconocidas por el Banco Central.
De acuerdo al MPF, los fiscales Camuña, Chit y Doz Costa organizaron sus alegatos acusatorios en tres bloques. En primer lugar, destacaron la “renuncia a fondos de YMAD” realizada por Cerisola, quien dio por concluida la Ciudad Universitaria “sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior”. Esa decisión, afirmaron, implicó que la UNT dejara de percibir el 40% de las utilidades de la minera, con una pérdida que calcularon en más de 64 mil millones de pesos actuales. En segundo lugar, señalaron las contrataciones de obras con fondos de YMAD, en las que se detectaron sobreprecios, direccionamientos de adjudicatarios e incumplimientos de normativa. Por último, se enfocaron en las inversiones financieras irregulares, que calificaron como un mecanismo “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”. Entre los ejemplos citados se mencionaron plazos fijos por 15 millones de pesos en el Banco Servicios y Transacciones, otros de 18 millones en el Banco Piano y fideicomisos en la financiera Equity Trust por más de 67 millones.
Con todo, el tribunal pronunció las condenas a prisión y fijó la obligación de reparar los perjuicios económicos sufridos por la Administración Pública. En ese marco, dispuso que Juan Cerisola y Olga Cudmani abonen en forma solidaria una suma de 39.277.376 pesos, que deberá actualizarse por el índice de precios al consumidor desde el 30 de octubre de 2012, fecha fijada como inicio de la mora por la entrega de la última obra investigada, hasta su cancelación efectiva. A su vez, determinó que Cudmani y Osvaldo Venturino respondan por el pago de 717.000,66 pesos, correspondientes a una readecuación económico-financiera vinculada a una de las obras debatidas en el juicio, monto que también deberá actualizarse desde el 22 de diciembre de 2011 hasta su efectivo cumplimiento.
Los fundamentos del veredicto se darán a conocer dentro de los próximos 40 días hábiles. Recién entonces podrán las distintas defensas presentar apelaciones para elevar el expediente a revisión de la Alzada.
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