En el juicio por la causa “Fútbol para Todos”, el fiscal general Miguel Ángel Osorio pidió condenar a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Aníbal Fernández, mientras que para Jorge Capitanich solicitó una pena de ocho meses, en ambos casos por las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido mientras se desempeñaron como jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
En su alegato de este lunes ante el Tribunal Oral Federal N° 1, el Ministerio Público Fiscal también pidió condenar a Luis Segura, ex presidente de AFA -dos años de prisión-; Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) -un año-; Norberto Monteleone, ex gerente general de ese sindicato -un año-; y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco -dos años-.
El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. Lo acusaron de haber sido autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso real con violación de los deberes de funcionario público. A Capitanich, en tanto, solo le imputaron ese último delito y una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena que reciba.
En tanto, el fiscal Osorio no impulsó la acusación contra Gabriel Mariotto, ex coordinador de Fútbol para Todos; Miguel Ángel Silva, ex secretario general de AFA; Rubén Manuel Raposo, ex administrador financiero de AFA; Raúl Pagano, ex gerente financiero de FAA; Sergio Marchi, ex secretario general de FAA; y Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin. Para todos ellos el MPF solicitó la absolución.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.
Una vez concluidos los alegatos de la fiscalía, el TOF N° 1 - integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünbeg-, llamó a un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando comenzarán las exposiciones de las defensas.
Por su parte, el propio Capitanich criticó el alegato de la fiscalía y sostuvo que “fue inconsistente, infundado y conjetural: no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”.
“Incluso el propio fiscal reconoce que los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos. Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara su destino es absurdo: no tenía facultades ni posibilidad de hacerlo. Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, añadió el ex gobernador de Chaco.
Y cerró: “Confío en que la verdad prevalecerá, como ocurrió siempre. Estoy a disposición de la justicia. Mi compromiso con la transparencia y con el pueblo está intacto. Esto no es un alegato jurídico: es el inicio de la campaña política”.
El caso Fútbol para Todos
La causa se elevó a juicio por presuntas maniobras fraudulentas y desvío de fondos públicos, todo vinculado al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación. Este acuerdo, que dio vida a Fútbol para Todos, tenía un doble objetivo: garantizar el acceso libre y gratuito de los partidos y fortalecer económicamente a los clubes.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que ocurrió exactamente lo opuesto: las instituciones aumentaron “sustancialmente” sus pasivos, y no se observó que hubieran cancelado las deudas que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Adicionalmente, la acusación expuso un incumplimiento por parte de la AFA respecto a sus obligaciones de auditoría -lo que formaba parte del contrato- sobre los clubes. Esta supervisión era crucial para fiscalizar el cumplimiento estatutario, el cual dictaba, entre otras cosas, que las entidades deportivas debían mantener una contabilidad específica para el fútbol profesional y destinar fondos a obras de utilidad deportiva o cultural.
En cuanto a las presuntas maniobras de desvío de fondos hacia cuevas financieras, el fiscal Taiano señaló en su requerimiento de elevación a juicio que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas señaladas, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban en su totalidad a las entidades deportivas, ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias.
Las pesquisas también se centraron en seis contratos de sponsoreo o naming que fueron suscriptos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010, presuntamente beneficiada de forma ilícita. A lo largo de la duración de estos acuerdos, la AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio.
La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación alguna, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Estos convenios se habrían concretado sin sujetarse a la normativa legal ni a licitación alguna, aceptando pagos en especie sin que se acreditara una necesidad previa o que los conceptos facturados coincidieran con los cuadros tarifarios del programa.
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