La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso presentado por la defensa del empresario Gabriel Garcés, implicado en la causa conocida como la “mafia de los contenedores”, una investigación judicial por contrabando y corrupción en la Aduana que se inició en 2016 y derivó en múltiples procesamientos y condenas.
El planteo de la defensa de Garcés se centraba en suspender la acción penal en su contra, al amparo de la Ley 27.562 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19. Esa normativa, en rigor, habilitó un régimen de moratoria para regularizar obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras, con condonación de intereses, multas y sanciones. Según el planteo, la ampliación de moratoria debía alcanzar también al caso del empresario, acusado de delitos previstos en el Código Aduanero.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 rechazó inicialmente el pedido, al considerar que la ley en cuestión no resultaba aplicable a su situación procesal. En julio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa, lo que motivó que se presentara un recurso de queja directo para elevar el caso ante el Máximo Tribunal del país.
Radicadas las actuaciones en esa instancia, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar esa presentación. En un pronunciamiento breve, la Corte Suprema sostuvo: “Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa (...)”.
El expediente, que se hizo conocido mediáticamente como la “mafia de los contenedores”, se inició en 2016 a partir de la denuncia de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La funcionaria presentó escuchas que revelaban una maniobra para liberar contenedores retenidos por la Aduana a cambio de sumas de dinero, lo que derivó en la apertura de una megacausa en el Juzgado en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
La investigación dio cuenta de una presunta organización criminal compuesta por empresarios, exfuncionarios y empleados de la Aduana, despachantes y contadores, entre otros. Según el magistrado que llevó adelante la pesquisa, se trataba de una asociación ilícita con roles definidos que operó entre principios de 2014 y mayo de 2016 para llevar adelante maniobras de contrabando calificado mediante la liberación irregular de miles de contenedores.
En la causa fueron procesadas casi un centenar de personas y más de una decena de empresas. En una de las partes en que se dividió el expediente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 dictó condenas contra 11 de los 12 acusados, entre ellos el exdirector de la Aduana durante el kirchnerismo, Edgardo Paolucci, quien recibió ocho años de cárcel tras ser considerado el organizador de la asociación delictiva.
Como resultado de las diligencias judiciales, un total de 1600 contenedores fueron confiscados en el Puerto de la ciudad de Buenos Aires. El valor de la mercadería incautada se calculó en 264 millones de dólares, y buena parte de su contenido fue donado a sectores vulnerables de la población.
Por lo demás, las penas más elevadas, también de ocho años, fueron impuestas a Paolucci y al empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda. Los exfuncionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro recibieron seis años y seis meses de prisión, mientras que Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante fueron condenados a seis años. Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, fue sentenciado a cinco años de prisión.
Así las cosas, la decisión adoptada por el Máximo Tribunal se limitó a la situación procesal de Garcés y a la inadmisibilidad del recurso extraordinario planteado por su defensa, en línea con lo resuelto previamente por las instancias anteriores.
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