A plena luz del día, con un incesante ir y venir de gomones sobre el río Bermejo y decenas de vehículos cargados de bultos, funcionaba en la localidad salteña de Aguas Blancas un paso fronterizo clandestino que generaba cifras millonarias. La maniobra, según la Justicia, movía mercadería ilegal por casi 3.000 millones de pesos al año.
El Juzgado Federal de Garantías de Tartagal dictó la prisión preventiva para once personas acusadas de asociación ilícita y contrabando agravado. Entre los detenidos se encuentra una funcionaria de la policía provincial.
Según la causa, las ganancias diarias superaban los 3,7 millones de pesos gracias al cobro de “peajes” a cada vehículo y bulto que cruzaba, además de puestos de comida que pagaban un canon por operar en el predio.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Marcos Romero, reveló que el centro de operaciones era la finca “Karina”, a la vera de la ruta nacional 50 y con acceso directo al río.
Allí, la playa estaba acondicionada para recibir embarcaciones procedentes de Bolivia, incluso con capacidad para trasladar automóviles. Un dron de la fiscalía registró el intenso movimiento antes de los allanamientos.
Según los cálculos oficiales, cada día ingresaban unos 300 vehículos con un promedio de diez bultos cada uno. El “peaje” costaba 2.000 pesos por rodado y 1.000 pesos por bulto, lo que, sumado a otras actividades, dejaba una recaudación mensual cercana a los 229 millones de pesos.
Al exponer el caso, el fiscal señaló que la investigación empezó el 26 de mayo pasado, a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros de Aguas Blancas.
El funcionario señaló que a la propiedad se puede acceder desde la ruta 50 y que, luego de recorrer un camino rural corto, se arriba a la orilla argentina del río Bermejo. Allí, el terreno estaba acondicionado para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles.
De acuerdo a la investigación, la operación ilegal contaba con una estructura jerarquizada: José Suárez y miembros de la familia Cardozo supervisaban los movimientos, mientras otros se encargaban del cobro y logística. También se identificó a Alfredo Salazar, radicado en Bolivia y señalado como operador clave, cuya detención sigue pendiente.
Operativo multitudinario
El operativo para desmantelar el corredor contó con 170 efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de Salta y personal de Aduana. Además de las detenciones, la jueza Ivana Hernández ordenó clausurar la finca y disponer una consigna permanente de Gendarmería para impedir que el lugar vuelva a usarse para el contrabando.
Para el fiscal Romero, el caso refleja la magnitud y la impunidad con que se desarrollan estas maniobras en la frontera norte: “No sólo generan un perjuicio millonario al Estado, sino que funcionan como un engranaje de otras actividades delictivas”.
Las defensas no objetaron las imputaciones, aunque sí cuestionaron la prisión preventiva. Al resolver, la jueza coincidió con los argumentos de la fiscalía: avaló la formalización del caso y rechazó las impugnaciones de las defensas contra la prisión preventiva y el cierre de la propiedad. La jueza también autorizó medidas de prueba, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados.
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