El Procurador General de la Nación interino advirtió al Ministerio de Justicia sobre la persistencia de graves carencias de infraestructura, personal y tecnología en el Ministerio Público Fiscal (MPF), a pocos meses de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La implementación del nuevo sistema, prevista para el 10 de noviembre tras una reciente postergación, enfrenta obstáculos que, según el MPF, podrían comprometer la investigación de delitos complejos y la eficacia de la reforma judicial.
En una nota dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Casal detalló que los pedidos de recursos realizados en el último año y medio no buscaban que el Ministerio de Justicia asumiera en exclusiva la financiación, sino que actuara como canal ante el Poder Ejecutivo y otros organismos competentes, de acuerdo a la normativa vigente.
El funcionario subrayó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/24 asigna al Ministerio de Justicia un rol central en la ejecución de la reforma, lo que implica no solo fijar cronogramas, sino también garantizar la provisión de los medios materiales indispensables para la puesta en marcha del sistema acusatorio.
El procurador señaló que la falta de autonomía funcional y autarquía financiera del MPF, reconocidas en el artículo 120 de la Constitución Nacional, es la causa principal de los reiterados requerimientos presupuestarios. Advirtió que la ausencia de recursos adecuados podría transformar al nuevo sistema en un obstáculo para la investigación de la criminalidad compleja y la corrupción, afectando tanto causas futuras como expedientes actualmente en trámite.
En respuesta al comunicado oficial que atribuía la postergación por tres meses del CPPF a la “falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”, el procurador rechazó que los fiscales carezcan de capacidad para afrontar investigaciones de alta complejidad. Recordó que existen numerosos antecedentes de causas voluminosas y de alto perfil tramitadas bajo el sistema anterior, que derivaron en condenas y recupero de activos. Además, destacó la realización de múltiples actividades de capacitación para fiscales y fuerzas de seguridad, muchas de ellas organizadas en conjunto con el Ministerio de Justicia.
La opinión del Ministerio
En un reciente comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia, en manos de Cúneo Libarona, informó la decisión de prorrogar por tres meses la implementación del sistema acusatorio. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el próximo 11 de agosto, algo que -según se explicó- quedó diferido como consecuencia de “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, expresó el texto publicado por la cartera de Justicia.
“Desde el inicio de la implementación -continuó el mensaje oficial-, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“.
El planteo de las dificultades
Sin embargo, el documento enviado por Casal advierte que, pese a los esfuerzos de formación y adecuación, la falta de recursos materiales y humanos sigue siendo un obstáculo central. El procurador reclamó la reactivación de las reuniones de coordinación interinstitucional, interrumpidas hace meses, para abordar los desafíos específicos de la jurisdicción porteña y avanzar en la adaptación de las estructuras judiciales al nuevo sistema.
Entre las principales necesidades de infraestructura, el MPF informó que actualmente dispone de 3.681 metros cuadrados para sus fiscalías, cuando el estándar óptimo exige 11.380 metros cuadrados. Se mencionó la propuesta de trasladar dependencias al edificio Raúl Ricardo Alfonsín, en el predio de la ex ESMA, aunque existen objeciones jurídicas pendientes de resolución.
El plan contempla reorganizar oficinas y trasladar áreas especializadas, como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), para liberar espacio en otras sedes y adecuar las fiscalías a las nuevas competencias.
El procurador también denunció desigualdades en la dotación de personal: el Poder Judicial Nacional cuenta con 71 jueces y 1.532 funcionarios, frente a 40 fiscales y 569 funcionarios del MPF. Se propuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para avanzar en el traspaso de empleados y funcionarios, tal como prevé la Ley 27.150.
En el plano tecnológico, el MPF alertó sobre la insuficiencia de recursos para afrontar las exigencias del CPPF. Si bien el Ministerio de Justicia anunció la compra de licencias y equipos especializados para investigaciones complejas, aún no han sido adjudicados ni entregados. Además, se requiere la contratación y capacitación de personal técnico y la creación de laboratorios para operar estas herramientas.
Respecto a la gestión de causas complejas, el procurador señaló que la transición al nuevo sistema exige simulaciones y capacitaciones específicas, así como la coordinación de aspectos operativos con el Poder Judicial, especialmente en casos de corrupción y narcotráfico. Advirtió que los plazos y requisitos del CPPF podrían ser incompatibles con la tramitación de pruebas documentales y periciales en expedientes de alta complejidad.
Casal concluyó que, pese a la postergación de la entrada en vigencia persisten numerosas carencias en la asignación de recursos, que ponen en riesgo la eficacia de la reforma. Y solicitó que, en el nuevo plazo fijado, se profundice el trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema de justicia para garantizar las condiciones mínimas que permitan a los fiscales cumplir con sus funciones en el marco del nuevo sistema acusatorio.
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