Frente al incremento sostenido de la criminalidad digital en el país, el Ministerio de Justicia de la Nación avanza en una reforma integral del Código Penal que incorpora nuevas figuras vinculadas al ciberdelito. Dicho anteproyecto, actualmente en revisión en la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona, fue desarrollado por una comisión especial creada por resolución ministerial en febrero de 2024, en un contexto en el que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) reportó un récord de 34.468 denuncias por delitos informáticos durante el último año, lo que reflejó un aumento interanual del 21,1 %.
En rigor, el informe de la UFECI, a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, consignó un total de 34.468 reportes recibidos entre enero y diciembre del año pasado y los comparó con años anteriores. Entre abril de 2019 y marzo de 2020, la sede especializada había registrado 2.581 reportes; en 2021 la cifra ascendió a 22.364; en 2022 se contabilizaron 32.395 y en 2023, un total de 28.456 casos.
De las 34.468 denuncias registradas durante al año pasado, el “fraude en línea” se mantuvo como la modalidad delictiva más frecuente, con 21.729 casos (63 %), según detalló la publicación anual de la sede especializada. Le siguieron la “usurpación de identidad”, con 4.637 causas (13,5 %); el “acceso ilegítimo” a cuentas, con 2.877 reportes (8,3 %); el “phishing” o captación engañosa de datos personales, con 1.563 registros (4,5 %); y el “acoso digital”, con 1.458 situaciones denunciadas (4,2 %), de las cuales 340 estuvieron vinculadas a la difusión no consentida de imágenes íntimas. El resto de las conductas, que representaron el 6,4 %, correspondieron a modalidades menos recurrentes y no representativas.
La fiscalía precisó también que dentro del fenómeno del “fraude en línea”, el 56 % estuvo vinculado a operaciones de compra-venta por Internet de bienes o servicios, el 18 % correspondió a maniobras realizadas a través de plataformas de homebanking y el 10 % se relacionó con estafas piramidales o esquemas ponzi.
En ese escenario, desde el Ministerio de Justicia informaron que se encuentran “revisando y ampliando” el anteproyecto preparado por la “Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación”, creada con el fin de desarrollar una actualización integral “que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo”, según estableció el ministro Cúneo Libarona en la Resolución 25/2024 de febrero de 2024.
“Internet no puede ser una zona gris. La ley debe proteger la privacidad, la identidad y la dignidad de las personas también en el mundo digital, donde los delitos dejan marcas imborrables. Este proyecto es un paso esencial para reconstruir la confianza. Se terminó la impunidad. El que las hace, las paga”, expresó el titular de la cartera de Justicia al comunicar que “por primera vez, se incorporará un capítulo específico dedicado a los delitos informáticos” en la reforma penal.
En efecto, según explicaron desde esa cartera, el texto en estudio contempla la incorporación de nuevos “tipos” referidos a delitos virtuales. Entre ellos se incluye la manipulación digital de imágenes o videos mediante inteligencia artificial con fines denigratorios, difamatorios o extorsivos (deepfakes); la difusión no permitida de contenido íntimo, incluso si fue compartido previamente; la suplantación de identidad digital mediante la creación de perfiles falsos o el uso indebido de datos personales; y el hostigamiento sistemático a través de mensajes o plataformas digitales (conocido como ciberacoso o cybermobbing).
Además, se prevén conductas como el hurto informático, el sabotaje de sistemas, la difusión no autorizada de datos personales sensibles y la obstrucción de plataformas digitales, con un esquema de sanciones que se gradúa en función del daño causado en el caso concreto. También se evalúa la posibilidad de sumar agravantes específicos cuando las víctimas son menores de edad, cuando hay ánimo de lucro o si el hecho genera consecuencias graves en la integridad psíquica o reputación de la persona afectada.
El Código Penal fue sancionado en 1921 y desde entonces recibió más de 900 reformas parciales. Sin embargo, nunca resultó actualizado de forma sistemática. La comisión encargada de redactar la propuesta a tal efecto, hoy en evaluación dentro de la sede de la calle Sarmiento 329, quedó integrada por especialistas del ámbito académico y judicial como Jorge Buompadre, Horacio Romero Villanueva, Julio Báez, Ricardo Basílico. También por el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, la jueza María Eugenia Capuchetti y referentes como Carlos Manfroni, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
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