La Comisión para la Reforma del Código Penal dio por concluido el anteproyecto este lunes en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en los tribunales de Comodoro Py. El encuentro, que fue el número 25 desde la creación del organismo, marcó la última sesión plenaria y finalizó con las correcciones definitivas del cuerpo legal que modificará de forma integral la normativa vigente.
El actual Código Penal, que data de 1921, será reemplazado por una versión que busca modernizar el marco jurídico del país. El nuevo texto, en efecto, introducirá la protección de bienes jurídicos hasta ahora no contemplados, como el orden internacional, los delitos informáticos, el ambiente sano, el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. También se incorporarán nuevas tipificaciones delictivas relacionadas con el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico a nivel global y el cibercrimen, reflejando la complejidad de las conductas delictivas en la actualidad.
El grupo que integra la Comisión, creada y ampliada por las resoluciones 25/2024 y 48/2024 del Ministerio de Justicia, está encabezada por Jorge Buompadre e incluye a figuras clave del ámbito jurídico, como el ministro Mariano Cúneo Libarona, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Hernán Borinsky, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el juez Ricardo Ángel Basílico, así como reconocidos juristas, entre ellos Julio César Báez, Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena. Durante el último encuentro, sus miembros revisaron el proyecto integral y ajustaron varios aspectos para garantizar la coherencia y accesibilidad del texto.
Uno de los temas centrales abordados en el nuevo proyecto tiene que ver con la tipificación de delitos emergentes como el terrorismo y su financiamiento, que se incluirán en un título autónomo. Esta modificación apunta a reflejar los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el terrorismo y establece sanciones específicas para el reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas, además de prever penas más severas para los organizadores de redes terroristas
La comisión también debatió la ampliación de figuras como el lavado de activos, en línea con las estipulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con un aumento significativo de las penas, especialmente en casos que involucren a funcionarios públicos.
Otro de los avances importantes que traerá la nueva normativa es la inclusión de un Tercer Libro en el Código Penal, dedicado a los delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas y delitos de guerra. Este nuevo libro contempla la imprescriptibilidad de estos crímenes, y declara inaplicable el indulto o la amnistía. También establece la jurisdicción universal para esta clase de delitos.
El proyecto también aborda la protección de derechos humanos y la lucha contra la violencia de género. Bajo esos términos, se incorporaron penas más severas para los casos de feminicidio y abuso sexual agravado, y se limitó el acceso a la libertad condicional para aquellos condenados por delitos graves cometidos con violencia de género con el fin de prevenir la reincidencia.
Además, el anteproyecto tipifica el acoso laboral o “mobbing”, con sanciones específicas para quienes, aprovechándose de una posición de poder, hostiguen de forma reiterada a un trabajador con el objetivo de que abandone su puesto. A su vez, en temas de seguridad vial, fija sanciones severas para quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, o superen los límites de velocidad reglamentarios.
En ese marco, la última sesión incluyó la revisión de la exposición de motivos del proyecto final, que resulta un aspecto clave para justificar los cambios introducidos. Además, se analizaron propuestas doctrinales sobre delitos aduaneros, varias de las cuales ya habían sido incorporadas en el nuevo texto.
El proyecto en cuestión será presentado la próxima semana ante el Ministerio de Justicia de la Nación para su posterior envío al Congreso de la Nación.
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