La Legislatura porteña logró avances en el debate de la Ley de Ejecución Penal, con la que la Ciudad de Buenos Aires busca crear su propio sistema penitenciario. Se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo para descomprimir la sobrepoblación en las comisarías y alcaidías, problemática que derivó en varios episodios de fugas.
En marzo de este año, el jefe de Gobierno Jorge Macri creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios -a cargo de Leandro Halperín- para empezar a gestionar las cárceles porteñas, independientes del Sistema Penitenciario Federal.
Y también giró el proyecto de ley al Poder Legislativo. En los últimos días hubo un plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Seguridad y Legislación del Trabajo, donde se debatieron -con funcionarios y especialistas- los detalles de la iniciativa que busca aprobar el Ejecutivo.
La Ciudad no tiene cárceles propias. El Complejo Penitenciario de Devoto es gestionado por Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. La cartera no renovó los convenios con CABA para hacer más efectivo el traslado de presos y aumentar los cupos.
Es por esto que los detenidos en territorio porteño, aunque hayan cometido delitos federales, son alojados en comisarías o alcaidías de la Policía de la Ciudad. Sin los cupos necesarios para descomprimir estos lugares de alojamiento transitorio, en las celdas porteñas hay 2.464 privadas de su libertad, cuando la capacidad es de 1.300. Así lo reflejan las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Además, el último reporte del organismo reflejó que el 69,8% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encuentran procesadas con prisión preventiva -por lo que deberían estar en un penal-, el 15,3% imputadas y el 14,9% condenadas.
En lugar de pensar en las cárceles como “lugares de castigo”, el proyecto porteño de Ley de Ejecución Penal prevé crear un sistema que funcione como “una escuela de segunda oportunidad” enfocada en la protección de la sociedad.
Cada detenido será acompañado para que durante el encierro pueda crear su propio plan de vida que incluye educación, trabajo, salud y desarrollo personal. Este enfoque, según se debatió en comisiones, no pretende diluir la experiencia carcelaria para quien comete un delito, sino crear un sistema en el que quienes salen de prisión tengan menores probabilidades de volver a delinquir.
También de la discusión surgieron propuestas de modificaciones. Ines Parry, legisladora de UCR Evolución y presidenta de la comisión de Justicia, sugirió asignar nuevos roles a las víctimas y las personas privadas de su libertad y la comunidad en general.
Parry propuso que quienes sufran un delito tengan voz activa a la hora de otorgar beneficios penitenciarios y puedan participar en procesos de justicia restaurativa.
A los detenidos se les mantendrán sus derechos garantizados, desde alimentación digna hasta la posibilidad de mantener vínculos familiares, pero pidió reforzar los mecanismos para su preparación para la reinserción social, que deberá ser integral.
Para esto el proyecto también evalúa crear un Instituto de Inserción Social que trabaje con cada preso para que, cuando salga, tenga las herramientas necesarias para una vida digna y no represente una amenaza para la sociedad.
En tanto, la oposición tiene sus propuestas propias. La Libertad Avanza, a través de la legisladora Rebeca Fleitas, presentó un proyecto que permite la creación de cárceles privadas, en línea con el ajuste que consideran necesario llevar adelante en el Gobierno de la Ciudad.
El peronismo, con la legisladora Graciana Peñafort como una de sus impulsoras, también elaboró una iniciativa paralela a la del Ejecutivo porteño. Esta se basa principalmente en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
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