La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad de Buenos Aires a Leonardo Bertulazzi, un ciudadano italiano de 73 años y exintegrante de las disueltas Brigadas Rojas, en el marco de un proceso de extradición impulsado por el gobierno de Italia. El arresto se concretó tras una orden dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y se enmarca en un expediente iniciado hace más de dos décadas.
La detención se llevó a cabo por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, en colaboración con personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista y la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL. El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo. En el lugar también intervino personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad, que retiró el dispositivo de tobillera electrónica que el imputado portaba en cumplimiento de una medida de arresto preventivo.
Bertulazzi está condenado en su país a una pena unificada de 27 años de prisión por delitos cometidos durante los denominados “Años de Plomo”, un período de violencia política que atravesó Italia en las décadas de 1970 y 1980. Según documentos oficiales, la condena se compone de dos sentencias dictadas en ausencia: una del Tribunal de Apelación de Milán en 1985, que lo sentenció a 19 años por hechos ocurridos hasta 1980, y otra de la Corte de Apelación de Génova, que impuso 15 años por crímenes cometidos hasta 1977.
Las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda a la que se lo vinculó, fueron responsables de atentados, secuestros y asesinatos con motivación ideológica, entre ellos el secuestro y posterior homicidio del ex primer ministro Aldo Moro en la ciudad de Roma en 1978, aunque Bertulazzi no participó de ese hecho por encontrarse ya detenido.
Tras haber sido declarado en rebeldía por la justicia italiana, el ex militante ingresó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez en Buenos Aires al año siguiente. Luego de permanecer ocho meses preso, quedó en libertad debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición en casos de condena emitida bajo el marco de un juicio en ausencia. En paralelo, el italiano inició el trámite para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), que finalmente le concedió ese estatus en 2004. Un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo que había rechazado la extradición, al considerar que no se había cumplido con el debido proceso.
A lo largo de los años, las autoridades italianas reiteraron su pedido para repatriar a Bertulazzi. Ese trámite permaneció estancado hasta que, en 2024, una nueva presentación formal coincidió con la confirmación de que Bertulazzi ya no contaba con protección jurídica por la CEPARE. Esa circunstancia permitió reactivar el proceso y derivó en la decisión de la jueza Servini de autorizar la extradición.
El procedimiento judicial volvió a avanzar con intensidad mientras el condenado permanecía en prisión domiciliaria. Su caso volvió a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que este martes confirmó la validez del fallo que había autorizado la extradición.
En efecto, y a través de una decisión firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal señaló que el requerimiento de las autoridades italianas cumplía con todos los requisitos formales previstos por la legislación nacional e internacional en la materia.
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